EEUU intervino en la causa YPF y pidió que no se declare en desacato a la Argentina

La disputa legal entre la Argentina y los fondos demandantes por la expropiación de YPF tuvo un nuevo capítulo esta semana. El Gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para rechazar el pedido de los fondos demandantes que buscan que la Argentina sea declarada en desacato y sancionada por presuntos incumplimientos en el proceso judicial.

El planteo fue realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intervino formalmente ante la jueza Loretta Preska. Según señaló la Procuración del Tesoro en un comunicado, la posición oficial norteamericana sostiene que "aplicar una sanción por desacato a un Estado soberano en estas circunstancias podría vulnerar principios de inmunidad soberana y afectar la reciprocidad judicial entre países".

El Canciller Pablo Quirno celebró la decisión de la justicia norteamericana y felicitó por el trabajo a la Procuración del Tesoro en un posteo en sus redes sociales: "En una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Loretta Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes. Gran trabajo del equipo de Procuración del Tesoro": 

La presentación subraya, además, que la Argentina ha cumplido “de buena fe” con el proceso de discovery (intercambio de pruebas), entregando más de 115.000 páginas de documentos y respondiendo a múltiples requerimientos, pese a que parte de la información pedida por los demandantes —como comunicaciones privadas de altos funcionarios o detalles sobre activos soberanos como las reservas de oro del Banco Central— plantea tensiones con inmunidades reconocidas internacionalmente.

La causa se originó tras la estatización de YPF en 2012 y derivó en un fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar alrededor de USD 16.100 millones a los fondos que litigaron por no haber recibido una oferta pública de adquisición en igualdad de condiciones que el accionista mayoritario. Desde entonces, el expediente escaló en complejidad y tensión diplomática.

La disputa por el desacato y el alcance de la inmunidad soberana

El pedido de desacato fue impulsado por los fondos demandantes bajo el argumento de que la Argentina no habría cumplido plenamente con órdenes vinculadas al proceso de discovery (producción e intercambio de documentación). Entre los puntos cuestionados figuran la entrega de información sobre activos estatales y comunicaciones internas de funcionarios.

Según fuentes con conocimiento del caso, los demandantes buscan que el tribunal imponga sanciones que podrían incluir multas económicas y presunciones adversas en el proceso, una herramienta que endurecería la posición procesal argentina.

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Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo en su presentación que "declarar en desacato a un Estado extranjero en este contexto excedería el marco habitual de ejecución de sentencias contra soberanos. El argumento central gira en torno a la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), la norma que regula el alcance de la jurisdicción y las medidas coercitivas contra Estados en tribunales de EE.UU".

En ese sentido, advirtió que medidas punitivas podrían generar tensiones diplomáticas y sentar precedentes problemáticos para litigios futuros que involucren a Estados Unidos en tribunales extranjeros. Es decir, el caso dejó de ser únicamente una disputa financiera y pasó a tener una dimensión institucional más amplia.

Desde la defensa argentina sostienen que el país ha entregado miles de páginas de documentación y que cualquier restricción responde a límites propios de la inmunidad soberana o a información sensible vinculada a activos estratégicos.

Impacto económico y señales al mercado

Más allá del frente judicial, los analistas consideran que el episodio tiene consecuencias directas sobre la percepción de riesgo país y la relación de la Argentina con los mercados internacionales. La posibilidad de que Argentina se declare el desacato implicaría un endurecimiento del conflicto, mayor presión reputacional y potenciales efectos sobre negociaciones financieras en curso.

La causa YPF ya había generado preocupación cuando, en instancias anteriores, se discutió la eventual entrega del 51% de las acciones de la petrolera como forma de garantizar el pago de la sentencia. Si bien ese escenario fue frenado en apelaciones, el expediente sigue abierto y con instancias pendientes.

La intervención de Washington introduce un elemento político relevante: Estados Unidos, aun siendo sede del tribunal, optó por fijar posición a favor de limitar el alcance de sanciones contra la Argentina. Para el Gobierno argentino, esto refuerza la estrategia de defensa y reduce el riesgo inmediato de medidas coercitivas extraordinarias.

Sin embargo, el proceso principal continúa. La discusión de fondo —la obligación de pago derivada de la expropiación— no está resuelta y el monto en juego sigue siendo uno de los más elevados en la historia de litigios contra el país.

En términos macroeconómicos, cualquier definición que incremente la exposición patrimonial del Estado impacta sobre la hoja de balance soberana, el costo de financiamiento y la percepción de estabilidad institucional. Por eso, cada movimiento procesal en Nueva York es seguido de cerca por inversores, bancos y analistas.

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