Día 852: Alhorni

Hoy se cumple un mes desde que estalló el escándalo Manuel Adorni. Hace un mes, en una entrevista televisiva, el exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete se justificaba diciendo que había ido a “deslomarse” a Nueva York y quería que su mujer lo acompañara. Luego, como una bola de nieve bajando desde la cima de una montaña nevada, no han parado de sumarse nuevos: propiedades con algún grado de lujo, compradas con maniobras sospechosas, gastos difíciles de justificar, y declaraciones en los medios que no hacen más que hundirlo cada vez más. 

El ingenio popular rebautizó en las redes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como “Alhorni”, jugando con la frase “estar al horno”. Porque, aunque todavía Milei lo sostenga en su cargo, cada vez se lo ve más complicado ante la Justicia y la opinión pública. Podríamos decir que el gobierno entero empieza a quedar “alhorni”. Porque a las complicaciones judiciales se le suman escándalos que ya no pueden aislarse como casos individuales. El episodio de $LIBRA, con nuevas revelaciones que incluso fueron publicadas en el New York Times, destacando siete llamadas entre Milei y Mauricio Novelli en momentos clave del lanzamiento de la cripto estafa.

Y a eso se agrega el caso ANDIS, que a la filtración de los audios por desvío de fondos para personas con discapacidad ahora se suma la revelación de un desvío de fondos por aproximadamente 76 mil millones de pesos.

Además de otro escándalo reciente, el de los préstamos del Banco Nación, que golpea al corazón del relato oficial. En los últimos días se conoció que al menos una veintena de funcionarios y legisladores vinculados al gobierno accedieron a créditos millonarios otorgados por la banca pública, con montos que en algunos casos superan los 500 millones de pesos, plazos de hasta 30 años y tasas cercanas al 4,5%, muy por debajo de las condiciones de mercado. 

Estos beneficios alcanzaron a figuras clave del equipo económico como Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe, entre otros, lo que desató denuncias judiciales por posible defraudación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. En su última entrevista televisiva, el Presidente se justificaba por los escándalos de préstamos en el Banco Nación. La Justicia será quien tenga que determinar si los funcionarios incurrieron o no en un delito. Sin embargo, la distinción entre legalidad y legitimidad es clave para entender el trasfondo ético de afirmaciones como la de Javier Milei. Se justifica desde sus principios anarco-capitalistas, la defensa de la libertad y la vida.

El filósofo Immanuel Kant, en su trabajo “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” (1785), desarrolló una máxima ética, el “imperativo categórico”: “Obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal”. Es decir, que el comportamiento individual —y más aún el de quienes ejercen el poder— debe poder sostenerse como regla general sin generar contradicciones ni privilegios. Bajo esa luz, el problema no es solo si estos créditos eran legales, sino si podrían justificarse como práctica extendida sin erosionar la idea misma de igualdad ante el Estado.

La legalidad remite al cumplimiento formal de la ley: si un funcionario accede a un crédito del Estado su conducta puede considerarse jurídicamente válida. Sin embargo, la legitimidad pertenece a otro plano: el de la aceptación social, la justicia percibida y la coherencia ética del acto. Estamos hablando de un presidente que hizo campaña diciendo que iba a cerrar el Banco Central y privatizar el Banco Nación, y acusaba a todo el mundo de delincuentes simplemente por trabajar para el Estado o recibir un subsidio.

En un contexto donde el propio gobierno construyó su identidad sobre la crítica al Estado y la consigna de que “no hay plata”, la imagen de funcionarios accediendo a créditos privilegiados de un banco público genera una contradicción difícil de explicar y alimenta la percepción de una nueva élite beneficiada por el poder.

Lo legal fija el piso, pero la legitimidad marca el techo de lo aceptable. Cuando ese techo se erosiona, incluso sin delitos, se debilita la confianza pública, que es un activo central para cualquier gobierno.

Con el objetivo de tapar los escándalos de corrupción que sacuden al oficialismo, Milei arremetió nuevamente contra los periodistas. Hoy, las tapas de los diarios con distintas orientaciones políticas reflejan los avances de la Justicia en las investigaciones contra Manuel Adorni.

