Habitualmente suele decirse que el plan económico del Gobierno es exitoso en la macroeconomía , pero cuestionable en la microeconomía, es decir, en las condiciones del día a día de la gente. Sin embargo, el Riesgo País de ayer, pasando los 900 puntos, cuestiona este planteo y empieza a evidenciar lo débil que es simultáneamente el orden macro y microeconómico del Gobierno. 

La realidad es que hoy Milei enfrenta la posibilidad de una explosión de la microeconomía con una situación que, como lo que sucede en Europa, encienda una rebelión de la gente que, en sus propias palabras, “experimenta privaciones”. Pero también puede enfrentar una explosión del orden macroeconómico porque los mercados empiezan a ver no solo que tiene riesgo de perder las elecciones sino que, al caer la actividad económica y su recaudación, se hace insostenible su superávit fiscal y prefieren llevar sus activos hacia posiciones más seguras. 

Además, hay analistas que hacen cuentas y notan que Caputo no tiene los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda del año que viene y tras la derrota de Trump en Estados Unidos, no queda claro si Bessent lo rescataría nuevamente, como ya hizo en 2025. Esta es, en el fondo, la principal razón de por qué quiere suspender las PASO, porque si efectivamente las elecciones se hacen en agosto del año que viene, adelanta la incertidumbre financiera varios meses y los mercados en breve empezarían a temblar peor que ahora a cada mala encuesta o noticia de unidad en la oposición. 

Los mercados funcionan por anticipación y ya existió la corrida cambiaria que representó la derrota de Macri en las PASO de 2019. Si hay evidencia de que Milei pierde, la tensión sobre el dólar empezaría bastante tiempo antes; de hecho, de alguna manera ya empezó. Y como otro síntoma, por primera vez en 13 meses, desde antes de las turbulencias de las elecciones de septiembre de 2025, la brecha cambiaria no superaba el 10% y ayer el Contado con liquidación pasó a 12% mayor que el oficial subiendo 50 pesos en un día.

Milei, cada vez que se desordena su orden macroeconómico y crece el Riesgo País, habla de Riesgo Kuka. La realidad es que ahora el problema es el Riesgo Peluca, o sea su propio riesgo, el de un plan económico inconsistente, que puede explotar tanto porque la gente se harte de sufrir privaciones, como sucede en distintos lugares del mundo, o porque se quede sin dinero para pagar deudas porque básicamente se basó en el endeudamiento externo y el cambio de condiciones políticas en Estados Unidos lo deje sin esa fuente de dólares.

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Ahora, estos dos riesgos, el macro y el micro, no son compartimentos estancos: se relacionan y retroalimentan.

En el plano macroeconómico, el foco de tensión radica en una eventual crisis de confianza respecto de la disponibilidad futura de divisas. La combinación de un tipo de cambio real apreciado —cuya sostenibilidad depende de contrastar competitividad, productividad y flujos de capital—, reservas netas aún exigidas, vencimientos de deuda en moneda extranjera y dificultades para refinanciarse en los mercados voluntarios alimenta el temor a una escasez de dólares. A diferencia de los procesos sociales, los desequilibrios financieros suelen tener indicadores observables y operan bajo la lógica de las profecías autocumplidas: cuando los agentes económicos anticipan problemas, compran divisas, venden bonos y retiran financiamiento, acelerando precisamente la corrida que temían.

En la microeconomía, en cambio, el riesgo es de naturaleza social y se acumula de manera mucho más silenciosa hasta que supera la capacidad de adaptación de los hogares y las empresas. Allí el desgaste se expresa en la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de comercios e industrias, la caída sostenida del consumo, el creciente endeudamiento familiar y el deterioro de las prestaciones públicas. Ante este cuadro, las familias primero agotan ahorros, recortan gastos y buscan ingresos extra, mientras las empresas achican márgenes y postergan inversiones. Sin embargo, esa resistencia tiene un límite: aunque el malestar generalizado no desemboca automáticamente en un estallido sin que medien factores de organización, percepción de injusticia o un hecho desencadenante, un acontecimiento puntual puede funcionar como el fósforo que encienda la conflictividad cuando se agota la paciencia social.

El problema más complejo para la gestión económica es que ambos frentes no solo coexisten, sino que pueden multiplicarse mutuamente. Una corrida cambiaria o una salida de capitales forzará una devaluación y un rebrote inflacionario que golpeará de lleno sobre los ingresos reales, agravando la tensión en la calle; al mismo tiempo, un aumento de la conflictividad social y el reclamo por recomponer ingresos erosionan la viabilidad política del programa, generan incertidumbre y disparan la dolarización de carteras. Cuando la estabilidad financiera y la fragilidad social entran en colisión simultánea, las herramientas diseñadas para calmar a los mercados suelen enfriar aún más la actividad cotidiana, y viceversa.

