“Worst of the Worst”

Argentinos en la mira del ICE: quiénes son los nueve incluidos en la lista de "lo peor de lo peor" de Estados Unidos

La agencia migratoria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense expone perfiles de extranjeros detenidos y condenados en EE.UU. en el marco de una política de deportaciones masivas.

Argentinos en la mira del ICE Foto: www.dhs.gov

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos bajo la nueva gestión de Donald Trump sumó en las últimas semanas un componente de alto impacto: la publicación del sitio oficial “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”), una galería virtual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que exhibe a extranjeros detenidos por delitos cometidos en territorio norteamericano. Entre los perfiles difundidos figuran nueve ciudadanos argentinos, señalados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como casos prioritarios para detención y deportación.

La plataforma, lanzada en diciembre de 2025, forma parte de una campaña de comunicación del gobierno estadounidense destinada a respaldar el endurecimiento migratorio y a justificar el aumento de operativos del ICE. Allí se publican nombres, fotografías, delitos imputados y lugares de detención de personas arrestadas en distintos estados del país.

 

Quiénes son los argentinos incluidos

Según la información oficial, los cargos atribuidos a los ciudadanos argentinos abarcan desde delitos graves hasta infracciones de menor escala. La nómina incluye:

1) Vanesa Landaburu, arrestada en Las Vegas, Nevada, condenada por robo y posesión de armas de fuego.

2) Joaquín Acosta, detenido en Conroe, Texas, por agresión.

3) Juan Nasisi-Funes, arrestado en Elkhart, Indiana, por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito.

4) Marlene Eliana Santaella, detenida en Portland, Maine, por hurto y recepción de propiedad robada, vinculada a una banda dedicada al robo en comercios minoristas.

5) Andrés Palmero, arrestado en Kissimmee, Florida, con cargos por posesión de armas y drogas, además de antecedentes por asalto y violaciones a la libertad condicional.

6) María Clara Iacucci, detenida en Orlando, Florida, por agresión doméstica y posesión de cocaína.

7) Marcos Ontivero, arrestado en Miramar, Florida, con una condena por proxenetismo correspondiente a 2011. Fue deportado en agosto de 2025 en uno de los primeros vuelos organizados bajo las nuevas directrices migratorias.

8) Carlos Tealdi, condenado en Oakdale, Luisiana, por posesión de material de explotación sexual infantil.

9) Nicolás Ortíz, arrestado en Nueva York, por agresión y tenencia ilegal de armas.

En cada caso, el sitio oficial los presenta bajo el rótulo de “arrestado: lo peor de lo peor”.

 

Qué es el ICE y por qué gana protagonismo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal creada en 2003, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, con competencias en investigación criminal, control migratorio, detención y deportación de extranjeros. Cuenta con dos grandes áreas: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Operaciones de Detención y Deportación (ERO).

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Durante las administraciones de Donald Trump, el ICE se consolidó como uno de los principales brazos ejecutores de la política antiinmigrante. En su segundo mandato, la agencia amplió de manera inédita su presupuesto, personal y despliegue territorial. Solo en el último año, el gobierno informó más de medio millón de deportaciones, con prioridad en personas con antecedentes penales, aunque los operativos también alcanzaron a migrantes sin condenas previas.

La reforma fiscal aprobada en 2025 asignó al ICE más de 100.000 millones de dólares hasta 2029, una cifra superior a la destinada a agencias como el FBI o la DEA. De ese total, 30.000 millones se orientan a la contratación y entrenamiento de nuevos agentes y 45.000 millones a la expansión de la red de centros de detención.

 

Detener, deportar y asesinar

La creciente centralidad del ICE vino acompañada de fuertes cuestionamientos por el uso de la fuerza y las condiciones de detención. En enero, la muerte del inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos en un centro de detención de Texas reavivó las críticas. Mientras el DHS sostuvo inicialmente que el hombre intentó quitarse la vida, el informe preliminar del médico forense del condado de El Paso indicó que la causa probable fue asfixia por compresión del pecho y el cuello, lo que llevó a clasificar el fallecimiento como homicidio.

A este episodio se sumaron operativos de alto impacto en ciudades como Minneapolis, donde el despliegue de miles de agentes federales derivó en protestas masivas, denuncias de abusos y un tiroteo que terminó en la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. El gobierno defendió el accionar del agente involucrado y volvió a sostener que los oficiales del ICE actúan bajo un esquema de “inmunidad absoluta”, una afirmación que especialistas en derecho cuestionan por el riesgo de consolidar prácticas de impunidad.

Según datos oficiales, 2025 cerró con 32 muertes en centros de detención del ICE, la cifra más alta en dos décadas. En lo que va de 2026, al menos cuatro personas fallecieron bajo custodia de la agencia.

 

El ICE en su primer año bajo Trump

En el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el ICE se consolidó como uno de los principales instrumentos de la política migratoria estadounidense, con un rol activo en operaciones y detenciones masivas en múltiples ciudades del país. La agencia actuó como brazo ejecutor de una política migratoria agresiva, desplegando miles de agentes federales en zonas con población latina o gobernadas por autoridades demócratas, con especial concentración en Minneapolis, donde llegaron alrededor de 3.000 agentes para campañas operativas intensas que incluyeron detenciones sin orden judicial y uso de fuerza en espacios públicos.

Ese despliegue generó cierre de negocios, suspensión de clases y un clima de temor generalizado entre las comunidades migrantes, que han visto cómo se intensifican redadas, arrestos incluso sin antecedentes penales y detenciones que se justifican bajo criterios amplios de prioridad migratoria.

El presupuesto destinado al ICE alcanzó niveles históricos, superando los 100.000 millones de dólares hasta 2029, lo que permitió ampliar sus filas con miles de nuevos agentes y expandir la red de centros de detención. Las condiciones en estos centros y el número de muertes bajo custodia —32 en 2025, la cifra más alta en dos décadas— también han sido objeto de denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos. 

La difusión de listas como “Worst of the Worst” se inscribe en una estrategia más amplia de legitimación política del endurecimiento migratorio. Sin embargo, el clima social muestra fisuras: encuestas recientes indican que crece el rechazo ciudadano al accionar del ICE, y por primera vez más estadounidenses apoyan su desmantelamiento o reforma que quienes lo defienden sin cambios.

 

GD