El derecho internacional, en crisis existencial

En septiembre, Donald Trump afirmó haber detenido siete guerras y reclamó el Premio Nobel de la Paz. Seis meses después, bombardeó Venezuela, Nigeria e Irán, secuestró al líder venezolano y a su mujer, mató al líder iraní y amenazó con invadir Groenlandia. Desde este giro estratégico en la concepción estadounidense de las relaciones internacionales, se declara la muerte del derecho internacional, o peor: se defiende que nunca existió.

En principio, el derecho internacional sí existe; los 193 países miembros de la ONU firmaron una carta que reconoce la igualdad soberana de cada miembro, la obligación de resolver sus diferencias por medios pacíficos, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. A eso se añaden los Convenios de Ginebra (1864-1949), que regulan la guerra y protegen a los civiles, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que definió los estándares mínimos de dignidad, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), que estableció las reglas para su interpretación y cumplimiento.

Solo que este derecho internacional carece de poder coercitivo. Como lo advirtió el filósofo francés del siglo XVIII Blaise Pascal en sus Pensamientos: “La justicia sin fuerza es impotente”, pues “la justicia sin fuerza se ve contradicha”. Por eso, cada Estado se funda en el monopolio de la violencia legítima dentro de sus fronteras, que le permite mantener el orden y garantizar justicia. Sus herramientas son la policía, el ejército y las prisiones. Los Estados que fracasan en este monopolio se convierten en Estados fallidos, dejando el espacio vacío a actores no estatales como mafias y a lo que Blaise Pascal llama “la fuerza sin justicia (que) es tiránica”. La ONU no tiene el monopolio de la violencia legítima dado que reconoce la soberanía de los miembros que la constituyen, y tampoco tiene esas herramientas coercitivas.

Para no sufrir de la impotencia de la justicia sin fuerza, la ONU encuentra otros medios de coerción: impone sanciones económicas y recurre a tribunales penales internacionales, pero estos instrumentos adolecen de debilidad. Las sanciones, cuando se aplican, pueden asfixiar a un país sin lograr su sumisión: Corea del Norte lleva dos décadas bajo embargos del Consejo de Seguridad, y en lugar de renunciar a su arsenal nuclear, lo ha perfeccionado. En cuanto a las cortes internacionales, su justicia es lenta, simbólica, post factum, y su autoridad depende de que los Estados acepten someterse a ella, algo que las grandes potencias nunca han hecho. 

Frustrada por esa ineficacia, la ONU también eligió delegar la coerción del derecho internacional a coaliciones militares no institucionales como la OTAN. De hecho, la ONU autorizó “coaliciones de voluntarios” a intervenir para la seguridad en Afganistán en 2001 (Resolución 1386) o en Mali en 2013 (Resolución 2100).  Justificar el hecho de que intenta aplicar el derecho internacional por la fuerza de manera indirecta implica también un problema mayor. De hecho, al intentar aplicar el derecho internacional, al intentar adquirir un poder coercitivo intermediado, acaba legitimando el uso de la violencia por otras potencias dentro de países soberanos: justo lo que prohíbe su carta, justo lo que prohíbe el derecho internacional.

Potencias como Estados Unidos, Israel y Rusia juegan con esa paradoja para justificar guerras. Y la ONU se vuelve una tribuna donde los miembros no vienen a solventar diferencias pacíficamente, sino a presentar y legitimar proyectos bélicos que violan el derecho internacional. Pero cuando la ONU vota en contra de una intervención, ocurre igual. Desde los años 2000, se multiplican las derivas. Grandes potencias eluden al Consejo de Seguridad para actuar de forma unilateral y sin mandato de la ONU. Los bombardeos de Serbia en 1999, la invasión a Irak en 2003, los bombardeos en Siria en 2014, la guerra en Ucrania, los bombardeos en Caracas, la guerra en Irán, aunque se presenten como excepcionales, normalizaron un derecho internacional a la carta, donde la ONU se vuelve impotente y su decisión, insignificante. Las potencias deciden cuándo aplicar las reglas y cuándo ignorarlas, otorgándose el monopolio de la violencia “legítima” afuera de sus propias fronteras.

Hipocresías unidas. Entonces, al intentar obtener una fuerza coercitiva para aplicar el derecho internacional, al intentar de que “la justicia sea fuerte”, la ONU está contribuyendo a que la fuerza se disfrace de justicia, a que “la fuerza sea justa”. ¿Cómo explicar esta paradoja?

La razón es estructural: la ONU está construida sobre una contradicción insoluble. Por un lado, aspira a ser el guardián idealista de un derecho internacional justo; por otro, no es más que el espejo de las relaciones de fuerza asimétricas que dominan el mundo. No se trata de un error de diseño, sino del resultado de un pacto histórico entre el idealismo de sus fundadores y el realismo geopolítico de las potencias. En 1945, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia y Reino Unido aceptaron limitar su soberanía a cambio de un privilegio absoluto: el derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Este mecanismo no es un fallo del sistema, sino su columna vertebral: garantiza que los intereses estratégicos de las grandes potencias nunca puedan ser vulnerados por una mayoría de Estados pequeños. Sin este veto, la ONU nunca habría nacido.

Pero por su culpa también el derecho internacional está en peligro. De hecho, este compromiso de justicia a cambio de impunidad ha convertido a la ONU en un organismo esquizofrénico: lugar de la lucha para la justicia y caja de resonancia de la hipocresía internacional. Cuando el Consejo de Seguridad condena la invasión a Ucrania, pero no puede detenerla, lo que queda al descubierto no es la debilidad sino su carácter selectivo. La regla solo se cumple cuando los potentes lo quieren.

La paradoja final es que la ONU sobrevive precisamente porque es inútil para frenar a los fuertes. Si el Consejo de Seguridad votara resoluciones que tuvieran consecuencias coercitivas sobre potencias mundiales, la ONU habría dejado de existir.

En definitiva, el derecho internacional no existe como un orden positivo, sino como un espacio negativo: solo opera donde las grandes potencias permiten que exista, porque no tienen intereses en juego. La ley del más fuerte sigue siendo la norma, salvo cuando el más fuerte no se molesta en aplicarla; ahí, y solo ahí, comienza el derecho internacional. Las potencias menores quedan así atrapadas en una doble sumisión: por un lado, sufren “la fuerza sin justicia (que) es tiránica”, por otro respetan la “justicia sin fuerza” del derecho internacional. 

Mientras tanto, los fuertes se protegen tras el derecho internacional, lo manipulan invocando conceptos como la “guerra preventiva” y lo abandonan cuando les estorba. Así, uno quiere afirmar que el derecho internacional se revela como lo que siempre ha sido: un instrumento al servicio de quienes tienen el poder de violarlo. Y Blaise Pascal tenía razón cuando concluyó: “No se pudo dotar de fuerza a la justicia, porque la fuerza contradijo a la justicia y afirmó que esta era injusta y que era ella la que era justa. Y así, al no poder hacer que lo justo fuera fuerte, se hizo que lo fuerte fuera justo”.