Crisis habitacional: viviendas abandonadas en zonas rurales y falta de recursos para la compra
Por la falta de ingresos suficientes para adquirirlas, los altos costos de las propiedades y la oferta limitada de créditos hipotecarios para la población en general, se acumula un stock de casas deshabitadas en zonas rurales. En estas regiones una de cada cuatro viviendas está vacía. La desinversión en obras públicas empeora la situación en lugares donde solamente el 30% accede a una red de agua potable y apenas el 2% tiene conexión a la red cloacal.
Mientras la Justicia Federal investiga los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a más de veinte funcionarios y legisladores del oficialismo, el déficit habitacional por la falta de acceso a una vivienda –que se ha vuelto estructural en Argentina– se profundiza. Pero la crisis no afecta a todas las regiones del país de la misma manera ni ha sido igualmente analizada: una serie de estudios recientes de la Fundación Tejido Urbano busca precisamente entender qué pasa en las zonas rurales, en donde el tema adquiere características particulares. Hay una realidad que sobresale dentro de estas singularidades: una de cada cuatro viviendas está vacía.
A la par, señalan desde la Fundación, existe una demanda insatisfecha generalizada, que persiste por motivos como los bajos ingresos de la población en general, los altos costos de las viviendas, “y una limitada y oscilante oferta de créditos hipotecarios”. El resultado es un “déficit habitacional profundo y un mercado inmobiliario excluyente”.
Todas estas situaciones, explica Facundo López Binaghi, arquitecto y autor del último reporte (Acceso a la vivienda en pequeñas localidades rurales: Un estudio de casos sobre vivienda vacante e inaccesibilidad en el sur santafesino), son pensadas y problematizadas desde los grandes centros urbanos. Por lo tanto, la búsqueda de soluciones deja a estos territorios fuera de la diagramación de políticas públicas.
En el medio rural, asegura, “se instala una contradicción: existe un parque habitacional vacante, sin la presión inmobiliaria de las ciudades”, pero “las mismas comunidades expresan su dificultad para acceder a estas viviendas disponibles”. Además de las limitaciones ya señaladas, en este medio las viviendas desocupadas “no se encuentran en condiciones para ser habitadas, no cuentan con la garantía jurídica de poder ser vendidas y compradas con la documentación correspondiente, o simplemente se encuentran cerradas por sus propietarios por cuestiones afectivas y/o familiares”. A esto hay que sumarle otra cuestión que explica por qué las zonas rurales expulsan a cada vez más habitantes: el documento señala que solamente el 30% accede a una red de agua potable y apenas el 2% tiene conexión a la red cloacal. Lo mismo sucede con otros servicios básicos.
“Es una situación en cadena. Las poblaciones rurales en general no son priorizadas frente a las urbanas”, comentó López Binaghi a PERFIL. “Esto deja a veces desplazadas las necesidades y las urgencias que tienen los pobladores del medio rural, que tienen los mismos derechos frente a la prestación de estas infraestructuras”. A menor infraestructura y servicios la crisis habitacional se profundiza, no solamente en el medio rural, sino en las ciudades a las que se traslada la población. “El medio rural pierde cada vez más atractivo para quienes pueden pensar en salir de la ciudad e instalarse en estas pequeñas localidades”, subrayó el investigador.
Respecto a las principales infraestructuras, afirmó, “la que mayor pisada tiene en el territorio nacional son las redes eléctricas, con una cobertura casi total, de más del 90%”. Sin embargo, aclaró, “presenta problemas de eficiencia y redes viejas con poco mantenimiento”. En servicios como educación y agua potable, aseguró, hay grandes retrocesos. “El agua potable en el medio rural, sobre todo en varias zonas como el sur de Córdoba y en provincia de Buenos Aires, es un tema crucial, porque las napas presentan altos niveles de contaminación”.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional destacó que en transporte y obra pública la caída fue de entre el 87% y el 100% en comparación con el año 2023. “Infraestructura en Municipios, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, Construcción de Rutas Seguras, Túneles y Puentes Grandes, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios y el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo registran recortes totales (-100%)”, explicaron. Por otro lado, “el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-87%) y el Desarrollo de Obra Pública (-96%) también muestran reducciones casi absolutas”.
En el caso del mantenimiento de los caminos, afirmó López Binaghi, “cada vez se vuelve más difícil sacar la producción”, lo que desalienta la instalación de poblaciones en lugares que se vuelven inaccesibles. “Respecto a educación y salud pasa lo mismo en todo el país: el desfinanciamiento hace que las provincias apunten a la concentración de esos servicios en ciudades intermedias y mayores. Y, en algunos casos, recurren directamente al cierre de escuelas y salas de primera atención de la salud”. La concentración de escuelas rurales, agregó, “se viene dando en varios lugares del país”.
El impacto de estos recortes, finalizó, “es un círculo vicioso: esta retirada de población viene acompañada del retiro de servicios, que al prestarse de manera deficiente hace que cada vez más personas decidan irse”.
En el mismo sentido, Bárbara Bonelli, directora nacional de Hábitat para la Humanidad, afirmó a este medio que “Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo”, algo que se debe a que las comunidades rurales no cuentan con condiciones mínimas de desarrollo, “como acceso a servicios al agua potable, la energía o infraestructura básica, o incluso al empleo, salud o educación”. La alta concentración demográfica en los centros urbanos, explicó, “ocurre en un contexto en el que las ciudades también han crecido de manera desordenada, sin planificación suficiente para absorber esa demanda de manera adecuada”. Así, “se consolidan entornos urbanos con fuertes déficits de hábitat y servicios, profundizando las desigualdades”.
El acceso a un hábitat adecuado, concluyó, “es un derecho humano que debe garantizarse en todo el territorio. Acceder al agua potable, a la energía para iluminar un hogar o calefaccionarlo en invierno no puede ser un privilegio”.
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