El mercado duda que el Gobierno de Milei pueda pagar US$ 25.000 millones de deuda que vencen en 2027

La incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno de Javier Milei para afrontar los compromisos de deuda en 2027 se convirtió en uno de los factores que sigue de cerca el mercado financiero. La preocupación no pasa únicamente por el volumen de los vencimientos, sino por la posibilidad de conseguir los dólares necesarios sin depender de una reapertura del mercado internacional de crédito, en un año en el que el Presidente buscará la reelección y estará en juego la continuidad del rumbo económico.

En los últimos días, tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, buscaron despejar esas dudas. El Presidente aseguró que la Argentina cuenta con un “seguro” de US$ 125.000 millones para enfrentar eventuales presiones cambiarias durante 2027. Caputo, por su parte, reconoció ante inversores que el Gobierno podría recurrir al swap con China si no logra refinanciar los aproximadamente US$ 5.000 millones en Bonares que contemplaba emitir el programa financiero original.

Las dos declaraciones exponen las distintas dimensiones del problema. Mientras el Gobierno destaca los instrumentos disponibles para responder ante una eventual corrida cambiaria, los inversores siguen de cerca cómo se cubrirán los vencimientos, qué fuentes reemplazarán las emisiones que no se concreten y cuántas divisas podrá acumular el Banco Central (BCRA).

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El lunes 19 de octubre, durante la apertura de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, en Neuquén, Milei defendió la posición financiera de su administración y aseguró que construyó un “seguro” de US$ 125.000 millones. Sin embargo, ese monto no equivale a una caja de US$ 125.000 millones líquidos y disponibles exclusivamente para pagar deuda. Se trata de una suma que reúne instrumentos financieros, compras de divisas y flujos esperados, con características y condiciones diferentes.

Días antes, el 14 de octubre, Caputo había abordado las dudas sobre el programa financiero de 2027 en una reunión con inversores organizada por JPMorgan Chase & Co., en Bangkok, durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí planteó la posibilidad de utilizar el swap con China si el Tesoro no consigue refinanciar los Bonares previstos para el año próximo.

El ministro aseguró que el programa financiero contempla alternativas para cubrir las obligaciones, aunque la necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento expone la dificultad de reemplazar la emisión de deuda en dólares en las condiciones actuales.

Qué tiene que pagar el Gobierno en 2027

El programa financiero presentado por el Ministerio de Economía en julio contemplaba necesidades de financiamiento en dólares por unos US$ 24.900 millones para 2027. El deterioro de las cotizaciones de los títulos argentinos y el encarecimiento del crédito internacional complicaron las condiciones para conseguir esos fondos.

Uno de los compromisos centrales corresponde a los bonistas privados, a quienes el Estado deberá pagar alrededor de US$ 12.000 millones durante el año, según estimaciones difundidas en el mercado.

Dentro de ese monto, los Bonares y Globales de la reestructuración de 2020 concentran pagos por US$ 9.763 millones en 2027, según el perfil de vencimientos de la Secretaría de Finanzas. La cifra se compone de US$ 6.434 millones de capital y US$ 3.329 millones de intereses.

El calendario tiene dos fechas particularmente relevantes. El 9 de enero vencerán pagos por US$ 4.378 millones, mientras que el 9 de julio se concentrarán otros US$ 5.385 millones. A esas obligaciones se suman los títulos emitidos durante 2026, entre ellos el Bonar AO27, que vence en octubre del próximo año.

El FMI es otro de los principales acreedores. Los vencimientos brutos con el organismo rondan los US$ 7.400 millones a US$ 7.500 millones, de acuerdo con las estimaciones utilizadas por fuentes financieras. Esa cifra no debe confundirse con los pagos netos, ya que las necesidades efectivas de dólares dependen también de los desembolsos que reciba el país durante el período.

A su vez, el calendario incluye compromisos con otros organismos multilaterales y acreedores oficiales. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula que los pagos netos a esos organismos dejarían un faltante de alrededor de US$ 4.000 millones durante 2027, al considerar los vencimientos y los desembolsos previstos.

