"Si un juez está temeroso, la sociedad está en problemas", advirtió el magistrado de la provincia de Tucumán, Mario Velázquez, al explicar qué es la Red de Jueces y juezas penales de la República Argentina, que fue presentada el 5 de diciembre en la Universidad de Buenos Aires. "Las decisiones que toman los jueces no pueden ser motivos de destitución", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).
Mario Velázquez es un magistrado del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Actualmente se desempeña como juez del Colegio de Jueces Penales en el Centro Judicial de Monteros y también se desempeñó en el pasado como magistrado delegado de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Me gustaría que le contara a la audiencia como parte de los integrante de la Red de jueces y juezas penales de la República Argentina, ¿qué es esta organización, cuál es el motivo y qué es lo que defienden?
Es una red que acabamos de conformar hace muy poquito tiempo, la hemos presentado en sociedad el día 5 de diciembre en el salón azul de la Universidad de Buenos Aires con la gestión del departamento de Derecho Penal, ahí nos hemos reunido más de 100 colegas de todo el país.
Aclarar algunas consideraciones que me parecen importantes. En primer lugar, la red no es una estructura corporativa, es una necesidad que muchas juezas y jueces del país veníamos observando desde hace tiempo de salir los jueces y juezas de nuestra zona de confort, restablecer un vínculo con la sociedad y con la gente.
Una característica de la misma es que es absolutamente federal, una estructura horizontal donde obviamente no hay jerarquías, y entendiendo que el Poder Judicial desde hace mucho tiempo viene sufriendo una deslegitimación muy importante. Y la realidad es que existen en nuestro país muchas juezas y jueces que realmente trabajan incansablemente, y a pesar de esa labora, las cuestiones no son visibilizadas.
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Nosotros no creemos que este sea un problema de la gente, sino que en primer lugar es un problema nuestro, en el sentido de que tenemos que auto interpelarnos, hacer una autocrítica de que seguramente muchísimas cosas no hemos venido haciendo bien, pero, particularmente, la necesidad de la conformación de esta red siempre toda organización del Poder Judicial y de juezas y jueces exclusivamente tiene como norte defender la independencia.
Perdón que lo interrumpa, si usted tuviera que explicar, a ver si esta síntesis que realizo es correcta, la red que ustedes integran aspira a hacer una autocrítica del funcionamiento de la Justicia desde dentro.
Desde dentro de la Justicia, por los propios operadores, y poner en valor lo que implica sostener el Poder Judicial a través de la adjudicatura en un Estado de Derecho.
La independencia Judicial no es una garantía de las juezas y jueces, es una garantía de los ciudadanos.
Perdón que lo vuelva a interrumpir. ¿Parte de la autocrítica es que ustedes consideran que el Poder Judicial no es independiente?
No, lo que nosotros consideramos es que, últimamente, se están sucediendo cuestiones que tienen que ver con ataques a la independencia del Poder Judicial. En distintos lugares del país, ante pronunciamientos de decisiones jurisdiccionales, los jueces y juezas son sometidos a procesos, en algunos casos de destitución a través de juicios políticos o jury, en casos muy marcados, sujetos a denuncias penales.
Perdón que lo vuelva a interrumpir. ¿Esto no se da aquí en Comodoro Py, no se da en la Ciudad de Buenos Aires, es un fenómeno que se da en el interior por lo que interpreto? porque acá no vemos ningún jury a ningún juez federal de la Argentina.
¿Lo que usted ve es que este es un fenómeno que se da en el interior de la Argentina?
En casi todas las provincias de la República Argentina existen procesos de destitución de juezas y jueces. La particularidad a la que usted hace mención, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay colegas que han recibido denuncias ante el Consejo Asesor de la Magistratura, que luego creo que fueron obviamente descartadas. Pero inclusive denuncias ante el fuero penal, de juezas y jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De jueces federales no conozco ninguna cuestión de Comodoro Py que haya sido alguien sometido a un proceso de destitución.
Pareciera haber un problema distinto, le pido que me ayude, estoy tratando de transmitir a la audiencia de forma masiva lo que es el área de especialidad de ustedes. Pareciera ser que en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires tanto los llamados nacionales como los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nadie ha sido destituido, mientras que en el interior todos los días, o todos los meses, hay jueces destituidos.
Lo que indicaría que algo distinto está pasando en el interior que aquí. Los gobernadores parecerían tener más poder que aquí sobre los jueces de su provincia que el Poder Ejecutivo nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires sobre los jueces nacionales y locales. ¿Lo estoy sintetizando bien doctor?
