Roberto Gargarella afirmó que Argentina atraviesa una “crisis de representación radical o terminal”

El abogado y sociólogo Roberto Gargarella, en contacto con Ronda de Investigación, en uno de los segmentos por el nuevo canal de Editorial Perfil, +Perfil, advirtió que la represión de las manifestaciones sociales debe analizarse en el marco de una profunda crisis de representación política y sostuvo que la respuesta estatal frente a las protestas pone en riesgo las bases de la democracia.

Para Roberto Gargarella, el debate no se limita a la protesta callejera sino al funcionamiento mismo del sistema democrático. “Cuando estamos enfrentando temas gravísimos, importantes para todos, desde cualquier perspectiva es necesario para todos que gente que piensa distinto pueda opinar”, señaló. En ese sentido, remarcó que, “la idea de bloquear, dificultar, que la gente piense, se reúna, se manifieste, critique, digamos, es ya un gran problema”.

Los partidos políticos atraviesan una crisis de representación entre la sociedad

Asimismo, consideró que Argentina atraviesa una “crisis de representación, yo diría radical o terminal”, un fenómeno que, según explicó, también se observa en otros países. “Los partidos políticos han perdido la capacidad de representación”, afirmó, y agregó que las estructuras tradicionales fueron pensadas para “otra época”, mientras que hoy existe “una situación de hiperdispersión social y cultural”.

En ese contexto, defendió la movilización ciudadana como una herramienta imprescindible. “Es muchísimo más importante que la gente que piensa distinto o la gente que tiene opiniones, o cualquier ciudadano que quiera hacer conocer su voz”, sostuvo. Incluso aclaró que el debate trasciende el derecho a la protesta: “Yo ni siquiera hablaría del derecho de protesta, es la básica idea liberal clásica de salir, de expresarse y de manifestarse”.

Gargarella cuestionó especialmente el modelo de toma de decisiones del actual Gobierno. “Es un gobierno que se ha especializado porque cada ley, cada iniciativa que tiene, o cada decreto que presenta, es un decreto elaborado por grandes estudios jurídicos”, afirmó. A su juicio, esto refleja un sistema donde “unos pocos toman decisiones” y “un grupo de lobistas, un grupo de estudios jurídicos, un grupo de grandes empresarios, tienen una gran facilidad para capturar el proceso de toma de decisiones”.

Al analizar la política de seguridad, criticó la utilización del discurso de la “ley y el orden”. “Lo que tenemos es esta idea de la afirmación, yo diría más bien ridícula a veces, pero de la idea de la ley y el orden”, expresó. Según explicó, esa lógica se traduce en intervenciones policiales preventivas e injustificadas: “Mientras la gente no está haciendo nada es salir a tirar agua y pasar con gas pimienta”.

Se impone la necesidad de reconectar el concepto de constitucionalismo y democracia

Sobre los criterios para la actuación de las fuerzas de seguridad, el constitucionalista sostuvo que internacionalmente existen parámetros relativamente claros: “Si uno está generando un daño grave en otros o en la propiedad, la idea es que ese tipo de acciones se pueden buscar prevenir o disuadir”. Sin embargo, insistió en que el problema de fondo es institucional: “Hay que volver a conectar lo que yo llamaría constitucionalismo y democracia”.

También advirtió sobre la creciente utilización política de la represión. “Es la construcción de este tipo de situaciones de represión”, dijo, y agregó: “Es lo que se busca hacer para decir nuestra marca de funcionamiento es la ley del orden, donde orden tiene que ver con violencia y silencio”.