Entrevista a la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

Usted está aquí

Con el mismo nombre del título de este artículo, el nuevo libro de ELA ofrece un mapa para observar los avances realizados en materia de derechos, desde Justicia hasta vida familiar, y nos marca el camino a seguir. En conversación con PERFIL, Natalia Gherardi, directora del Equipo, ofrece la hoja de ruta.

Foto: cedoc

¿Qué cambió entre la vida de nuestros abuelos, la de nuestros padres y la nuestra? El libro Usted está aquí, realizado por ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) es una guía para que observemos nuestros avances y estancamientos. La obra separa diversos “antes y ahora” en áreas de lo más variadas: derechos familiares, discapacidad, mujeres, y trabajo, son algunas. 

Algunas de las comparaciones son alentadoras; muestran un significativo progreso. Otras plasman que ciertos problemas siguen exactamente igual que antes y nos muestran el camino a seguir.

“Es un recorrido entre generaciones que muestra cómo cambiaron nuestras formas de vivir, trabajar, cuidar y decidir”, dicen desde el Equipo. Algunos ejemplos:

ANTES. “En 1980, solo el 27% de las mujeres participaba en el mercado laboral”.

AHORA. “Hoy la participación asciende al 51,6% aunque los estereotipos siguen presentes”. 

ANTES. “Era difícil identificar la violencia hacia las mujeres. Ocurría frecuentemente, pero estaba naturalizada”.

AHORA. “Podemos identificarla. En Argentina 1 de cada 2 mujeres fue violentada por su pareja alguna vez”. 

ANTES. “Las mujeres recibían el mandato de cumplir estándares de belleza imposibles”. 

AHORA. “Ese mandato sigue vigente, pero podemos reconocerlo y comprender cómo impacta la vida en las mujeres”.

ANTES: “Los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas se consideraban ‘crímenes pasionales’, asuntos del ámbito privado, motivados por celos o emociones desbordadas”. 

AHORA. “Son considerados «Femicidios». Se llevan registros oficiales porque representan un problema social grave que necesita ser abordado”. 

ANTES. “La discapacidad era entendida como un problema individual que debía ser corregido para integrarse a la sociedad”. 

AHORA. “Sabemos que las barreras están en el entorno y en la sociedad. Sin embargo, solo quienes tienen recursos económicos pueden superarlas para acceder a una vida plena”.

ANTES. “En 1974, la Ley Laboral estableció 3 meses de Licencia por Maternidad para la madre y 2 días para el padre”. 

AHORA. “A pesar de todo lo que cambió, las licencias para los padres permanecen igual: un finde”. 

ANTES. “Los matrimonios no podían divorciarse y la responsabilidad legal de los hijos era exclusivamente del padre”.

AHORA. “El divorcio es legal (1987) y la responsabilidad parental es compartida (1985)”.

ANTES. “Sólo había jueces varones en la Corte Suprema. En 162 años de historia, hubo 104. La primera mujer ingresó en 1970”. 

AHORA. “No hay ninguna mujer en el máximo Tribunal de Justicia de la Argentina. En 162 años, solo hubo 3”.

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Los avances no son arcaicos ni lejanos, de hecho, algunos son muy recientes. Si bien el divorcio es legal desde 1987, recién en 2015 se legalizó la solicitud unilateral. Es decir que, hasta ese momento, si, por ejemplo, una mujer quería divorciarse y su marido no, entonces ella estaba obligada a permanecer ahí en contra de su voluntad (parece la misma definición que «secuestro», ¿acaso un secuestro legal?).

El libro puede leerse gratuitamente ingresando a este link: https://ela.org.ar/usted-esta-aqui/

En entrevista con PERFIL, Natalia Gherardi, directora de ELA, habla sobre los cambios más significativos de las últimas décadas y de todo lo que aún falta por lograr.  

—Licencias por paternidad, sigue todo prácticamente igual, ¿no?

—En términos de legislación, en el empleo privado seguimos exactamente en el mismo lugar. La licencia por paternidad continúa siendo de apenas 2 días, un esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo que responde a una organización social y familiar muy distinta a la actual. Es una norma que quedó muy atrasada, no solo respecto de la vida real de las familias y los deseos de los padres, sino también respecto de la composición de las familias. 

