La dictadura del velo: condenan a una cantante iraní a recibir 74 latigazos por actuar en YouTube sin usar velo
El castigo contra la artista Parastoo Ahmadi se suma a una brutal ola de disciplinamiento judicial contra figuras públicas que desafían las estrictas normas islámicas de vestimenta tras la revuelta de "Mujer, Vida, Libertad".
El Gobierno iraní volvió a descargar todo el peso de su aparato de control sobre la libertad de expresión femenina. El sistema judicial condenó a Parastoo Ahmadi, una cantante de 29 años, a recibir 74 latigazos y le impuso una prohibición absoluta para viajar o ejercer su profesión musical durante dos años. Su único delito consistió en protagonizar un recital transmitido por internet donde se animó a cantar sin velo, con el pelo descubierto y vistiendo un vestido negro que dejaba sus hombros al descubierto.
La dura resolución judicial salió de un tribunal penal ubicado en la provincia de Qom y afectó también a ocho integrantes del equipo técnico y musical de la joven. Según los magistrados a cargo del expediente, la transmisión en vivo representó la difusión de “contenido vulgar e inmoral”, una calificación legal utilizada para castigar las actuaciones públicas de vocalistas femeninas, actividades que están completamente censuradas dentro de la República Islámica.
El detonante de este proceso ocurrió en diciembre de 2024. Ahmadi, quien es directora de cine y canta en los idiomas persa y mazandarani, transmitió junto a su banda una presentación desde una antigua posada a través de su canal de YouTube. Ese registro audiovisual, de apenas 27 minutos de duración, se viralizó con rapidez y acumuló hasta el momento casi tres millones de reproducciones, transformándose en una vidriera inaceptable para los censores del Estado.
Tras la enorme repercusión de su interpretación, las autoridades policiales detuvieron a la artista, aunque días después recuperó su libertad mediante el pago de una fianza. Este episodio de hostigamiento estatal no resulta un caso aislado, sino que emerge como una consecuencia directa de la rebelión social que sacudió al país en 2022, cuando la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la fuerza de seguridad moral detonó la consigna "Mujer, Vida, Libertad".
Aquellas movilizaciones masivas sufrieron una represión letal, pero marcaron un quiebre cultural irreversible. En la actualidad, miles de mujeres en las grandes ciudades desafían cotidianamente las políticas de vestimenta dictadas por el gobierno. Caminan por las calles sin el atuendo oficial, asumiendo el riesgo inminente de terminar tras las rejas como un gesto inquebrantable de protesta.
El castigo a las voces disidentes
Ante la incapacidad de frenar esta desobediencia civil en las calles, los tribunales islámicos apuntaron sus armas legales hacia las figuras públicas con mayor influencia. La estrategia consistió en aplicar castigos humillantes y psicológicos, como ocurrió con la aclamada actriz Taraneh Alidoosti, a quien le bloquearon las transacciones financieras y le impidieron volar por no usar el hiyab. Peor suerte corrieron actrices como Azadeh Samadi y Afsaneh Bayegan: los jueces les prohibieron usar redes sociales y las obligaron a someterse a terapias psiquiátricas, argumentando que padecían un "trastorno antisocial" por rebelarse contra el estricto código de vestimenta.
La cacería judicial también persiguió a directores y periodistas que intentaron reflejar la realidad del país. Al cineasta Saeed Roustaee lo condenaron a seis meses de prisión, le prohibieron vincularse con otros miembros de la industria audiovisual y lo forzaron a cursar un taller estatal sobre "realización moral de películas". Por su parte, la fotoperiodista Yalda Moayeri recibió una pena de seis años de cárcel, acompañada de la insólita obligación de limpiar un parque de mujeres y de escribir un ensayo de cien páginas sobre los textos de un defensor del velo obligatorio.
A veces, sin embargo, el exceso de crueldad genera un efecto contrario. Eso ocurrió con el caso del cantante Shervin Hajipour, ganador de un premio Grammy y autor del himno de las protestas de 2022. La justicia lo sentenció a prisión y le exigió resumir libros religiosos, pero la furia popular frente a ese fallo obligó a la cúpula institucional a dar marcha atrás. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, criticó la condena y ordenó revisar ese tipo de sentencias para evitar la "humillación" pública y no potenciar, paradójicamente, el descontento que intentan apagar.
TC cp