El Instituto Nacional de Servicios Sociales para  Jubilados y Pensionados (PAMI) se convirtió el 11 de noviembre de 2026 en uno de los primeros organismos públicos de la Argentina en reglamentar el uso interno de la inteligencia artificial. La medida ordena cómo emplear estas herramientas que ya se usan de forma cotidiana para redactar documentos, resumir expedientes u ordenar trámites dentro de la administración estatal.

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Para ejecutar las evaluaciones técnicas y operativas correspondientes, la entidad creó un Comité de Ética de Inteligencia Artificial. Este cuerpo colegiado quedó integrado por especialistas técnicos, legales, médicos y de seguridad informática, y su esquema de funcionamiento se encuentra determinado por un reglamento específico aprobado por la conducción del organismo.

Dentro de este circuito de revisión, cada proyecto tecnológico se analiza en conjunto con distintas áreas del Instituto antes de recibir autorización. Como resultado de esa auditoría, las iniciativas pueden aprobarse para su implementación, volver a los equipos desarrolladores para realizar ajustes o directamente rechazarse si no cumplen con los estándares fijados.

 

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El sistema de gobernanza incluye además una instancia de fiscalización continua sobre los desarrollos que ya operan dentro de la obra social. Todas las herramientas que actualmente están en uso tienen un seguimiento periódico por parte del comité y pueden suspenderse de manera inmediata si se detectan errores operativos, sesgos algorítmicos o problemas de seguridad informática.

Manual obligatorio para empleados y proveedores bajo lineamientos de la SIGEN

Para elaborar esta normativa interna, el Instituto tomó como base la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Dicho documento estatal solicita a cada entidad del sector público contar con una política explícita sobre el uso de estas tecnologías y fija una premisa rectora: la inteligencia artificial puede hacerse cargo de tareas, pero la responsabilidad por las decisiones sigue siendo de las personas.

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A partir de los criterios establecidos en esa guía, PAMI aprobó un manual de cumplimiento obligatorio que alcanza a todas sus áreas internas y se extiende también a los proveedores externos que trabajan con datos del Instituto. De este modo, la regulación abarca tanto la operatoria administrativa propia como los servicios tercerizados vinculados a la gestión prestacional.

En el plano operativo diario, la norma ordena el uso individual de asistentes de inteligencia artificial por parte de los trabajadores de la entidad. Según dispone el texto, los empleados solo pueden utilizar plataformas previamente habilitadas por el organismo y tienen prohibido cargar información sensible en servicios externos que no ofrezcan garantías de confidencialidad.

 

Asimismo, el manual establece un filtro preventivo para la innovación tecnológica dentro de la estructura sanitaria. Cualquier nuevo desarrollo o sistema que incorpore inteligencia artificial a los procesos administrativos o médicos del Instituto tiene que pasar obligatoriamente por una evaluación formal antes de ponerse en marcha.

Control humano sobre las prestaciones y resguardo de datos personales

El control humano constituye el eje central de todo el esquema regulatorio implementado por la obra social de jubilados y pensionados. La normativa dispone de manera taxativa que ninguna decisión que afecte el acceso a tratamientos, medicamentos o prestaciones médicas puede quedar en manos de la inteligencia artificial sola, exigiendo siempre la intervención y el criterio profesional.

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En materia de privacidad y seguridad informática, el reglamento impone resguardos estrictos sobre los registros de los beneficiarios. Los datos personales de los afiliados deben ser anónimos siempre que sea posible durante el procesamiento algorítmico, y cada uso de estas tecnologías tiene que contar con el aval previo de las áreas de protección de datos y de asuntos jurídicos.

GZ / lr