La Unión Europea reclama a Google compartir datos con motores de búsqueda rivales

La Comisión Europea pidió a Google que permita a los motores de búsqueda de terceros acceder a sus datos de búsquedas para asegurar que los rivales puedan competir en pie de igualdad con Google Search, tal como exige la Ley de Mercados Digitales. 

Así lo establece Bruselas en las conclusiones preliminares remitidas al gigante tecnológico como parte del expediente contra Google. En este sentido, la compañía advierte que considera la petición de Bruselas una "extralimitación", de la que se seguirá "defendiendo". 

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Para Google, la exigencia supera "con creces el mandato de la ley y pone en peligro la privacidad y la seguridad de las personas". Sostiene, además, que los cambios le obligarían a "ceder" los datos privados de millones de usuarios a buscadores con medidas ineficaces de seguridad. 

Las propuestas serán sometidas a la consulta de la propia empresa y otros actores relevantes hasta el 1 de mayo. De confirmarse los cargos sin cambios por parte de Google, la compañía se expondrá a una multa millonaria. 

"Los datos son una aportación clave para la búsqueda online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la Inteligencia Artificial (IA). El acceso a estos datos no debe restringirse de manera que pueda perjudicar a la competencia", ha declarado al vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. 

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"En los mercados en rápido movimiento, los pequeños cambios pueden tener rápidamente un gran impacto. No permitiremos prácticas que arriesguen el cierre de mercados o limiten las opciones", enfatizó. 

En concreto, entre los cambios que reclama Bruselas figura la admisibilidad de los motores rivales para recibir datos de búsqueda, incluido el de los chatbots de inteligencia artificial. Además exige aclarar el alcance de los datos de búsqueda que Google debe compartir. 

También pide medidas sobre los medios y la frecuencia con la que la empresa debe compartir esa información; sobre cómo garantizar la anonimización de los datos personales; y parámetros para establecer precios justos, razonables y no discriminatorios sobre los datos de rastreo.