A un año de la sentencia firme

Caso Vialidad: el fiscal Luciani prepara un tercer decomiso de bienes y busca indexar la multa de $685.000 millones

Al cumplirse un año del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, el Ministerio Público Fiscal acelera la identificación de estancias, autos y acciones societarias. La Corte Suprema debe definir el remate de la primera tanda de propiedades.

Cristina Kirchner, aparece en el balcón de su casa en Buenos Aires el 10 de junio de 2026. Foto: AFP

El fiscal general Diego Luciani trabaja activamente en Comodoro Py en la confección de un tercer pedido de decomiso de bienes muebles e inmuebles a la expresidenta Cristina Kirchner, al tiempo que evalúa solicitar una nueva actualización del monto del fraude determinado en la causa Vialidad, que actualmente asciende a 685.000 millones de pesos.

“Ese valor tiene un año y debe ser revisado”, afirmaron fuentes judiciales a Clarín. Esta ofensiva judicial busca recuperar el dinero sustraído al Estado argentino mediante la matriz de obra pública vial en Santa Cruz, una causa cuya sentencia firme por administración fraudulenta mantiene a Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario.

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La estrategia de la fiscalía se ejecuta contrarreloj debido a los efectos de la inflación, dado que el monto global de la condena fue fijado hace un año por los peritos contables de la Corte Suprema y hoy se considera desactualizado. Luciani presentará el reclamo ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu- para indexar la cifra remanente.

Mientras, el entramado judicial se divide en tres etapas simultáneas de ejecución patrimonial que involucran principalmente a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

Las tandas de decomiso en marcha

Hasta la fecha, el Ministerio Público Fiscal relevó un total de 252 propiedades susceptibles de decomiso, 46 automotores, 4 motovehículos, 2 embarcaciones y más de cinco millones de dólares. La batalla judicial se encuentra actualmente atomizada en tres frentes:

Primera tanda (111 bienes): Ya cuenta con el fallo del TOF 2 y la confirmación de la Cámara de Casación. Su ejecución final está supeditada a que los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resuelvan los recursos de queja presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quienes buscan otorgarle un efecto suspensivo para frenar los remates. Esta lista afecta a 20 propiedades de los Kirchner (19 de Máximo y Florencia, y una de la ex mandataria) y 84 de Báez, además de activos de las firmas Kank y Costilla y Austral Construcciones.

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Segunda tanda (141 inmuebles): Se tramita en el TOF 2 e incluye, además de las propiedades, 46 vehículos, 4 motos, 2 embarcaciones y 5.656.134 dólares depositados a nombre de Florencia Kirchner. Trece de estos inmuebles pertenecen directamente a la familia Kirchner. 

Tercera tanda (En preparación): Es el nuevo listado en el que trabaja Luciani para intentar cubrir el bache financiero del fraude. Contempla la identificación de activos de sociedades vinculadas, estancias, autos y 18 participaciones accionarias de Báez, además de bienes atribuidos a los Kirchner a través de las empresas Los Sauces SA, Co.Ma SA y Hotesur SA.

Actualización del monto y los movimientos de los condenados

La cifra original del fraude había sido fijada en 85.000 millones de pesos, pero la fórmula validada por la Corte Suprema utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025- la elevó a 684.990.350.139,86 pesos. Al haber transcurrido un año de aquel cálculo, el fiscal general insistirá en una nueva indexación. "Ese valor tiene un año y debe ser revisado", confiaron fuentes judiciales.

Desde los tribunales de Retiro advierten sobre la complejidad del proceso y señalan que "la enorme cantidad de bienes demuestra cómo la corrupción arraiga en las entrañas del Estado". A pesar de que algunos sectores del Poder Judicial matizan el optimismo de alcanzar los 685.000 millones de pesos en su totalidad, los magistrados coinciden en que se trata de un proceso de recupero de activos histórico y sin precedentes en la región por su magnitud.

MEG/LT