Otro de los nudos de micro y macro es el siguiente. El ajuste a las familias produce recesión. La recesión reduce la recaudación y le hace perder superávit al Gobierno; en otras palabras, no hay un plan macroeconómico consistente si la microeconomía se achica de manera sostenida. Todo ajuste implica una caída inicial, como un remedio con efectos secundarios que sin embargo cura a un paciente que empieza a mejorar: si el remedio deja mal al paciente todo el tiempo, ya no funciona como tal. Además, este ajuste tampoco es sostenible con obra pública cero ni con recortes a personas con discapacidad. Para mantener el programa en pie, era necesario que la economía volviera a crecer para recaudar más y, a partir de esa mayor recaudación, recuperar tanto la obra pública —antes de que el deterioro sea irreversible— como la atención a la discapacidad —antes de que lo fuerce una ley, como acaba de ocurrir—, sin poner en riesgo el superávit.

De este modo, el programa económico enfrenta una doble prueba de sostenibilidad que obliga a mirar dos tableros en paralelo: el de las reservas, la deuda, la brecha cambiaria y el riesgo país por un lado; y el del empleo, los salarios reales, la morosidad, los cierres de empresas y la conflictividad por el otro. Queda abierta así la pregunta de fondo sobre si es posible preservar indefinidamente el orden macroeconómico sobre una economía real que no logra despegar, o si la economía real puede recuperarse de forma sostenida mientras persistan las dudas sobre el frente cambiario y financiero. En última instancia, la macro puede quebrarse cuando se agotan los dólares y la micro cuando se agota la paciencia, pero el verdadero peligro reside en que la escasez de una termine acelerando el agotamiento de la otra.

Ahora, veamos efectivamente cómo andamos de dólares de cara a los vencimientos del año que viene. El programa financiero oficial proyectaba llegar al final de 2026 con alrededor de US$ 3.700 millones guardados en la cuenta del Tesoro en el Banco Central (BCRA), un colchón clave para empezar el año sin sobresaltos. Sin embargo, tras los pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros compromisos recientes, ese saldo se redujo a apenas US$ 60 a US$ 100 millones. Esa diferencia obliga al Tesoro a comprar divisas directamente al Central o buscar financiamiento puente antes de enero, cuando vence un primer pago pesado de bonos Bonares y Globales por más de US$ 4.500 millones.

Si ampliamos la mirada a todo 2027, los compromisos en moneda extranjera suman unos US$ 28.000 millones en vencimientos totales de deuda, a los que se agregan alrededor de US$ 5.600 millones de pagos netos al FMI. Al descontar los desembolsos previstos de organismos internacionales y las compras de divisas programadas al Banco Central, queda igualmente un bache financiero de al menos US$ 17.000 millones. En términos prácticos, cubrir ese agujero significa lograr hacer rollover (renovar deuda vieja emitiendo nueva), acordar canjes con los acreedores o conseguir dólares frescos de otras fuentes.

El problema es que, con el Riesgo País oscilando en torno a los 850 puntos básicos, el acceso al mercado voluntario de deuda internacional a tasas pagables sigue cerrado. Cuando un país tiene ese nivel de riesgo, emitir bonos en Wall Street resulta demasiado caro o directamente inviable, por lo que el Gobierno no puede refinanciar vencimientos de capital por esa vía y queda dependiendo casi exclusivamente del mercado doméstico (colocando títulos locales en dólares), de préstamos repo con bancos internacionales o de acuerdos bilaterales.

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A esta restricción externa se suma una dinámica cambiaria más exigente en el frente interno. Durante el segundo semestre de 2026, el ritmo de compras del Banco Central en el mercado oficial se desaceleró con fuerza, pasando de un promedio de US$ 1.900 millones mensuales en la primera mitad del año a menos de US$ 900 millones por mes entre agosto y octubre, mientras creció la demanda de divisas para atesoramiento por parte del público. De hecho, antes de que hubiese cualquier riesgo de derrota electoral, desde que se levantó el cepo a las personas físicas, los argentinos compraron 2400 millones de dólares mensuales. En 18 meses se compraron casi US$ 43.000 millones. En un momento, con la derrota bonaerense, el promedio pasó a US$ 4.000 millones mensuales. Esto implica una cosa: en agosto del año que viene, o devalúa o vuelve a poner el cepo a las personas físicas.

Además, no nos olvidemos de que Brasil devaluó el real y está muy barato para los argentinos. Es decir, este verano se van a ir muchos dólares por las costas de Florianópolis.

Por otro lado, el año que viene, al ser 2027 un año electoral, la dolarización de carteras suele intensificarse, lo que presiona sobre las reservas internacionales y reduce el margen para que el Central le venda dólares al Tesoro sin tensionar el esquema cambiario.

