Juicio por YPF: Estados Unidos respalda a la Argentina en un punto clave y busca limitar la búsqueda de activos para embargos

El gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante la justicia de Nueva York en el que respalda el pedido de la Argentina para frenar parte del proceso judicial vinculado al caso YPF. La intervención se produjo en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera y apunta a limitar el alcance de los pedidos de información que impulsan los demandantes para identificar bienes del Estado argentino que podrían ser embargados.

El planteo fue presentado ante la jueza Loretta Preska, quien lleva adelante la causa en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York. En el documento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que algunos de los pedidos realizados por los fondos demandantes son demasiado amplios y podrían afectar principios de respeto entre Estados soberanos.

La posición del gobierno norteamericano no define el resultado final del juicio, pero le da respaldo a la estrategia de la Argentina en una etapa delicada del proceso, vinculada a la posible ejecución de la sentencia.

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El caso se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento el Estado argentino tomó el control de la empresa, que estaba en manos de la petrolera española Repsol.

El fondo Burford, que adquirió mediante compra en la Justicia española el derecho a litigar de dos ex empresas accionistas y el fondo Eton Park, iniciaron, iniciaron una demanda en tribunales de Estados Unidos al considerar que el Gobierno no cumplió con el estatuto de la empresa. Según ese argumento, al tomar el control de la compañía el Estado debía haber realizado una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones.

En 2023, la jueza Preska falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización de alrededor de 16.100 millones de dólares más intereses. Desde entonces, el país busca revertir la decisión mediante una apelación mientras intenta evitar que los demandantes avancen con el cobro de la sentencia.

En ese contexto, uno de los frentes más sensibles es el proceso conocido como “discovery”, mediante el cual los demandantes pueden solicitar información para detectar activos del Estado argentino en el exterior que eventualmente podrían ser utilizados para ejecutar el fallo.

Los abogados de los fondos impulsaron distintos pedidos de información para identificar bienes que podrían quedar sujetos a embargo. La Argentina intentó frenar ese proceso mientras se resuelve la apelación, y es precisamente ese planteo el que recibió ahora el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense.

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En su presentación ante el tribunal, el organismo señaló que permitir pedidos de información demasiado amplios sobre instituciones o funcionarios de otro país podría generar tensiones diplomáticas y abrir la puerta a reclamos similares contra Estados Unidos en tribunales extranjeros.

Aunque la definición final depende de la decisión que tome Preska, el respaldo del gobierno norteamericano representa un alivio para la estrategia judicial argentina en una causa que podría convertirse en una de las condenas económicas más grandes que enfrenta el país en tribunales internacionales.

RG/DCQ