Es un esquema de licencias parentales que no contempla siquiera la maternidad y paternidad por adopción. Tampoco contempla las familias con parejas del mismo sexo. No solo es una legislación inconsistente, también es profundamente injusta. La ley todavía dice que el lugar de los varones es casi accesorio. 

Lo que cambió en estos años es la sociedad, aun cuando la ley sigue demorada. Hubo algunos avances en convenios colectivos de trabajo, regímenes específicos, organismos públicos o empresas que decidieron ampliar licencias por su cuenta. Eso muestra que la sociedad se movió más rápido que la ley. Pero el problema es que estos avances quedan fragmentados y dependen del sector donde trabajás, del empleador que tenés o del convenio que regula tu empleo. 

Por eso es tan importante actualizar la legislación. No se trata solo de sumar días. Se trata de reconocer que cuidar es parte de la responsabilidad de los varones, que la crianza empieza desde el primer día y que una organización más equilibrada del cuidado mejora la vida de las familias enteras. 

—¿Las personas con discapacidad están hoy en un lugar de mayor participación?

—Creo que hay más visibilidad y más conciencia que antes, pero todavía hay muchas barreras para su participación plena en la sociedad. Hoy hablamos más de accesibilidad, apoyos, autonomía y también tenemos más conciencia sobre las barreras de infraestructura y culturales que operan limitando sus oportunidades; eso ya marca un cambio respecto de épocas en las que la discapacidad se pensaba casi exclusivamente desde la asistencia y las respuestas quedaban totalmente relegadas a la vida privada de las familias. 

De todos modos, está claro que todavía hay una distancia importante entre reconocimiento e inclusión real. Participar no es solo “estar presente”, o declamar oportunidades. Es poder efectivamente estudiar, trabajar, transitar, decidir, formar vínculos, acceder a la justicia, participar en la vida política, social, económica con los apoyos necesarios y sin barreras que te dejen afuera. Cuando esos apoyos no existen o son insuficientes, se limita la autonomía de las personas con discapacidad y somos, además, una sociedad más empobrecida: nos perdemos de la riqueza del aporte que muchas más personas podrían hacer en la vida en comunidad. 

Es importante también poner el foco en las familias y en quienes dedican mucho de su tiempo a acompañar y brindar apoyos a personas con discapacidad, que generalmente son mujeres. En ausencia de políticas públicas para los cuidados y apoyos, esto tensiona el tiempo y las oportunidades de las integrantes de las familias.

—Durante mucho tiempo, la responsabilidad sobre los hijos recayó principal y únicamente en las madres (aunque hoy las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras) y, además, hasta hace poco (2005 con el divorcio unilateral), para divorciarse era necesario el acuerdo de ambas partes. ¿Puede ser que aquí estén algunos de los avances más importantes?

—Sí, sin duda son avances muy importantes, porque muestran cómo cambió la forma en que entendemos la familia, la pareja, la crianza y la autonomía personal. Durante mucho tiempo, muchas decisiones íntimas estaban condicionadas por reglas sociales y legales muy rígidas. En la introducción de Usted está aquí, cuento la historia de mi abuela, que se separó en los años cuarenta y sostuvo sola un hogar con dos niñas pequeñas. Para poder tener dos empleos, mi madre fue desde muy chica a una escuela religiosa de doble jornada: no necesariamente por elección pedagógica, sino por necesidad de organización familiar. En esa época, esto era visto como un “hogar fallido”. Hoy, las escuelas de doble jornada son más habituales, responden a elecciones familiares y acompañan la inserción laboral de mujeres y varones de familias muy diversas. Eso es un avance y muestra que no hablamos de debates abstractos, sino del impacto en vidas concretas. 

El reconocimiento del divorcio vincular fue un cambio enorme. También fueron muy importantes otros cambios en la legislación, que acompañaron transformaciones sociales ya existentes, como la patria potestad compartida y el matrimonio igualitario. Con el tiempo, la sociedad fue reconociendo algo muy básico: que las personas tienen derecho a elegir, equivocarse y rearmar su proyecto de vida, que las familias pueden adoptar formas distintas y que hijos e hijas necesitan vínculos de cuidado, responsabilidad y presencia que no dependan de estereotipos. No fueron debates abstractos. Cambiaron la vida de millones de personas. 