También existen obligaciones del BCRA vinculadas con los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), emitidos para atender compromisos asociados a importadores. En abril de 2027, el Banco Central deberá afrontar vencimientos netos por unos US$ 1.800 millones, descontadas las tenencias del Tesoro, según las estimaciones del CEPA. Se trata de deuda de la autoridad monetaria y no del Tesoro, por lo que debe contabilizarse por separado al analizar las necesidades de financiamiento del sector público.

El financiamiento que falta y las alternativas de Caputo

El punto más delicado del programa es la posibilidad de reemplazar los fondos que el Tesoro esperaba obtener mediante la colocación de Bonares.

El esquema financiero original contemplaba conseguir unos US$ 5.000 millones mediante esos títulos, denominados en dólares y emitidos bajo legislación argentina. Las dificultades para colocar deuda a tasas consideradas sostenibles llevaron al Gobierno a evaluar otras fuentes de financiamiento.

El proyecto de Presupuesto 2027, por su parte, incorporó una previsión de colocaciones de Bonares por alrededor de US$ 11.000 millones. La diferencia respecto del programa presentado en julio responde a una revisión de los supuestos de financiamiento: mientras el esquema original contemplaba una emisión menor, la previsión presupuestaria elevó los fondos que esperaba obtener en el mercado local.

De todos modos, una previsión presupuestaria no garantiza que los inversores efectivamente compren esos títulos. Si el Tesoro no logra concretar las emisiones, deberá reemplazar esos recursos por otras vías.

Entre las alternativas figuran nuevos préstamos REPO con bancos internacionales, líneas de financiamiento bilaterales —incluidos los mecanismos de asistencia vinculados con Estados Unidos— y mayores desembolsos de organismos multilaterales. Cada una de esas herramientas tiene sus propios costos, plazos y condiciones de acceso.

El segundo componente de la estrategia consiste en comprar divisas directamente al BCRA. El programa financiero original ya contemplaba adquisiciones por US$ 4.900 millones durante 2027, pero la caída de la financiación prevista mediante Bonares elevaría las necesidades de compra.

A ese monto se suma la diferencia entre el saldo de dólares que Economía esperaba arrastrar desde 2026 y los fondos que efectivamente registra el Tesoro en su cuenta en el Banco Central. A partir de esos factores, el CEPA estima que el Gobierno podría necesitar comprarle al BCRA alrededor de US$ 12.500 millones durante el próximo año.

Ese cálculo es una estimación de las necesidades bajo determinados supuestos de financiamiento, no un monto que el Gobierno ya haya comprometido a comprar ni una proyección oficial definitiva.

Las reservas y el mercado de pesos, bajo presión

La viabilidad de esa estrategia depende de la disponibilidad de divisas y de que el mercado doméstico pueda absorber una mayor cantidad de deuda en pesos.

Según el cálculo del CEPA, el BCRA cuenta con unos US$ 25.000 millones de divisas líquidas, de los cuales cerca de US$ 15.000 millones corresponden a los encajes de los depósitos bancarios. Si se descuentan esos fondos y los vencimientos de BOPREAL previstos para abril de 2027, el remanente rondaría los US$ 8.200 millones, antes de considerar futuras compras de reservas.

La comparación ilustra la dimensión del desafío: las compras de dólares que podría necesitar el Tesoro superarían ese remanente estimado. Por eso, la posibilidad de acumular divisas durante los próximos meses será determinante para sostener el programa financiero.

Además, el Gobierno deberá conseguir los pesos necesarios para comprarle esos dólares al BCRA. A los tipos de cambio considerados en la estimación, una adquisición de US$ 12.500 millones equivaldría a unos $20 billones. Para reunir esos fondos, el Tesoro podría recurrir a colocaciones de deuda en moneda local, a los ingresos fiscales y a otras fuentes de financiamiento.

El inconveniente es que ese mercado también enfrenta vencimientos importantes. El CEPA estima que, hasta octubre de 2027, el Tesoro deberá afrontar compromisos en pesos con el sector privado por alrededor de $100 billones.

