Desmantelamiento del INTI: especialistas advierten sobre posibles consecuencias en el medio ambiente y la salud

“¡Chau, INTI Obligatorio!”, celebró hace unas semanas Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su cuenta de X. Se refería a la modificación de la Ley 26.184, que exige que las pilas y baterías que importa la Argentina no superen un contenido máximo de metales contaminantes, cumplan ciertos estándares de calidad, y cuya verificación estaba, hasta ahora, en manos del Instituto de Tecnología Industrial (INTI). La quita paulatina de funciones al organismo se tradujo en caída del presupuesto y cantidad de empleados: de acuerdo con el Indec, desde diciembre de 2023 se perdieron 850 puestos de trabajo y, según el presupuesto abierto, en el último año la cantidad de recursos se redujo en $ 12 mil millones.

Pero volviendo a la última decisión, la resolución conjunta 1/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente y Deportes y de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa publicada en el boletín oficial en junio de este año terminó por definir lo que un decreto anterior (431/2025) ya había establecido: la flexibilización de los controles en la compra de estos productos desde el exterior.

La ley vigente, explica en un informe la fundación Círculo de Políticas Ambientales, prohíbe la fabricación, importación y comercialización de pilas y baterías que superen determinados valores de mercurio, cadmio y plomo –cosa que no se modificó– y exigía (cosa que sí cambia con la resolución) una certificación previa local obligatoria que tenía una validez de dos años y para la que se designaba como el principal organismo evaluador al INTI.

“Ahora para importar una pila se aceptan certificaciones internacionales reconocidas, evitando la obligación de duplicar el proceso de ensayo a nivel, reduciendo costos y agilizando los tiempos”, afirmaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a PERFIL. “En los casos en que no se cuente con una certificación internacional válida, sí se debe realizar el ensayo y certificación con entidades locales”, agregaron.

Desde el Círculo de Políticas Ambientales advirtieron, sin embargo, que la flexibilización “podría reducir el control efectivo” sobre los límites permitidos por ley. “La aceptación de certificaciones extranjeras sin verificación local puede dificultar la coordinación en materia ambiental” y la pata local, que ahora solamente se va a circunscribir al control posterior, le dará mayor relevancia a una herramienta cuya eficacia “es incierta”.

Aunque los especialistas consultados por PERFIL coinciden en este punto, desde la cartera que dirige Sturzenegger insistieron en que al control documental se le agregará “la realización de inspecciones en los lugares de comercialización, importación y fabricación” para verificar que se cumplan las normas.

“La flexibilización de los controles en la importación de pilas y baterías implica riesgos concretos para el ambiente y para las personas”, afirmó en comunicación con este medio Mirko Moskat, integrante de Taller Ecologista. “La normativa apuntaba a proteger a los ciudadanos y al ambiente de la presencia de metales tóxicos sistémicos y acumulativos, asociados a múltiples enfermedades. El problema ambiental y el costo de lidiar con ello va a recaer en los municipios que son los que gestionan los residuos domiciliarios”, apuntó. Y agregó que lejos de plantear una modernización esto es un paso a contramano del mundo: “Ningún país desarrollado delega el control de pilas y baterías confiando ciegamente en certificados internacionales sin mecanismos internos explícitos de control”.

En la Unión Europea, por ejemplo, “las empresas son responsables por la gestión de las pilas cuando pasan a ser un residuo y tienen que incorporar obligatoriamente materiales reciclados, entre otros requisitos”. En Argentina “necesitamos avanzar con este tipo de leyes para lograr soluciones reales a los problemas de gestión de las pilas y baterías usadas”, argumentó. “Desde el plano del sistema argentino de ciencia y técnica, preocupa además que se menoscabe el rol de un organismo importante como es el INTI, con probada experiencia y conocimiento experto, que seguramente podría aportar en diseñar mejores políticas para reducir los impactos ambientales de las pilas y baterías”.

Durante el primer semestre del año, de acuerdo con los datos del Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), la ejecución presupuestaria del INTI cayó un 7,1% con respecto al mismo periodo de 2025. En total, según lo registrado en el presupuesto abierto, se devengaron $ 42 mil millones de los $ 80 mil millones disponibles para 2026, lo que representa un 52% del total de los recursos para el séptimo mes del año. En 2025 el presupuesto vigente superaba los $ 92 mil millones.

En su posteo –y si bien el requerimiento de calidad tampoco fue modificado– Sturzenegger se refirió en modo de queja a, en sus palabras, los “malditos informes” del INTI: “Dice la ley: ‘Las pilas y baterías deberán cumplir con los requisitos de duración mínima promedio en los ensayos de descarga, según normas IRAM’. Yo me pregunto, ¿qué le importa al Estado cuánto dura una pila? En todo caso será un tema de preocupación para quien la compre”.

Moskat aclaró sobre este punto que el hecho de que un producto dure poco “implica mayor contaminación, porque hay que producir más del mismo producto. Es intensificar el sistema lineal de extracción-producción-consumo-descarte”. En el caso de las pilas “en algún momento ocurrió que no duraban casi nada, eran más bien un residuo desde su entrada, quizás el descarte del país de origen”.

Las posibles consecuencias de estas decisiones, coinciden los expertos, se verán en diferido. “La reducción de controles previos y la creciente dependencia de mecanismos declarativos podrían configurar un escenario de riesgo latente, donde los costos sanitaros emerjan progresivamente, trasladándose a los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto”, manifiestan desde el Círculo de Políticas Ambientales. Quienes conocen del tema aseguran que la simplificación administrativa podría lograrse sin debilitar los mecanismos de control independientes que durante dos décadas permitieron garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. Con esta resolución, sintetizan, “comenzaremos a ‘confiar’ en detectar los problemas cuando el producto ya fue importado, utilizado y descartado”.

PERFIL consultó a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes sobre qué mecanismos piensan aplicar para evitar que esto suceda, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.