Usted hace mención a que en el Justicia Federal no ha habido ningún juez destituido, creo que en el curso de esta semana se destituyó a un juez federal de Mar del Plata, por una causa en la cual estaba involucrado. Lo que sucede en las provincias, obviamente...
Perdóneme que lo interrumpa, pero nuevamente, es Mar del Plata, que pasa fuera del radar...
Pero es un juez federal.
Lo que quiero decir, es que con Comodoro Py y los jueces que están en la Ciudad de Buenos Aires, esto no pasa. Y usted nos marca que, a lo mejor para los medios nacionales pasa fuera del radar, todos los meses se destituye un juez en las distintas provincias de la Argentina. Por eso le preguntaba, ¿a qué atribuye usted que pase en las provincias y no pase en la Ciudad de Buenos Aires con los jueces nacionales, no federales, en todos los fueros?
Esa explicación, de por qué pasa eso en el resto de las provincias quizás puede ser la valoración que usted hace, en el sentido de que la relación del Poder Judicial con el resto de los poderes del Estado está marcada por otra agenda.
Generalmente, cada vez que sucede algún hecho desgraciado de seguridad, pareciera ser que es responsabilidad de un juez o una jueza que tomó una decisión en el marco de un proceso. La seguridad es una cuestión que está dentro de la órbita constitucional de todos los poderes ejecutivos que existen y conforman la Nación argentina, los gobiernos son los responsables.
Por supuesto que el Poder Judicial, y en el ámbito del Derecho Penal, es un Derecho Penal del acto, nosotros actuamos cuando el hecho típico antijurídico y culpable sucedió, vamos detrás de los acontecimientos. En los sistemas acusatorios, las acusaciones penales son llevadas a cargo por el Ministerio Público de la Acusación y el juez resuelve en audiencias lo que las partes requieran.
Lo que tiene que quedar claro, es que para nada nosotros como red estamos diciendo que las comisiones de Juicio Político, los jurys de enjuiciamiento, no son mecanismos de control a los cuales nosotros nos tenemos que someter, usted no va a leer ninguna crónica de que algún juez o jueza haya cuestionado la conformación de los juicios políticos.
Lo que nosotros sostenemos es que las decisiones que toman los jueces no pueden ser motivos de destitución. Existen los recursos que tienen las partes desde el punto de vista del ordenamiento procesal a los fines de hacer valer sus derechos y, en el caso particular, esta red emitió un primer pronunciamiento en relación a la situación particular que está atravesando un juez de ejecución de la provincia de Mendoza, el cual en este momento está siendo suspendido por una comisión de juicio político.
La suspensión no solo implica que el juez dejó de prestar servicio, sino que también sufre una merma en sus haberes. Las jueces y juezas de la Argentina vivimos de nuestro salario y tenemos inhabilitado cualquier otro tipo de ejercicio de profesión a través de lo académico y lo que sostenemos, a la par de otras organizaciones que también se expidieron en este sentido, como la Red de juezas y jueces penales de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Jueces de Ejecución Penal, una comisión que tiene la Universidad de Buenos Aires que se encarga de estudiar las cuestiones relacionadas con la ejecución de la pena, también se expidieron en el sentido no de una defensa particular del colega, sino en el sentido de que este tipo de situaciones que impliquen juzgar a un juez por lo que decidió a través de un proceso, controlado por las partes, y está claro que esa decisión puede ser motivo de recursos, a este colega incluso los motivos por los que está siendo enjuiciado la gran mayoría de las decisiones que tomó no tuvieron ningún tipo de recursos por parte del Ministerio Público de la Acusación en el caso particular.
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Y a su vez, tenemos una pirámide jurídica que tenemos que respetar. Hace muy poco tiempo, en el caso Lynn vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado argentino por cuestiones que tienen que ver con la situación de la ejecución de las penas. Argentina tiene firmados tratados que los jueces estamos obligados a respetar, es un deber ser que tiene la adjudicatura.
Por supuesto que cuando un colega es sometido, en una provincia, a un proceso de destitución en lo particular, también genera una situación en el resto de, uno podría interpretar, disciplinamiento. Fijate Mario Velázquez lo que le pasa hoy y qué es lo que va a pasar mañana con vos si decidís garantir todos los derechos y garantías que tiene el imputado y que tiene la víctima también.
