La “motosierra” comunicacional y legislativa del las primeras semanas del gobierno de Kast

La primera semana del gobierno de José Antonio Kast dejó una huella difícil de ignorar y que a ratos suele agobiar. Porque son tantas las acciones, medidas, proyectos, anuncios, que no se alcanzan a digerir completamente, pero que sin duda ayudan a sostener su relato, enmarcado en el concepto de gobierno de emergencia.   

Desde el 11 de marzo, el día del cambio de mando, el presidente Kast y su gabinete han desplegado una estrategia de copamiento comunicacional y legislativo que avanzó de manera simultánea, ocupando el espacio público sin dejar márgenes para la instalación de narrativas alternativas. Más que una seguidilla de anuncios, lo que se ha observado es una secuencia diseñada para fijar agenda, imponer ritmo y ordenar el debate.

El despliegue de estrategia ha tomado por sorpresa a una oposición fragmentada, que no ha logrado anticipar ni articular una respuesta coherente. La reacción predominante es improvisada, desordenada y centrada en cuestionar la acumulación de medidas más que en construir un relato propio. En la práctica, el oficialismo ha logrado situar a sus adversarios en una posición defensiva desde el primer minuto.

Ahí radica uno de los principales aciertos del gobierno. Entender que el inicio del mandato es una disputa por el control del tiempo político. Kast ha optado por acelerar ese tiempo, instalando un ritmo que obliga al resto de los actores a reaccionar. En política, quien define la velocidad no solo marca el paso, también delimita el marco dentro del cual se desarrolla la discusión.

La estrategia no ha sido improvisada. Cada hito cumple una función dentro de una narrativa mayor. El lanzamiento del plan Escudo Fronterizo, con la presencia del presidente y la construcción de una zanja de 30 kilómetros en la frontera con Perú instalaron con fuerza el eje de seguridad y control territorial. Fue una señal política y simbólica que define prioridades.

El plan de reconstrucción con cuarenta medidas amplió el alcance de la agenda, incorporando una dimensión social y de gestión. Aunque dentro de ese paquete se incluyeron definiciones estructurales, como reformas tributarias y el límite de 30 años para acceder al beneficio de la gratuidad en educación, que abrieron debates de mayor profundidad y anticipan conflictos políticos relevantes con la oposición.

En la misma línea, el retiro de 43 decretos medioambientales envió una señal clara al mundo económico, apuntando a reducir cargas regulatorias y facilitar la inversión. Pero abrió un cuestionamiento profundo en el mundo progresista, sindicalista y medioambiental.

El retiro del proyecto de negociación ramal –una de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Gabril Boric en el último tiempo– también sacó ronchas entre las exautoridades de la administración anterior y los parlamentarios de oposición.

A este despliegue comunicacional se suma el triunfo legislativo que se adjudicó el gobierno en los últimos días con el control del Senado y la Cámara de Diputados, donde también logró el control y la presidencia de 17 de las 27 comisiones, lo que facilitará el avance de la agenda política del gobierno sin mayores problemas y pone a la oposición en un rol meramente testimonial.

Esa convergencia entre relato y poder efectivo explica la sensación de dominio. A diferencia de otros inicios donde la comunicación superaba la capacidad de ejecución, en este caso ambas dimensiones aparecen alineadas.

Sin embargo, el escenario no es lineal. El episodio del Senado, con la postergación de la definición de comisiones producto de un acuerdo entre el oficialismo saliente y sectores del socialismo democrático, introduce un elemento de complejidad que debe ser resuelto por la autoridad. En Chile el Senado siempre ha ejercido un rol de contrapeso y en esta oportunidad se puede inclinar a la derecha.

Si bien es positivo que el gobierno tenga los votos para avanzar en sus proyectos, especialmente en materia de seguridad, crecimiento e inversión, también abre la tentación de pasar la aplanadora y avanzar en proyectos sin acuerdo en las comisiones trasladando la negociación que habitualmente se da en estas instancias a la Sala del Senado y de la Cámara de Diputados, donde las mayorías son frágiles y requieren acuerdos transversales, especialmente en los temas que requieren quórum constitucional (4/7 de los votos).  

En paralelo, la estrategia del gobierno trasciende la gestión. Hay una dimensión más profunda que comienza a consolidarse, una batalla cultural orientada a redefinir los marcos del debate público. El énfasis en orden, autoridad, control migratorio, desregulación y revisión de políticas sociales no solo responde a un programa, busca instalar un nuevo sentido común.

La comunicación cumple aquí un rol central, ya que configura el lenguaje político donde cada hito refuerza un marco interpretativo que delimita el terreno de la discusión. Esta estrategia permite consolidar una base política, ordenar prioridades y disputar hegemonía en el debate público. También genera resistencias, toda vez que las decisiones adoptadas afectan intereses concretos y reconfiguran equilibrios.

Por lo tanto, el principal riesgo para el gobierno no se encuentra exclusivamente en el Congreso. Se ubica en la posibilidad de que esta estrategia comience a incubar malestar en la ciudadanía. La acumulación de medidas de alto impacto en un período breve puede generar una percepción de cambio abrupto, incluso entre sectores que inicialmente apoyan la agenda.

La idea, como adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de prescindir en algún grado del Mecanismo Estabilizador del Precio de los Combustibles (Mepco), que tradicionalmente se utiliza para amortiguar el alza de precios para los consumidores, puede generar la primera crisis del gobierno, ya que la eliminación de este instrumento significaría un alza de casi un 25% en el precio del combustible. Tocarles el bolsillo a los chilenos en forma tan abrupta puede afectar fuertemente la alta popularidad del presidente a días de haber asumido el cargo. 

Ese malestar –que no necesariamente se expresa de inmediato, pues tiende a acumularse y a buscar canales de expresión cuando alcanza cierto umbral– puede echar por tierra el impulso inicial del gobierno.

La figura de Kast puede transformarse en el elemento articulador que hoy no existe en sus adversarios. Un liderazgo claro, una agenda definida y una disputa cultural explícita generan incentivos para la convergencia opositora.

Al mismo tiempo, la estrategia de copamiento eleva las expectativas ciudadanas. Cada anuncio instala la idea de resultados rápidos y visibles. La implementación de políticas públicas opera con tiempos distintos, lo que abre un espacio entre expectativa y realidad.

Ese desfase también puede convertirse en un factor de desgaste. Mientras mayor es la intensidad inicial, menor es el margen para errores o demoras. La misma lógica que permite dominar la agenda puede amplificar los costos en un escenario adverso.

El gobierno enfrenta así un desafío estratégico. Sostener la velocidad y la intensidad que marcaron el inicio o introducir ajustes que permitan procesar las tensiones acumuladas. La decisión no es trivial, porque implica equilibrar coherencia política con viabilidad en el tiempo.

Las primeras semanas muestran un gobierno que comprende el valor del poder y la importancia de ejercerlo desde el inicio. Ha logrado instalar agenda, ordenar el debate y capitalizar una ventaja institucional significativa. Al mismo tiempo, ha activado dinámicas que pueden reconfigurar el comportamiento de sus adversarios y del propio sistema político.

La motosierra ha sido efectiva para abrir camino y consolidar una posición inicial de fuerza. Aunque el verdadero desafío comienza cuando ese mismo impulso empieza a generar resistencias. En ese momento, la clave deja de ser la velocidad y pasa a ser la capacidad de sostener el poder sin transformarse en el factor que ordena a quienes buscan disputarlo.

*Analista politico chileno. Director de la consultora Comsulting.