Frente a este panorama, la apuesta oficial para cerrar la brecha se apoya en tres pilares: una baja del riesgo país en los próximos meses que permita encarar un canje de deuda, las liquidaciones de energía y minería impulsadas por el RIGI —que el ministro Luis Caputo estima en unos US$ 15.000 millones a partir de 2027— y eventuales líneas de respaldo financiero externo o privatizaciones. En síntesis, los dólares disponibles hoy en la caja del Tesoro no alcanzan para afrontar los vencimientos del próximo año sin comprometer las reservas del Banco Central, por lo que el equilibrio financiero dependerá de que el crédito externo vuelva a abrirse o de que ingresen capitales extraordinarios a tiempo.

Ahora bien, analicemos el riesgo de que explote la micro, es decir, que se termine la paciencia social. Medir la posibilidad de un estallido social no es como observar una cotización financiera, porque no existe un índice único que marque el instante exacto en que se agota la paciencia colectiva. Sin embargo, los análisis de la ciencia política, la sociología y la economía permiten observar una serie de indicadores concretos que funcionan como termómetros del malestar acumulado y de la capacidad que tiene una sociedad para absorberlo o canalizarlo sin romper el orden institucional.

El primer grupo de señales tiene que ver con el agotamiento económico de los hogares, es decir, cuánto margen les queda a las familias antes de quedarse sin herramientas de adaptación individual. Uno de los indicadores más sensibles es la morosidad y el sobreendeudamiento familiar: según los registros del sistema financiero hacia fines de 2026, más de 6 millones de personas presentan atrasos en bancos o billeteras virtuales, con una mora bancaria del 12,2% en hogares y picos del 17% en préstamos personales, niveles inéditos desde 2001 que muestran que gran parte de la clase media y trabajadora ya consumió sus ahorros y financia gastos corrientes con deuda. A esto se suman los datos de pobreza e indigencia —que el INDEC ubicó en 32,3% y 7,5% respectivamente en el primer semestre de 2026, mientras el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte pisos estructurales superiores al 40%—, junto con una tasa de desocupación cercana al 7,9% y una subocupación del 11,5% que estrechan la capacidad de absorción del mercado laboral.

Sin embargo, el deterioro material por sí solo no garantiza una revuelta si siguen funcionando ciertos amortiguadores sociales e institucionales. Por un lado, las transferencias estatales directas, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, actúan como un dique de contención en los sectores más vulnerables mientras logren sostener su poder de compra frente a la canasta básica alimentaria. Por otro lado, la cercanía del calendario electoral —como las elecciones primarias de agosto de 2027— suele operar como una válvula de escape ambivalente, ya que parte de la población tiende a postergar la protesta callejera con la expectativa de expresar su descontento o respaldo en las urnas.

 Al mismo tiempo, la dinámica de las organizaciones intermediarias juega un papel decisivo: mientras la fragmentación política y sindical suele dispersar el malestar hacia formas individuales de retraimiento o apatía, los gestos de respaldo institucional pueden modificar ese equilibrio. En ese sentido, diversos analistas políticos y sociales señalan que la reciente visita del Papa León XIV contribuyó a relegitimar el rol de los sindicatos como actores de mediación y a validar públicamente las demandas sociales frente al ajuste, devolviéndoles centralidad y capacidad de articulación en el debate público.

Finalmente, para evaluar si el combustible acumulado puede encenderse, los observadores prestan atención a los catalizadores y al clima emocional de la opinión pública. Allí resultan clave la aparición de protestas espontáneas de vecinos o trabajadores por fuera de las estructuras partidarias tradicionales, el quiebre de la expectativa de futuro —cuando la sociedad deja de percibir que el sacrificio presente conducirá a una mejora— y la irrupción de algún acontecimiento puntual que condense la percepción de injusticia y rompa el umbral de tolerancia. De este modo, el escenario muestra una tensión latente entre un frente económico doméstico muy exigido y mecanismos de contención que todavía operan, pero cuya estabilidad depende en buena medida de que no se produzca un sobresalto cambiario o inflacionario que desarme esos equilibrios de manera abrupta.

Si Patricia Bullrich quisiese efectivamente diferenciarse de Milei y, por ejemplo, retirase sus cuadros del Ministerio de Seguridad, podría dejar a Milei desarmado a la hora de enfrentar un aumento de la conflictividad social causado por la aplicación de su política económica. Después de todo, quien efectivamente logró reducir drásticamente los piquetes fue Bullrich con su método, no Milei.

Por otro lado, el Gobierno se expone a la hora de intentar suspender las PASO. Si lo logra, efectivamente puede ganar algunos meses de tranquilidad, pero si no lo logra, esto podría anticipar aún más la sensación de crisis, por la importancia que el propio gobierno le dio, casi crucial, a eliminarla.

Como siempre decimos en estos casos, esperemos estar equivocados.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

MEG