Sánchez vuelve a impulsar su plan de vivienda en plena crisis habitacional y con elecciones anticipadas
El gobierno español aprobó dos decretos con medidas para proteger a inquilinos, limitar determinadas subas y facilitar el acceso a la primera vivienda. La decisión se produjo después de las protestas por el precio de los alquileres y pocos días después del adelanto de las elecciones al 29 de noviembre.
El gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes un nuevo paquete de medidas para intentar contener la crisis de vivienda que atraviesa España. El Ejecutivo recuperó buena parte de las iniciativas que habían sido rechazadas por el Congreso la semana pasada, aunque introdujo modificaciones en los textos que ahora deberán atravesar un nuevo trámite parlamentario.
La decisión se produjo después de un fin de semana marcado por manifestaciones en distintas ciudades españolas contra el aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. En Barcelona, una movilización que había comenzado de manera pacífica terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, barricadas y contenedores incendiados.
El anuncio también llega en un momento de fuerte presión política para Sánchez. El presidente del gobierno adelantó las elecciones generales para el 29 de noviembre, después del revés parlamentario que sufrió su Ejecutivo con el rechazo de las medidas habitacionales.
Qué medidas anunció el gobierno de Pedro Sánchez
Uno de los decretos recupera el denominado “escudo social”, que busca impedir el desalojo de personas consideradas vulnerables cuando no existe una alternativa habitacional disponible. La protección se extendería hasta 2030.
El paquete también incorpora medidas para combatir el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que creció en los últimos años y que, según el gobierno, puede ser utilizada para evitar las restricciones aplicadas a los contratos tradicionales.
Otra de las iniciativas apunta a endurecer las condiciones para que determinados grandes inversores puedan adquirir viviendas. A la vez, el Ejecutivo plantea beneficios fiscales para los inquilinos y para pequeños propietarios que alquilen sus inmuebles a precios considerados asequibles.
En el caso de los inquilinos, el gobierno contempla bonificaciones en el impuesto sobre la renta. Según el ejemplo presentado por Sánchez, una persona que pague un alquiler mensual de 800 euros podría acceder a una deducción de casi 1000 euros al año.
Préstamos para comprar la primera vivienda y más construcción
El plan también incluye una línea de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la compra de la primera vivienda. El gobierno prevé destinar 10.000 millones de euros a este programa, que será administrado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sánchez aclaró que la iniciativa no estará destinada exclusivamente a los jóvenes, sino que alcanzará a personas de distintas generaciones que busquen acceder a su primera vivienda.
El Ejecutivo también puso el foco en aumentar la oferta habitacional. Para eso anunció un fondo de 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada, un sistema que permite fabricar componentes de los edificios y luego ensamblarlos en el lugar de la obra.
A ese monto se sumarían otros 400 millones de euros para proveedores de vivienda social, con los que el Ministerio de Vivienda calcula que podrían financiarse hasta 30.000 unidades.
Además, la empresa pública Casa47 comprará miles de viviendas que actualmente pertenecen a la Seguridad Social.
La prórroga de los alquileres, el punto más discutido
El segundo decreto genera mayores dudas porque incluye una de las medidas que enfrenta más resistencia entre los posibles aliados parlamentarios del gobierno: la prórroga automática de los contratos de alquiler una vez finalizados.
La propuesta contempla extender los contratos durante un período equivalente al original, que puede ser de cinco o siete años según el tipo de propietario. Sánchez reconoció que esta medida solo podrá entrar en vigor si obtiene el respaldo necesario en la Diputación Permanente.
El primer decreto también establece una extensión extraordinaria de dos años para determinados contratos próximos a vencer. Durante ese período se mantendrían las condiciones existentes y se limitarían los aumentos.
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El gobierno busca, además, elevar al 10% el IVA de las viviendas turísticas y los alquileres de corta duración, con el argumento de que deben tributar como una actividad económica.
Los avisos de alquiler también deberán incorporar información sobre el índice de referencia de precios, el límite máximo de renta cuando corresponda y si el propietario está considerado legalmente como gran tenedor.
Las protestas por el precio de la vivienda presionan al gobierno
Las nuevas medidas fueron anunciadas después de un fin de semana de movilizaciones en distintas ciudades españolas. Los manifestantes reclamaron respuestas ante el aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
En Barcelona, una movilización prevista inicialmente para el fin de semana tuvo que ser postergada por una alerta meteorológica y finalmente se realizó el lunes.
La marcha comenzó de forma pacífica, pero terminó con incidentes entre grupos de manifestantes y agentes de seguridad.
En ese contexto, el gobierno busca volver a poner en marcha medidas que ya habían sido rechazadas por el Congreso. “Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, explicó Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros.
El nuevo escenario político tras el adelanto electoral
La aprobación de los decretos se produce además en un escenario institucional particular. Con el Parlamento disuelto por la convocatoria electoral, las nuevas medidas deberán ser tratadas por la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones durante el período electoral.
El organismo está integrado por 69 legisladores, frente a los 350 diputados que componen habitualmente el Congreso.
Los decretos no pueden ser exactamente iguales a los que fueron rechazados días atrás, por lo que el Ejecutivo introdujo modificaciones aunque mantuvo buena parte del contenido original.
LB/AF