La Justicia ordenó el levantamiento de su secreto fiscal, bancario y financiero, así como el de su esposa y una empresa vinculada. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y aprobada por el juez Ariel Lijo, con el objetivo de profundizar dos ejes clave: los viajes al exterior del funcionario y la adquisición de propiedades mediante mecanismos como hipotecas privadas. También se levantó el secreto de otras personas involucradas en estas operaciones.

La causa busca reconstruir la trazabilidad del patrimonio y los movimientos económicos de Adorni, incluyendo ingresos, bienes, deudas, declaraciones juradas y vínculos comerciales. 

Ahora, una nueva revelación indica que habría comprado el pasaje para su esposa, Bettina Angeletti, por más de 5.000 dólares para el regreso desde Nueva York, que fue gestionado desde la plataforma oficial de Jefatura de Gabinete, reservado desde la página “jefatura.gob.ar”. Esto deja en evidencia algo que Adorni dijo en su última conferencia.

Si bien volar en primera clase no constituye un delito, el foco de la investigación está en la aparente inconsistencia entre los ingresos declarados de Adorni y su nivel de gastos. Solo en pasajes se acumulan más de 10.000 dólares, a los que se suman unos 8.000 dólares por viajes en vuelo privado a Punta del Este, además de los costos asociados a sus propiedades y compromisos financieros. Según estimaciones, si estuviera pagando regularmente sus dos hipotecas privadas —una de 200.000 dólares y otra de 100.000—, debería afrontar cerca de 21.000 dólares mensuales, muy por encima de su salario como jefe de Gabinete.

También están bajo la lupa las condiciones de financiamiento de sus inmuebles, adquiridos mediante préstamos no bancarios otorgados por jubiladas y ex integrantes de fuerzas de seguridad.

Ayer, la escribana Adriana Nevechenko complicó más la situación de Manuel Adorni al afirmar en una entrevista que, en los 15 años previos a su llegada al gobierno, no había realizado ninguna operación inmobiliaria, “se le vino todo junto” cuando fue funcionario. Además, la escribana mencionó la existencia de vínculos de confianza entre los compradores y el entorno de las prestamistas, en particular con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que financiaron parte de las operaciones. Y reveló que incluso fue ella quien le presentó a las prestamistas —una policía retirada y su hija— que le otorgaron un crédito de USD 100.000 a una tasa del 11% anual para comprar una casa en el country Indio Cuá.

Además, explicó que Adorni planea cancelar la hipoteca sin interés del departamento de Caballito —adquirido mediante un crédito de jubiladas a pagar en un año— con la venta de ese inmueble previo, en un esquema de financiamiento cruzado entre propiedades. La escribana defendió las operaciones, afirmó que nunca le parecieron sospechosas y no solicitó documentación sobre el origen de los fondos porque conoce al funcionario desde hace más de 25 años.

Ayer falló el intento de interpelar a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, pese a reunir 124 votos a favor y 118 en contra, ya que requería una mayoría simple de tres cuartos. Quedó a sólo 5 votos de ser aprobada. La iniciativa fue impulsada por Paula Penacca, en el marco de las denuncias por presunta corrupción, pero fue bloqueada por el oficialismo libertario junto a sus aliados del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, algunas fisuras quedaron expuestas: legisladores vinculados a gobernadores como Raúl Jalil y otros espacios federales votaron a favor, y hubo ausencias clave dentro de la oposición dialoguista.

El resultado dejó al peronismo muy cerca de avanzar con una moción de censura, ya que quedó a apenas dos votos de los 129 necesarios para remover al funcionario. Esa moción podría implicar la destitución del funcionario.

El 29 de abril se celebra en la Argentina el Día del Animal, esa es la fecha en que Manuel Adorni debería exponer en el Congreso cumpliendo la disposición de la Constitución como parte de las obligaciones del Jefe de Gabinete. Esa exposición se convertiría en una especie de interpelación. Por eso resulta difícil que llegue a esa fecha.

En paralelo, también fracasó un intento de citar a Karina Milei impulsado por Maximiliano Ferraro, lo que refuerza el blindaje parlamentario del gobierno pese al creciente desgaste político del caso.

Sin embargo, los diputados oficialistas no dejaron pasar el hecho de que, por primera vez, Karina no asistió escoltada por el Jefe de Gabinete al Recinto, como lo hace habitualmente. Pero al avance judicial que enfrenta Adorni se suma el desarrollo de la investigación por coimas en Discapacidad.

