Chiqui Tapia pagó 5 millones de pesos para que la Justicia lo deje salir del país
El presidente de la AFA debió depositar una caución para viajar a Colombia y Brasil mientras avanza la causa por evasión impositiva de la entidad.
El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país entre el 23 y el 28 de febrero de 2026. Sin embargo, el dirigente debió depositar una fianza de $5.000.000 para garantizar su sujeción al proceso judicial que lo investiga por presunta retención indebida de aportes.
Tapia solicitó la autorización para cumplir con una agenda que incluye un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Pese a la restricción migratoria vigente, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 9 dictaminó a favor del pedido, siempre que se estableciera una caución económica acorde a la naturaleza de los delitos investigados. Deberá depositarse de manera electrónica en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales.
Durante su estadía se hospedará en un hotel cuatro estrellas en Barranquilla y en uno tres estrellas en Barra de Tijuca, Brasil. Además del depósito, el dirigente deberá firmar un acta de compromiso antes de viajar y, dentro de las 48 horas posteriores a su regreso, informar su arribo al país a través del sistema judicial LEX100, adjuntando el comprobante migratorio. La resolución judicial también ordenó notificar la restricción migratoria al SIFCOP, al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones. El incumplimiento implicaría la declaración de rebeldía, la ejecución de la fianza y una orden de captura inmediata.
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La causa: $19.350 millones en juego
El expediente se inició el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA. Según la querella, la AFA habría omitido retener y depositar aportes de la seguridad social por más de $19.350.000.000 entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Las maniobras investigadas incluyen presuntas deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales, encuadradas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario. La fiscalía citó como antecedente el fallo “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura 30 días después del vencimiento legal para el depósito de fondos retenidos a terceros.
La acusación sostiene que no existía imposibilidad económica para cumplir con las obligaciones fiscales. De acuerdo con el análisis contable incorporado al expediente, la AFA recibió más de $45.072 millones en diciembre de 2024 y registró ingresos por más de $453.449 millones durante 2025, período en el cual constituyó plazos fijos en pesos y dólares.
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Según las declaraciones testimoniales, el manejo de los tributos en la AFA respondía a una estructura vertical: el personal administrativo confirmó que los pagos dependían directamente de las órdenes de Pablo Toviggino (tesorero de AFA). Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, explicó que su área se limitaba a reportar los vencimientos y quedaba a la espera de una instrucción precisa del tesorero para generar los volantes electrónicos de pago (VEP).
En la cúspide de esta organización, Claudio Tapia figuraba como el administrador general de la clave fiscal institucional. No obstante, la ingeniería financiera requería un control triple: cualquier movimiento de fondos exigía la firma mancomunada de tres autoridades. Esta responsabilidad compartida quedó plasmada en las auditorías de balance que, pese a consignar deudas fiscales millonarias, llevaban las firmas del presidente, el secretario general y el tesorero antes de ser validadas ante la Asamblea.
La estrategia de la defensa
La defensa de Tapia buscó un "frenazo" judicial mediante una excepción de falta de acción, alegando que normativas del Ministerio de Economía suspendían las ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro. Sin embargo, el juez desestimó el planteo, ratificando que el delito tributario ya estaba configurado. Ahora, la Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene la última palabra sobre la apelación que busca el sobreseimiento de la cúpula.
El calendario judicial ya marca una hoja de ruta: el 5 de marzo abrirán las indagatorias con Tapia y los apoderados de la AFA. Le seguirán, el 6 de marzo, Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo, cerrando el ciclo el 9 de marzo con las declaraciones de Víctor Blanco y Cristian Malaspina.
Mientras la Cámara define el destino procesal de la causa, el depósito de los $5 millones de fianza actúa como el salvoconducto que le permite al presidente de la AFA sostener su agenda internacional, aunque bajo la sombra de una investigación que cuestiona la transparencia en la administración del fútbol argentino.
gd