Este martes comenzaron las audiencias de la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo. El Gobierno solicitó formalmente medidas cautelares contra la explotación petrolera de Sea Lion en el mar que rodea las Islas Malvinas
A las 10 de Hamburgo (6 de Argentina), el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, y el abogado internacional argentino Marcelo Kohen; entre otros integrantes de la delegación argentina, fueron presentados por el presidente del Tribunal, el camerunés Maurice Kamga.
Esta audiencia responde a la primera demanda de nuestro país contra el Reino Unido p laterra or la explotación de recursos en el archipiélago ocupado en 1833. Fue solicitada por el gobierno de Javier Milei el 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El pedido tiene cuatro puntos centrales: que el Reino Unido impida que comiencen o siga la explotación a través de Sea Lion; que no dé nuevos permisos en el área; que guarde la información conseguida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
Qué dijeron los representantes de Argentina en la primera audiencia ante el Tribunal del Mar
Oyarzábal comenzó por reconocer que el pedido al Tribunal, que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), no se refiere al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, sino que apunta a frenar la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion sobre los recursos naturales de la región, con argumentos tanto económicos como medioambientales.
Sea Lion, a unos 200 kilómetros de las Malvinas, reúne una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de petróleo. Si el Tribunal del Mar no actúa, la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum comenzarán a explotarlo entre 2027 y 2028.
Oyarzábal aseguró ante el tribual que la demanda argentina responde al “agravamiento de la disputa causada por el Reino Unido”. Tanto él como Kohen, quien lo siguió en el uso de la palabra, aseguraron que este caso contiene “cuatro conjuntos de derechos bajo la Convención”. Y los enumeró: la protección de los derechos soberanos de Argentina sobre la plataforma continental "a la espera de la resolución de la disputa, no su determinación”.
En segundo lugar, “el derecho de Argentina y la correspondiente obligación del Reino Unido de que no se tome ninguna acción unilateral que altere irreversiblemente la plataforma continental en disputa solo para la explotación de sus recursos no renovables”.
En tercer lugar, “el derecho de Argentina de que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones de resolver disputas y actuar en el bien requerido según los artículos 279 y 300 y, en consecuencia, abstenerse de conductas que pongan en peligro u obstaculicen la solución de disputas o la agraven”.
En cuarto lugar, “el derecho de Argentina a no ser impedido por el Reino Unido de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención para proteger y preservar el medio marino de la zona en disputa".
Cómo siguen las audiencias por Sea Lion ante el Tribunal del Mar
Después de la primera ronda, que transcurrió de 6 a 9 horas, responderá el Reino Unido, de 11 a 14. La delegación británica se encuentra acompañada por un grupo de autoridades de los pobladores de las islas Malvinas. El miércoles será el turno de la segunda ronda, con la Argentina de 6.30 a 8 y el Reino Unido de 13.30 a 15, en segmentos de exposición y repregunta.
La fiscal general británica, Ellie Reeves, dijo este martes al diario The Times que el Reino Unido defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas, y que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo no tiene jurisdicción sobre el reclamo argentino sobre las Malvinas.
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El Tribunal quedó completado este lunes con la jura de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA. Las audiencias están a cargo del camerunés Maurice Kamga.
La delegación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal. La defensa cuenta con asesores como el jurista argentino Marcelo Kohen, el neerlandés Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.