Justicia para quienes siempre han estado lejos de ella

En Latinoamérica, hablar de justicia es hablar de desigualdad. No todos llegan a un tribunal en las mismas condiciones. Para quien vive en una capital, tiene internet, recursos y acceso a abogados, presentar una demanda puede ser relativamente sencillo. Para quien habita una comunidad rural, habla una lengua indígena o no puede pagar una defensa, el mismo trámite se vuelve una carrera de obstáculos.

La distancia frente a la justicia no se mide sólo en kilómetros. También se mide en dinero, tiempo, idioma y conocimiento del aparato estatal. Por eso, ante el avance de la inteligencia artificial, la pregunta no debería ser cuánto trabajo puede ahorrar a jueces y funcionarios, sino cuánto puede acortar la brecha entre el Estado y quienes tienen un derecho formal, pero pocas posibilidades reales de ejercerlo.

Una justicia que siempre llega tarde.

Las constituciones latinoamericanas reconocen derechos y garantías procesales. El problema surge al momento de hacerlos efectivos. Expedientes saturados, procedimientos laberínticos, lenguaje jurídico incomprensible, escasez de defensores públicos, costos de traslado y tribunales concentrados en las grandes ciudades forman parte del paisaje cotidiano.

El verdadero aporte no está en que una máquina haga las cosas más rápido, sino en liberar tiempo para que jueces y defensores se concentren en aquello que exige deliberación humana. Ahí está el límite: inteligencia artificial para acercar la justicia, nunca para deshumanizarla.

Un traductor entre el ciudadano y el Estado. Pensemos en una mujer indígena que vive en una comunidad apartada y necesita denunciar violencia, reclamar una pensión o resolver un conflicto por su tierra. Quizás no sepa a qué institución acudir, no domine el español o desconozca términos como “competencia territorial”, “medida cautelar” o “amparo”.

Su problema comienza antes de llegar al juzgado: cuando decide pedir ayuda y no sabe a quién recurrir, cómo plantear su caso ni en qué lengua hacerlo.

Un sistema público de inteligencia artificial, podría funcionar como primera puerta de entrada. Mediante la voz, desde un teléfono o punto comunitario, podría escuchar su problema en su propia lengua, explicarle sus derechos, identificar la institución competente y orientarla sobre los pasos a seguir.

No sería un “juez robot”. Sería un traductor entre el ciudadano y un Estado que demasiado a menudo habla un idioma incomprensible. La IA podría facilitar traducciones, explicar resoluciones sin tecnicismos y rastrear precedentes.

El algoritmo también puede discriminar.

Sería ingenuo pensar que cualquier uso de IA supone automáticamente un avance democrático. Los algoritmos aprenden de sociedades atravesadas por desigualdades históricas. Si los datos contienen prejuicios, la tecnología puede reproducirlos e incluso magnificarlos.

Por eso, la IA debe ayudar al juez, pero nunca sustituir su responsabilidad. Puede clasificar expedientes, encontrar jurisprudencia, traducir documentos y detectar demoras. Juzgar, en cambio, debe seguir siendo un acto humano.

De la justicia digital a la justicia social.

Existe una paradoja: quienes más podrían beneficiarse de estas herramientas son quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a ellas. De nada sirve crear el asistente jurídico sofisticado si sólo funciona con internet de alta velocidad y teléfonos de última generación. La transformación digital requiere conectividad rural, puntos públicos de acceso y sistemas capaces de funcionar con conexiones limitadas.

Podemos utilizar la IA para que los tribunales trabajen más rápido. O podemos apuntar más alto: lograr que quien nunca pudo llegar a un tribunal finalmente lo haga.

Que una mujer indígena conozca sus derechos en su lengua. Que un campesino sepa dónde reclamar sin viajar durante horas. Que una persona sin recursos entienda una resolución. Que un defensor encuentre los precedentes que necesita. Que un juez conozca el sistema normativo de la comunidad cuyos derechos debe proteger.

No necesitamos jueces artificiales. Necesitamos inteligencia artificial que derribe barreras económicas, lingüísticas, geográficas y culturales. Si lo conseguimos, su mayor aporte no será tecnológico, sino democrático. Porque una justicia más rápida importa. Una justicia más eficiente, también. Pero la verdadera revolución será lograr que la justicia, por fin, llegue a quienes siempre han estado más lejos de ella.

*Mexicano. Politólogo y Administrador Público por la Universidad Iberoamericana Puebla. Posee un Master en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Profesor universitario. El artículo completo puede leerse Latinoamerica21.