Un proyecto de ley presentado en la provincia de Buenos Aires propone eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y reemplazarlo por un gravamen al consumo final de hasta el 6,25%, pero la iniciativa genera diferencias entre especialistas por su impacto sobre los precios, la recaudación y su posible inconstitucionalidad. La propuesta, impulsada por el diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman, contempla una transición de cinco años para modificar uno de los principales tributos bonaerenses.
César Litvin: “En los últimos 25 años aumentaron los impuestos, pero no mejoraron los servicios”
La iniciativa busca terminar con el denominado efecto cascada de Ingresos Brutos, que se produce cuando el impuesto se aplica en distintas etapas de producción y comercialización. En su lugar, establece el Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF), que se cobraría una sola vez cuando el producto o servicio llegue al consumidor, sin gravar las operaciones intermedias destinadas a reventa o transformación.
"Ingresos Brutos es uno de los impuestos más distorsivos que tenemos. Castiga la producción, encarece los bienes y servicios y perjudica especialmente a las empresas que necesitan competir", sostuvo Liberman. Según el legislador, la reforma permitiría reducir costos ocultos y mejorar la competitividad, aunque los tributaristas consultados discrepan sobre quién terminaría beneficiándose.
Cómo funcionaría el nuevo impuesto que reemplazaría Ingresos Brutos
El proyecto establece una alícuota general máxima del 6,25% sobre el precio neto de las operaciones, con tratamientos reducidos para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público. También contempla reintegros para hogares de menores ingresos. Según sus fundamentos, elaborados con datos de 2025, una tasa del 6,11% permitiría mantener la recaudación provincial.
La sustitución se realizaría progresivamente durante un máximo de cinco años. Cada año deberían incorporarse actividades que representen al menos el 20% de la recaudación anterior de Ingresos Brutos. Los sectores que ingresen al nuevo régimen dejarían de pagar el tributo actual, evitando que una misma operación quede alcanzada simultáneamente por ambos impuestos.
Hay 155 impuestos en el país, pero sólo 10 de ellos aportan más del 90% de la recaudación
Para Pablo Judkovski, abogado tributarista, la reforma sería conveniente porque eliminaría la acumulación impositiva sobre las cadenas productivas. En su análisis, sostuvo que también permitiría mejorar la competitividad de los productos bonaerenses frente a los importados y en los mercados internacionales, al reducir los costos tributarios incorporados en las etapas previas.
¿Bajarán los precios o el impuesto terminará perjudicando al consumidor?
Daniel Ricardo García, magíster en Derecho Tributario y director de LexTax Advisory, coincidió en que las industrias y empresas con cadenas comerciales extensas podrían beneficiarse. Sin embargo, advirtió que la eliminación de los impuestos acumulados no garantiza una reducción de los precios. El resultado dependerá de la competencia, los márgenes comerciales y de cuánto ahorro decidan trasladar las empresas a sus clientes.
Judkovski presentó una perspectiva más favorable para los consumidores. Según estimó, actualmente soportan una carga de Ingresos Brutos de entre el 7% y el 10% incorporada en el precio final, por lo que considera que el nuevo esquema debería reducir o, al menos, mantener la carga efectiva. No obstante, reconoció que la recaudación dependerá del cumplimiento tributario en el comercio minorista.
En cambio, Elisabet Piacentini, contadora y CEO del estudio Piacentini, cuestionó el nivel de la alícuota propuesta. Advirtió que el 6,25% se sumaría al IVA del 21% y a las tasas municipales de seguridad e higiene, lo que podría representar una carga importante para las PyMEs. También reclamó que la reforma sea discutida con cámaras empresariales, industrias y organizaciones de consumidores antes de avanzar.
García introdujo otra distinción: reducir las distorsiones de un impuesto no significa necesariamente disminuir la presión tributaria. Señaló que, si el proyecto busca mantener los ingresos provinciales, la carga no desaparecería, sino que cambiaría su distribución. Además, alertó que los hogares de menores ingresos podrían resultar especialmente afectados porque destinan una mayor proporción de sus recursos al consumo.
El riesgo de inconstitucionalidad que advierten los especialistas
El principal cuestionamiento jurídico apunta a la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, que restringe la creación de impuestos provinciales análogos a los tributos nacionales coparticipados. García sostuvo que el nuevo gravamen podría entrar en conflicto con el IVA y consideró que, tal como está planteado, sería inconstitucional. Para el especialista, modificar el nombre o la etapa de cobro no alcanza para evitar esa posible incompatibilidad.
Judkovski también identificó un riesgo de cuestionamientos judiciales, aunque con una posición menos categórica. Explicó que, pese a que el proyecto evita el mecanismo de débito y crédito fiscal del IVA, la Nación o las empresas podrían cuestionar la superposición del hecho imponible en las ventas minoristas. Los fundamentos de la iniciativa, por su parte, sostienen que el IPCF es diferente del impuesto nacional porque no grava las etapas intermedias.
Las dificultades para aplicar la reforma y mantener la recaudación
La implementación también abre interrogantes administrativos. Piacentini advirtió que el Certificado de Reventa Digital, previsto para identificar compras destinadas a comercialización posterior, incorporaría nuevas obligaciones para las empresas. Además, cuestionó las percepciones que podrían aplicar plataformas digitales y procesadoras de pagos, así como la posible superposición con los sistemas tributarios de otras provincias.
Judkovski señaló otro problema con ese certificado: su eventual utilización para comprar bienes de consumo personal sin pagar el impuesto. Por eso, propuso establecer límites cuantitativos cuando las adquisiciones superen razonablemente la capacidad de reventa del contribuyente. García, en tanto, advirtió que la convivencia de ambos regímenes durante cinco años podría complicar la fiscalización y generar controversias sobre las operaciones alcanzadas.
El proyecto incorpora el IPCF a la masa coparticipable y crea un Fondo de Compensación Municipal durante los primeros tres años, además de reconocer los saldos a favor acumulados de Ingresos Brutos. Sin embargo, García advirtió que será necesario garantizar devoluciones efectivas y preservar la recaudación ante posibles caídas del consumo. Así, mientras Liberman plantea una reforma para mejorar la competitividad sin desfinanciar al Estado, los especialistas mantienen diferencias sobre su costo para los consumidores, su viabilidad administrativa y, especialmente, su encuadre legal.