Cuba: la acusación contra Raúl Castro expone la crisis interna y reactiva la presión de Trump sobre la isla
La acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996 reactivó la presión de Donald Trump sobre Cuba, en medio de la crisis energética, el endurecimiento diplomático y las advertencias sobre una posible escalada regional.
La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 volvió a tensar al máximo la relación entre Washington y La Habana y se convirtió en el eje de una nueva ofensiva política de la administración de Donald Trump sobre la isla.
La medida judicial, anunciada este miércoles 20 en Miami, llega en un contexto de fuerte deterioro económico y social en Cuba, atravesada por apagones masivos, escasez de combustible, inflación y una creciente presión diplomática de Estados Unidos. Además de Castro, fueron acusados otros cinco ciudadanos cubanos, incluidos pilotos militares señalados como responsables del ataque aéreo.
El expediente judicial reabre uno de los episodios más delicados de la historia reciente entre ambos países: el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos radicada en Florida que realizaba vuelos sobre el estrecho de la Florida para detectar balsas de migrantes. El caso vuelve a poner en el centro la histórica disputa por el espacio aéreo cubano.
Estados Unidos acusó a Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar ciudadanos de ese país
En el ataque murieron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, además del residente permanente Pablo Morales. Según la Organización de Aviación Civil Internacional de Naciones Unidas, las aeronaves fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano, algo que La Habana siempre negó. El episodio fue considerado por Washington como un caso de violación del derecho internacional.
El Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro —quien en aquel momento era ministro de Defensa— de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y destrucción de aeronaves. Durante la conferencia de prensa en Miami, el fiscal general interino Todd Blanche aseguró que “Estados Unidos no olvida ni olvidará a sus ciudadanos”, en una señal de endurecimiento judicial contra la dirigencia cubana.
La acusación generó una inmediata reacción del gobierno cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo en redes sociales que el caso “carece de base legal” y denunció que Washington intenta construir “un expediente” para justificar una eventual agresión militar contra la isla. La Cancillería cubana, por su parte, defendió el operativo de 1996 como un acto de “legítima defensa” frente a reiteradas violaciones del espacio aéreo nacional.
El endurecimiento del discurso estadounidense coincidió además con una nueva avanzada política impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien difundió un mensaje dirigido directamente al pueblo cubano. Allí acusó al gobierno de corrupción, robo y represión y prometió una “nueva Cuba” alineada con Washington, reforzando la estrategia de presión diplomática sobre La Habana.
En paralelo, Trump buscó capitalizar políticamente la acusación y calificó el procesamiento como “un momento muy importante”. Aunque descartó por ahora una escalada militar directa, el mandatario volvió a describir a Cuba como “un desastre” y aseguró que el gobierno perdió el control de la situación. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre una posible radicalización de la política exterior estadounidense hacia la isla.
Las declaraciones también generaron especulaciones en Estados Unidos sobre un eventual intento de profundizar el aislamiento internacional de La Habana e incluso replicar una estrategia similar a la utilizada recientemente contra Nicolás Maduro en Venezuela. La comparación volvió a instalar el debate sobre un posible cambio de régimen impulsado desde Washington.
El trasfondo económico agrava todavía más el escenario cubano. La isla enfrenta desde hace meses una persistente crisis energética, con cortes de luz diarios y dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible. La situación empeoró tras la reducción del envío de petróleo venezolano y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
En ese contexto, Rubio incluso dejó abierta la posibilidad de un paquete de ayuda económica de hasta 100 millones de dólares si Cuba avanza hacia una apertura política. “Lo único que impide un futuro mejor son quienes controlan el país”, afirmó el funcionario, al insistir con una eventual transición política en la isla.
Sin embargo, dentro de Estados Unidos también surgieron advertencias sobre el impacto de la ofensiva judicial. El congresista demócrata Gregory Meeks consideró que Raúl Castro “debe rendir cuentas” por la muerte de estadounidenses, aunque alertó que la acusación podría funcionar como “un pretexto para una escalada” o incluso una intervención ilegal. Sus palabras reflejaron la preocupación por una posible escalada regional.
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La causa reabre además un conflicto histórico que marcó durante décadas el vínculo bilateral. Tras el derribo de las avionetas, el entonces presidente Bill Clinton endureció las sanciones contra Cuba y el Congreso estadounidense aprobó nuevas restricciones económicas. Años después, Raúl Castro protagonizó junto a Barack Obama el proceso de deshielo diplomático que Trump terminó revirtiendo durante su regreso al poder. El episodio vuelve a reflejar el vaivén de la relación bilateral entre ambos países.
Ahora, con Cuba atravesando una de sus crisis más profundas desde el colapso soviético, la acusación contra Raúl Castro volvió a colocar a la isla en el centro de la disputa geopolítica regional y abrió un nuevo capítulo de tensión entre Washington y La Habana.
RG