Los diputados españoles rechazaron ayer los dos decretos sobre vivienda impulsados por el gobierno de Pedro Sánchez, asestando un duro golpe al Ejecutivo, que está analizando adelantar las elecciones parlamentarias.
El rechazo a la medida hizo estallar a los manifestantes que se concentran desde hace días frente al Congreso. “¡Vergüenza, vergüenza!”, lanzaron al conocer el resultado de la votación.
Segundos antes, 178 diputados votaron en contra y 172 a favor de la primera iniciativa oficial, tumbando así el decreto aprobado el martes por el gobierno socialista para hacer frente a la crisis de vivienda que afecta al país. El segundo, que partía ya con menos posibilidades, fue rechazado minutos después con 184 votos en contra y 166 a favor.
En una cámara muy fragmentada, y en la que el gobierno de centroizquierda no tiene mayoría, tampoco sirvió la intervención a última hora de Sánchez, que pidió la palabra minutos antes de la votación para pedir a los diputados que fueran “valientes”. “Les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo”, señaló.
Miles de manifestantes llegados desde la céntrica Puerta del Sol, donde hace más de una semana se instaló una acampada para reclamar soluciones contra la crisis de la vivienda, siguieron la sesión desde el exterior. “Esto no puede seguir así”, aseguró a Miél Díaz, un docente de 23 años que acudió a la protesta. “La mayoría de la gente de este país o tiene un problema con la vivienda o conoce a alguien que lo tiene”, agregó este joven que dice que no puede independizarse por los altos precios del alquiler.
No muy lejos, Teresa Morollón, de 46 años, afirmó sentirse “defraudada” con el anunciado fracaso de la votación. “Entendemos que la aritmética en el Congreso está complicadísima, pero hay que hacer unas políticas valientes e inclusivas para toda la gente”, agregó.
Costo político. Ante la presión de las protestas y el riesgo de una fractura total en su flanco izquierdo —con socios como Sumar exigiendo medidas de choque drásticas—, el gobierno de Pedro Sánchez optó por una respuesta de urgencia institucional: la aprobación de un paquete de decretos ley que incluían frenar desalojos, penalizar fiscalmente la vivienda vacía y endurecer las condiciones a los pisos turísticos.
Sin embargo, esta maniobra desató una pinza política letal para el presidente. Al gobernar en minoría, los decretos enfrentaban un pronóstico muy complejo en el Congreso de los Diputados, donde bloques de la derecha (PP y Vox) y socios estratégicos anticiparon su rechazo por considerar que intervienen y destruyen aún más el mercado.
Pero el golpe de gracia lo dieron los independentistas catalanes de Junts, cuyo voto a favor (o al menos una abstención) era necesario para que las medidas prosperaran. Los legisladores de este sector decidieron rechazar los decretos por las mismas razones que la derecha.
Por otro lado, la juventud y las clases trabajadoras urbanas, tradicionales votantes progresistas, percibían que la respuesta institucional llegaba tarde y de forma insuficiente, erosionando la confianza en las promesas de bienestar del Ejecutivo de cara al ciclo electoral.
La crisis también tensionó la relación con administraciones territoriales y locales (como la Comunidad de Madrid), que utilizaron los márgenes competenciales para confrontar abiertamente con las políticas de vivienda del gobierno nacional.
La vivienda se ha consolidado así como el talón de Aquiles de Pedro Sánchez: un problema donde convergen la urgencia material de los ciudadanos y la extrema fragilidad de los equilibrios parlamentarios del Estado.
Elecciones adelantadas. Ante la caída de los decretos, la oposición incrementó sus llamados para que Sánchez adelante la convocatoria de elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2027.
“Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha. Disuelva las Cortes. Convoque a elecciones. Que hablen los españoles”, afirmó el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Los medios españoles, citando fuentes del gobierno, señalaron que Sánchez está evaluando con su equipo si le resulta conveniente adelantar los comicios.
“He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión”, afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, eludiendo el tema. Según trascendió, la mayoría de los dirigentes aliados de Sánchez están reclamando llamar a elecciones como salida política.
