Daniel Erbetta: “Es responsabilidad de la política que la Corte Suprema esté funcionando con 3 miembros”

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, advierte que el sistema judicial argentino enfrenta una crisis profunda y que la composición reducida de la Corte Nacional compromete la legitimidad de sus fallos. Según lo dijo en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), “los jueces no son empleados de ningún poder político, no son empleados del Poder Ejecutivo”, y señaló que la concentración de funciones y la falta de vacantes cubiertas generan una deuda social y una desconexión con las demandas ciudadanas.

El juez y funcionario judicial Daniel Erbetta es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, cargo que ocupa desde diciembre de 2007, tras su designación por el entonces gobernador Jorge Obeid. Es especialista en derecho penal y tuvo una destacada carrera académica: fue profesor titular de derecho penal en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), director del Departamento de Derecho Penal y de la carrera de posgrado y también se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho. Además, presidió la Corte santafesina en 2017 y fue elegido para presidirla.

Me gustaría primero una reflexión de este año judicial que estamos terminando y, especialmente, sobre el funcionamiento de la Corte Suprema Nacional, que trabajó con solo tres miembros. Ayer hubo un intercambio de opiniones luego de que el juez Rosenkrantz respondiera una nota periodística en la que marcaba distancia de cualquier opinión que pudiera implicar prejuzgamiento por parte de la Corte. 

Mi balance no es positivo. Obviamente creo que la Argentina se debe una profunda reingeniería institucional. Lamentablemente, la política está muy debilitada y atravesada por la misma crisis que afecta a los poderes judiciales o a la justicia. La justicia es un valor; lo que existen son poderes judiciales, y son muy diferentes entre sí. En este caso, hablando con todo respeto de un tema de interés público, no ha sido un año positivo.

Es imposible tener una Corte Nacional de cinco miembros, peor aún integrada por tres varones, y peor aún en un año en el que se apeló a una metodología absolutamente inconstitucional, como la no designación y hasta la jura de un integrante de la Corte mediante un procedimiento vedado por la Constitución. La Constitución Nacional es clara respecto del modo en que se proponen y se designan los ministros de la Corte Nacional. Jamás puede apelarse al artículo 99, creo que inciso 19, que nada tiene que ver con los jueces. Los jueces no son empleados de ningún poder político ni del Poder Ejecutivo. Ese artículo refiere a otros destinatarios, especialmente después de la reforma de 1994.

Además, se llegó a integrar la Corte con alguien que no tenía legitimidad de origen y que firmó más de 300 o 400 fallos, algunos de impacto muy importante. Con todo respeto por los integrantes de la Corte, a quienes conozco y con algunos tengo incluso una relación de afecto, y sin cuestionar su jerarquía ni antecedentes, da la impresión de que desde el Poder Judicial tenemos una deuda muy profunda. Esta no es la mejor manera de zanjar la desconexión social entre las demandas de la sociedad y un poder del Estado que forma parte de la estructura de gobierno.

El Poder Judicial gobierna junto al Ejecutivo y al Legislativo. Por eso es un poder político en términos institucionales. Sus actos, sentencias y procedimientos deben ser públicos, transparentes y racionales, como todo acto de gobierno. Su función es gestionar conflictos y poner límites a los abusos del poder, no solo de los poderes públicos, sino también de los poderes concentrados, a los que Luigi Ferrajoli llamaba poderes salvajes.

Estamos viviendo una época compleja. La deuda del Poder Judicial es muy grande, y lo digo desde una mirada autocrítica.

Que haya solo tres miembros y no estén cubiertas las cinco vacantes es responsabilidad de la política y del Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad que trasciende a la Corte, porque la Corte no puede nombrar a los jueces que faltan.

Sin duda, es una responsabilidad política por no cubrir las vacantes y por patologías institucionales. Tenemos un procurador interino. Está pendiente la reforma de Comodoro Py, de un sistema que la propia Corte declaró inconstitucional hace 20 años. La Corte obligó a muchas provincias a modificar sus sistemas de investigación y enjuiciamiento penal y, tolera el funcionamiento de un sistema penal federal que es francamente inconstitucional.

También es responsabilidad política no repensar la integración y las funciones de la Corte Nacional. No puede jactarse de haber dictado 17.000 sentencias en un año y resuelto casi 29.000 causas. Es una preocupación, porque la función jurisdiccional es personal e indelegable. La independencia judicial es una garantía del ciudadano, no un privilegio del juez. La delegación funcional afecta gravemente esa independencia.

Si tres jueces dictaron más de 17.000 sentencias en un año, algo no cierra. El problema no es solo la cantidad de miembros, sino las funciones que se le asignan a la Corte. Se sumó al control de constitucionalidad la doctrina de la arbitrariedad, que convirtió a la Corte en una tercera instancia general. A eso se le agregó el gobierno del Poder Judicial y la presidencia del Consejo de la Magistratura. Es una concentración de funciones difícil de sostener.

En otros países, la Corte toma pocos casos de extrema relevancia federal. No 20.000. Para eso están las cortes provinciales. La doctrina de la arbitrariedad, que no está en la Ley 48, nació como una excepción y hoy explica la mayoría de los casos que llegan a la Corte. Esto amerita una revisión profunda del sistema. La relación entre los poderes debe basarse en el respeto mutuo y el diálogo, sin afectar la independencia. En Santa Fe hubo un período complejo, pero se fue superando. El asado de fin de año fue solo un gesto institucional del gobernador para conversar sobre temas generales.

El Poder Judicial debe enfocarse en resolver problemas de la gente, tratarla con respeto y dar respuestas en tiempos razonables. No alcanza con sumar cargos o presupuesto. Hace falta una reingeniería cualitativa en los modelos de organización, los procesos de trabajo y los modos de litigación.

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MV