Schoklender, De Vido y José López frente a la justicia: comienza el juicio por fraude millonario en “Sueños Compartidos”

El caso “Sueños Compartidos”, el programa de construcción de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, llega a su etapa clave: el juicio oral y público en el que serán juzgados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario José López. A poco más de 15 años, investiga un presunto desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos destinados a la construcción de casas en el gobierno de Cristina Kirchner.

Según informaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py fijó el inicio del juicio para el 11 de febrero a las 9 horas, que se realizará por videoconferencia. Ahora, la causa tiene fecha límite y urgencia procesal: si no se resuelve antes de septiembre, corre riesgo de prescripción definitiva.

Además, la llegada de los hermanos Schoklender a la Fundación siempre estuvo rodeada de polémica, no solo por su gestión en el programa, sino también por su historia familiar: fueron condenados a prisión perpetua por el parricidio de sus padres en 1981, hecho que marcó su vida pública y mediática.

El programa “Sueños Compartidos” operó entre marzo de 2008 y junio de 2011, recibiendo un total de 748 millones de pesos del Estado nacional para la construcción de viviendas en distintas provincias y municipios. Aquella investigación sostiene que 206 millones fueron desviados y que no se utilizaron en los fines previstos.

Sumado a eso, la causa tiene un segundo tramo que investiga un presunto lavado de dinero a través de la compra de bienes mediante empresas controladas por los Schoklender.

Tanto De Vido como López se encuentran actualmente detenidos en Ezeiza, cumpliendo condenas por otros casos: López por el caso Vialidad, y De Vido por la tragedia ferroviaria de Once. Ambos también enfrentan procesos judiciales adicionales, incluyendo los juicios por el caso de los cuadernos de la corrupción, que involucró a múltiples funcionarios y empresarios en un esquema de sobornos multimillonarios.

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El tribunal estará integrado por las juezas Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Grünberg, y la fiscalía por Diego Velasco. 

El inicio del conflicto de Sueños Compartidos

El escándalo de “Sueños Compartidos” estalló en mayo de 2011, cuando se hicieron públicos los manejos financieros de Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Allí, la justicia inició investigaciones sobre el programa de construcción de viviendas sociales financiado por el Estado nacional, ante la sospecha de que parte de los fondos públicos —ladrillos, materiales y mano de obra— se desviaba hacia empresas privadas y gastos personales

Siendo mayo de 2012, el juez Norberto Oyarbide ordenó la detención de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, acusados de asociación ilícita y manejo irregular de fondos públicos. Sin embargo, en 2013, la Cámara Federal anuló gran parte de las actuaciones de Oyarbide por irregularidades procesales, lo que derivó en la liberación de los imputados y el traspaso del expediente al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien retomó la investigación con un enfoque más técnico.

Acto seguido, para 2017, la causa cobró nuevo impulso. El juez Martínez de Giorgi procesó formalmente a Hebe de Bonafini, a los hermanos Schoklender y a exfuncionarios del gobierno kirchnerista como Julio De Vido y José López. La justicia determinó que existió falta de control deliberada por parte de la Secretaría de Obras Públicas, lo que permitió que la fundación gestionara millones de pesos sin los mecanismos de fiscalización que exige la ley para la obra pública. 

En mayo de 2019, la causa fue elevada a juicio oral, tras considerarse que la instrucción estaba completa. La investigación reveló que los fondos públicos habrían sido desviados a través de empresas como Meldorek y otras firmas fantasma, utilizadas para lavar dinero destinado a la construcción de viviendas. A pesar de la elevación, el inicio de las audiencias sufrió constantes postergaciones debido a recursos presentados por las defensas.

Siguiente, en noviembre de 2022, con el fallecimiento de Hebe de Bonafini, la acción penal sobre su persona quedó extinguida. Sin embargo, la responsabilidad civil y penal del resto de los acusados continúa vigente.

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Actualmente, el expediente sigue bajo revisión en instancias superiores y tribunales orales, con la fecha de inicio del juicio oral prevista para febrero de 2026. 

MV / EM