La Justicia volvió a habilitar una apelación del Gobierno de Javier Milei en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario, que el juez de primera instancia, Martín Cormick, había rechazado. Abrió una nueva instancia para discutir la ejecución de la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles.
Así y todo, en la Casa Rosada, señalaron que “la interpretación de que el efecto del recurso admitido suspende su aplicación es válida”, según consignó Infobae. En el Ministerio de Capital Humano, además, ratificaron que continuarán con la estrategia judicial: “La vamos a seguir a muerte”.
Lo que el juez Martín Cormick había ordenado era que siguiera adelante el procedimiento para exigirle al Gobierno que cumpliera con la medida cautelar. Para eso, le había dado un plazo de cinco días y aplicado una sanción económica (astreinte) de $100 mil diarios a la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli.
Ante la negativa de apelar esa decisión, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y con asistencia de la Procuración del Tesoro, presentó una queja ante la Cámara para que revisara la decisión.
De ahí que la Cámara aceptó el planteo y habilitó la revisión. Los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán consideraron que impedir esa instancia podía ocasionarle al Gobierno un “gravamen irreparable”. Es decir, consecuencias difíciles de revertir si el procedimiento para exigir el cumplimiento de la cautelar seguía avanzando sin que sus argumentos pudieran ser revisados.
Uno de los principales planteos del Gobierno es que la cautelar original tenía un plazo de vigencia que, según su interpretación, ya venció. En su presentación, sostuvo que “la limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”.
Además, cuestionó que la orden judicial no detallara con suficiente precisión qué obligaciones seguían pendientes y calificó la exigencia como una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”.
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La Cámara habilitó la revisión de esos cuestionamientos, pero todavía no determinó si son válidos. También concedió la apelación “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución cuestionada.
El conflicto llegó también al debate del Presupuesto 2027
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este martes, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que “el Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario y a las apelaciones presentadas por el Gobierno.
El funcionario también cuestionó los reclamos salariales de los gremios universitarios. “Piden más salario, todavía más por encima de lo que el Estado ya ha asignado”, afirmó, y sostuvo que los ingresos de docentes y no docentes “están muy por encima del promedio del Estado nacional, con lo cual es un privilegio”.
Álvarez habló de “súper vacaciones todos los meses” y comparó las medidas de fuerza con la gestión de Javier Milei. Según afirmó, el Presidente nunca cerró las universidades, mientras que los rectores y los sindicatos lo hicieron “miles” de veces.
Álvarez calificó de “fantochada” la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el financiamiento de las universidades, que reclama $11 billones frente a los $7,7 billones previstos en las estimaciones para 2027.
Cuestionó a los legisladores opositores y les reclamó que “dejen de fomentar la violencia, de llamar a la insurrección, de romper todo”.
El diputado Itai Hagman, desde la oposición, pidió incorporar a representantes de la comunidad universitaria al debate sobre el Presupuesto 2027. Apenas en el inicio de la reunión, insistió: “En una próxima reunión pedimos se incorpore a la comunidad universitaria al debate”.
Secundariamente, la diputada de Provincias Unidas Mariela Coletta acompañó el pedido y recordó que su bloque presentó una nota para reclamar que los fondos del proyecto oficial se adecuen a lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó la presencia de las autoridades correspondientes.
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Además, advirtió que, pese a los fallos, el Poder Ejecutivo llevaba 364 días sin cumplir la ley: “No podemos convalidar el tratamiento de un proyecto de Presupuesto que desconoce abiertamente las obligaciones vigentes. No es un error de cálculo, sino la ratificación de una decisión política de desarme de la educación pública”.
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