Recuerdo el caso de la doctora Karina Andrade, cuando liberó a los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires que habían hecho el protocolo de la entonces ministra Patricia Bullrich. Ella tuvo denuncia pero finalmente salió airosa.
Usted recordará que no solo a la doctora Karina se la denunció ante el Consejo, sino que le interpusieron una denuncia penal.
¿Usted encuentra algún punto de contacto con el caso de Mendoza?
No. Lo que uno puede ver es que Argentina actualmente sufre un problema de absoluta desigualdad en muchos sentidos y hay necesidades, obviamente, que quizás para el común de los ciudadanos son prioritarias y pareciera ser que las garantías que tenemos nosotros como ciudadanos están fuera de la agenda de la discusión pública.
Nosotros, en algún punto, queremos desde esta red restablecer un vínculo con la academia, con el periodismo, no hablar sobre el caso concreto, que generalmente los casos que manejamos tienen que ver con la pérdida de vidas humanas y en el medio de esa situación de absoluto dolor y que priman las cuestiones emocionales, no se puede tener una discusión en términos jurídicos.
Pero nos tenemos que hacer cargo de la necesidad de que el Poder Judicial en Argentina tenga el valor que tiene que tener. Pareciera ser, lamentablemente, por lo que uno escucha todos los días de las máximas autoridades del poder, hablando despectivamente del garantismo, identificándolo con alguien con quien uno puede compartir o no su pensamiento jurídico y filosófico.
Lo cierto es que si un juez no respeta las garantías que tienen los ciudadanos de a pie, estamos en problema. Luigi Ferrajoli nos recuerda siempre eso, en la aplicación del Derecho Penal es donde un Estado constitucional se legitima en función de que es el ejercicio del Poder Ejecutivo sobre el ciudadano de a pie.
Quiero tratar de sintetizar para que la audiencia pueda comprender y usted me corrige. Lo que estamos hablando es que hay incurrimiento de la sociedad y de la política hacia la derecha y que a los jueces que aplican el llamado 'garantismo', hoy peyorativamente, los tienden a sancionar, que ese intento de sanción en la Ciudad de Buenos Aires con la enorme cantidad de medios de comunicación que permiten que haya una diversidad de discursos los pone no a cubierto de que no sean denunciados sino que luego no sean condenados, no terminen siendo suspendidos o directamente sacados de sus cargos.
Pero en el interior, donde el sistema de medios es mucho menos robusto, donde en líneas generales a lo mejor en cada provincia hay un solo medio importante a lo mejor alienado con el gobernador, la independencia judicial es mucho menor de la que es en la Ciudad de Buenos Aires por las particularidades sociales y comunicativas de la Ciudad de Buenos Aires.
La tendencia es la misma, hay una tendencia a penar el garantismo, nada más que aquí, por distintos motivos, los jueces tienen un pco más de defensa que en el interior. Y lo que están denunciando es la indefensión de los jueces frente a estas situaciones. ¿Lo estoy sintetizando bien?
Sí, perfecto. Obviamente, la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es absolutamente distinta a lo que ocurre en el interior del país.
Existe una tensión permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en algunos lugares con una intensidad muy marcada a través de estos procedimientos sobre los cuales nosotros nos preocupan de sobre manera y que quede claro, nosotros no queremos decir que no está bien que los jueces rindan cuentas. Tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, lo que no se puede hacer es tolerar o naturalizar sistemas de disciplinamiento que impliquen que no solo ese colega que se ve en la coyuntura afectado por una decisión que tomó en el marco de un proceso al que llevaron a conocimiento las partes, sino por lo que eso significa en el afuera.
Y que no es una garantía del justiciable, algún filosófico jurídico determinó que el derecho vale lo que valen los jueces y si un juez está temeroso, la sociedad está en problema.
Lo mismo decimos nosotros. La libertad de prensa no es un derecho a favor de los periodistas, es un derecho a favor de la ciudadanía de ser informada, así que obviamente la independencia de la justicia no es a favor de los jueces, sino de todas las personas que van a ser juzgadas.
Agradecerle a usted, un medio tan importante, que se haya hecho eco de esta cuestión y queremos establecer este desafío de establecer discusiones profundas que necesitamos como sociedad en la construcción ciudadana y la importancia que tiene en toda sociedad democrática un poder judicial robusto en los términos que le acabo de decir. No de espaldas a la gente, sino explicarles cuál es nuestra función y cuáles son las cosas que bajo ningún concepto podemos dejar de respetar.