—A penas hubo mujeres gobernadoras. ¿Cómo es esto posible? No es una cuestión de capacidad. Lo mismo en la Corte Suprema de Justicia.

—Se explica por cómo se construyen las trayectorias de poder y por qué se profundizan los obstáculos al llegar a los lugares más altos. En Argentina, desde hace varias décadas, hay muchísimas mujeres formadas, con experiencia, liderazgo y legitimidad en la política, en la Justicia, en la academia, en el sector privado y en las organizaciones sociales. El problema no es la falta de mujeres capaces de ocupar esos cargos. 

Para llegar a espacios de máxima decisión siguen vigentes mecanismos de selección poco transparentes, lógicas de alianzas políticas entre grupos pequeños y excluyentes. Todavía hay redes políticas y profesionales más masculinizadas, criterios de selección que parecen neutrales, pero no siempre lo son, costos personales que son más altos para las mujeres, menor acceso a financiamiento o apoyo partidario, y estereotipos sobre autoridad y liderazgo que todavía pesan. 

En la Justicia esto se ve con claridad: las mujeres son mayoría entre las egresadas de la carrera de abogacía y en el Sistema Judicial, pero esa mayoría no se refleja en los cargos de mayor jerarquía. Entonces la pregunta no es «¿dónde están las mujeres?», sino qué pasa en el camino para que no lleguen en la misma proporción a los lugares donde se toman las decisiones más importantes. 

La ausencia de mujeres en esos espacios de decisión lesiona los valores de la democracia, empobrece los debates públicos y ofrece mecanismos de decisión menos legítimos, porque una democracia funciona mejor cuando sus instituciones reflejan de manera más amplia a la sociedad a la que deben servir. 

—La siguiente observación no está en un “antes y después” del libro, pero preguntar por la violencia obstétrica me parece importante. ¿Hay avances?

—La violencia obstétrica es una de las formas de violencia que comenzó a adquirir visibilidad en los últimos años. Tiene relevancia porque toca un momento profundamente importante en la vida de una mujer y de una familia: el embarazo, el parto, el nacimiento y el puerperio. Durante mucho tiempo, experiencias de maltrato, falta de información, intervenciones innecesarias o decisiones tomadas sin el debido consentimiento fueron naturalizadas como parte de “lo que tocaba” vivir. Con distintas investigaciones se fueron documentando testimonios de situaciones problemáticas (desde no deseables, a inadecuadas o directamente constitutivas de situaciones de mala praxis) que no encontraban una respuesta reparadora y para las que no había políticas dirigidas a su prevención y erradicación. 

Que hoy podamos hablar de violencia obstétrica es un avance porque permite poner en palabras algo que muchas personas atravesaban en silencio. El sistema de salud no solo tiene que ser técnicamente eficaz; también tiene que brindar un servicio de calidad donde se ponga el foco en respetar la autonomía, la intimidad, la información y la dignidad de quienes están pariendo. 

Argentina cuenta con legislación general y legislación específica muy relevante. La Ley de Derechos del Paciente (26.529) se complementa con la Ley de Parto Respetado (25.929), que reconoce derechos muy concretos: recibir información clara, ser protagonista de las decisiones, estar acompañada por una persona de confianza, evitar intervenciones injustificadas y recibir un trato respetuoso. También la violencia obstétrica está reconocida en la Ley de Protección Integral frente a todas las formas de violencia contra la mujer (me refiero a la Ley 26.485, de 2009, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales). Eso es importante porque transforma una experiencia que antes podía quedar reducida a “me atendieron mal” en un tema de derechos, salud y calidad institucional. 

El desafío es que esos derechos se cumplan en todos los lugares, que la atención de salud sea de calidad y que existan las condiciones institucionales, técnicas y humanas para promover esa atención. Trabajar para prevenir la violencia obstétrica requiere mejorar la atención, fortalecer la confianza indispensable para una buena relación médico-paciente, promover prácticas de atención de la salud e interdisciplinarias dentro de los equipos de salud y garantizar que un momento tan sensible sea vivido con cuidado, información y respeto.