El muro de vencimientos no termina en 2027: el pico llegará en 2028

Las dificultades para conseguir dólares para afrontar los compromisos de 2027 forman parte de un calendario financiero más amplio. La presión no se limita al año electoral, debido a que las amortizaciones de capital previstas para 2028 superan las del año anterior.

Según un análisis de Salvador Di Stefano, elaborado sobre la base de datos del Boletín Fiscal del primer trimestre de 2026, el Banco Central y GMA Capital, la Argentina enfrenta un exigente calendario de amortizaciones de capital en moneda extranjera durante la próxima década.

De acuerdo con esa estimación, los vencimientos de capital del Tesoro y del BCRA alcanzarán los US$ 21.536 millones en 2027. En 2028, las obligaciones subirán a US$ 25.795 millones, el máximo de toda la serie analizada.

Entre los compromisos que explican ese aumento se encuentran el vencimiento de un REPO del Banco Central por unos US$ 6.000 millones, pagos de capital al FMI por US$ 6.567 millones y amortizaciones del BOPREAL Serie 4 por otros US$ 845 millones.

El BCRA informó en julio que había renovado sus operaciones de REPO por US$ 6.000 millones mediante una nueva operación con vencimiento en septiembre de 2028. Por lo tanto, ese compromiso está previsto en el calendario, aunque su impacto efectivo sobre las necesidades de dólares dependerá de la posibilidad de volver a refinanciarlo.

La presión tampoco desaparecerá después de ese pico. Según la misma estimación, las amortizaciones de capital superarían los US$ 20.000 millones anuales entre 2029 y 2032: llegarían a US$ 21.076 millones en 2029, US$ 20.384 millones en 2030, US$ 23.066 millones en 2031 y US$ 21.653 millones en 2032.

Uno de los principales factores detrás de ese calendario es la deuda con el FMI. Entre 2028 y 2033, la Argentina debería cancelar US$ 46.878 millones de capital con el organismo, de acuerdo con el análisis citado. La concentración de esos pagos vuelve central la posibilidad de refinanciar vencimientos, obtener nuevos desembolsos y sostener una acumulación de reservas que permita afrontar las obligaciones.

A partir de 2033, el perfil de amortizaciones comenzaría a reducirse gradualmente. Los vencimientos de capital bajarían a US$ 18.163 millones ese año, US$ 15.914 millones en 2034 y US$ 14.407 millones en 2035. La serie registra una caída más pronunciada desde 2036, cuando las amortizaciones previstas descenderían a unos US$ 5.528 millones.

El riesgo país supera los 700 puntos y crecen las dudas sobre el financiamiento

La incertidumbre sobre cómo afrontará el Gobierno los vencimientos del próximo año también se refleja en el mercado financiero. El riesgo país alcanzó los 672 puntos básicos durante la rueda del martes 20 de octubre según los registros de mercado. 

El deterioro de las cotizaciones también condiciona las nuevas emisiones de deuda en dólares. Si el Tesoro debe convalidar rendimientos demasiado elevados para conseguir financiamiento, la alternativa de colocar nuevos títulos pierde atractivo y aumenta la presión para encontrar otras fuentes de recursos.

La suba del indicador motivó cuestionamientos desde el CEPA. Su director, Hernán Letcher, planteó en la red social X interrogantes sobre la respuesta oficial ante el deterioro de los bonos y sostuvo que el Gobierno había recibido advertencias sobre las dificultades para cumplir con el programa financiero original.

El punto central de esa crítica es la falta de definiciones sobre cómo se reemplazarán los fondos previstos mediante los Bonares. Si no se consiguen los aproximadamente US$ 5.000 millones contemplados en el esquema original, el Gobierno tendrá que recurrir a alternativas de financiamiento o aumentar las compras de divisas al Banco Central.

Sin embargo, la evolución del riesgo país no depende exclusivamente de las necesidades financieras argentinas. También intervienen la volatilidad de los mercados internacionales, las tasas de interés de Estados Unidos y la percepción de los inversores sobre los activos emergentes.

FN/ML