Minnesota demandó al gobierno de Donald Trump para frenar la "invasión" de agentes migratorios
Tras la muerte de una vecina a manos del ICE, el estado inició una ofensiva judicial contra el masivo despliegue enviado por el Poder Ejecutivo. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas.
Minnesota vivió este martes 13 una jornada de extrema tensión tras varios días de protestas contra los operativos de deportación. El lunes, las fuerzas federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a grupos de activistas que intentaron bloquear los procedimientos en las calles de Minneapolis. En paralelo, los líderes estatales y municipales impulsaron una demanda judicial para detener la campaña de controles que la semana pasada provocó la muerte de una mujer de 37 años.
Los enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes se multiplicaron en diferentes puntos de la región. En Minneapolis, los efectivos emplearon químicos cuando una multitud rodeó una patrulla que interrogaba a un transeúnte. Situaciones similares ocurrieron en St. Cloud, donde cientos de personas protestaron frente a comercios de la comunidad somalí ante la llegada de equipos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ratificó el envío de más de dos mil agentes al estado, en lo que el ICE definió como el despliegue más grande de su historia. Ante este avance, el gobierno de Minnesota y las autoridades de las "Ciudades Gemelas" (Minneapolis y Saint Paul) acudieron a la justicia para limitar el accionar de las fuerzas. La demanda acusó a la administración de Donald Trump de violar la Primera Enmienda al atacar deliberadamente “a un estado de tendencia progresista”.
El fiscal general estatal, Keith Ellison, calificó la situación como una "invasión federal" durante una conferencia de prensa y exigió el cese inmediato de las maniobras. Según las cifras oficiales del DHS, el gobierno ya realizó más de dos mil arrestos en el territorio desde el pasado diciembre. Para los demandantes, el uso político de las fuerzas de seguridad vulneró los derechos de libertad de expresión y las protecciones constitucionales de los residentes.
El detonante de la indignación popular fue el asesinato de Renee Good, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un oficial del ICE mientras manejaba su auto. El crimen generó una ola de vigilias en todo Estados Unidos para homenajear a la madre de tres hijos y repudiar las tácticas militares de la Casa Blanca. Aunque el gobierno defendió al agente involucrado bajo el argumento de una supuesta amenaza, el gobernador Tim Walz rechazó esa versión basándose en los videos del hecho.
La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió a las acusaciones y sostuvo que el presidente Trump tiene la obligación de hacer cumplir la ley sin importar quién gobierne en los estados. Acusó a las autoridades locales de ignorar la seguridad pública por motivos partidarios y ratificó la continuidad de los operativos. Sin embargo, tanto Walz como el alcalde Jacob Frey mantuvieron su postura crítica y exigieron restricciones para los agentes enmascarados.
Un oficial de migraciones asesinó a una mujer que intentaba evadir un control en Minneapolis
Redadas masivas y antecedentes de violencia en otros estados
Minnesota no es el único distrito que llevó su reclamo a los tribunales por la agresividad de los operativos migratorios. El estado de Illinois presentó una demanda similar tras la ejecución de la "Operación Midway Blitz", una campaña que el año pasado resultó en la detención de más de 4.300 personas en el área de Chicago. Las autoridades locales denunciaron que el accionar de agentes enmascarados provocó un clima de terror que paralizó la vida cotidiana y alejó a los ciudadanos de los espacios públicos.
La querella en Illinois buscó imponer límites a las tácticas de captura del gobierno nacional, aunque el DHS calificó la presentación como "infundada". Mientras tanto, la violencia también se trasladó a Portland, Oregon, donde la Patrulla Fronteriza baleó a dos personas el pasado jueves. Uno de los heridos fue un ciudadano venezolano al que el Departamento de Justicia acusó de golpear un vehículo oficial con su camioneta para escapar de una detención.
A diferencia del caso de Renee Good en Minneapolis, el FBI informó que no existen registros de video sobre el incidente ocurrido en Portland. Las dos personas heridas en Oregon sobrevivieron al ataque y permanecen bajo custodia federal mientras enfrentan cargos judiciales. Estos sucesos reforzaron las denuncias de organizaciones civiles sobre el uso desmedido de la fuerza y la falta de transparencia en los despliegues de seguridad que el gobierno de Trump mantiene en diferentes puntos del país.
TC cp