El fiscal Franco Picardi solicitó que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, vuelva a ser indagado. Según la investigación, hay irregularidades que consistieron en el direccionamiento de contratos para la compra de insumos médicos de alto costo valuados en 76 mil millones de pesos, beneficiando a un grupo reducido de empresarios mediante sobreprecios, exclusión de competidores y pago de retornos. Spagnuolo, ya procesado, habría encabezado una estructura coordinada con privados para manipular adjudicaciones entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Las maniobras detectadas no solo abarcaron medicamentos sino también insumos como prótesis de alta gama, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas y materiales para cirugías complejas, gestionados a través del programa Incluir Salud. Según el dictamen, este programa —destinado a personas vulnerables sin cobertura médica— fue desvirtuado y utilizado como una “ventanilla” para pagos ilícitos a empresas, desviando recursos públicos que debían atender necesidades sanitarias críticas.

Las consecuencias de este entramado pueden ir mucho más allá de un desgaste coyuntural. El principal riesgo para el oficialismo no es únicamente judicial sino político. El oficialismo ha perdido la iniciativa política, y la gestión está virtualmente paralizada por la incapacidad de su jefe de Gabinete de accionar. Eso condiciona la capacidad de gobernar, debilita alianzas y puede acelerar fracturas internas, especialmente si sectores que hoy blindan al gobierno comienzan a recalcular costos frente a la opinión pública.

Incluso los escándalos han generado fricción interna. Sandra Pettovello echó al jefe de gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, por aparecer en la lista de préstamos del BNA, habiendo pedido $430 millones. Algo que contrasta con Javier Milei, que mantiene a Manuel Adorni en su cargo pese al aluvión de escándalos y la investigación judicial. Además, la ministra de Capital Humano salió a despegarse de ANDIS, al sacar un comunicado oficial del ministerio que encabeza aclarando que “Discapacidad y PAMI dependen de Salud”, no de Capital Humano.

Es cierto que en Argentina no hay antecedentes de que un Gobierno en ejercicio pague grandes consecuencias por escándalos de corrupción mientras todavía está en el poder.

Los Gobiernos que no han podido terminar su mandato han pagado las consecuencias del deterioro económico más que del deterioro moral. Pero cuando un gobierno que llega con un discurso fuertemente moralizador queda envuelto en escándalos de este tipo, el impacto es doble. No solo se cuestiona la gestión, sino también la narrativa que los llevó al poder. Y esto se potencia por una economía que no arranca y acumula meses y meses de recesión.

En la región ha habido casos, en las últimas décadas, de presidentes que no lograron completar sus mandatos por escándalos de corrupción. Un ejemplo reciente es el de Pedro Pablo Kuczynski (Perú), quien dimitió en 2018 tras menos de dos años en el poder, acorralado por denuncias de sobornos vinculados a Odebrecht y un escándalo de compra de votos en el Congreso. Aunque inicialmente evitó la destitución, la difusión de videos comprometedores terminó forzando su renuncia en medio de una fuerte crisis política.

Otro caso emblemático es el de Dilma Rousseff (Brasil), destituida en 2016 mediante un juicio político por manipulación de las cuentas públicas (“pedaladas fiscales”). También destaca Otto Pérez Molina (Guatemala), quien renunció en 2015 acusado de liderar una red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”, que cobraba sobornos para reducir impuestos; fue detenido y procesado por asociación ilícita, cohecho y fraude.

En Ecuador, Lucio Gutiérrez (Ecuador) huyó en 2005 tras protestas masivas y acusaciones de corrupción, incluyendo desvío de recursos y uso político del Estado. En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia) dejó el poder en 2003 en medio de la “Guerra del Gas”, una revuelta social agravada por denuncias de corrupción y decisiones económicas polémicas; luego fue acusado de desviar fondos públicos y enfrenta procesos judiciales.

Finalmente, el caso de Alberto Fujimori (Perú) marcó un precedente regional: en el año 2000 renunció desde Japón en medio del escándalo de los “vladivideos”, que revelaron una red de sobornos a políticos, empresarios y medios. El Congreso rechazó su renuncia y lo destituyó; posteriormente fue extraditado y condenado a 25 años de prisión por corrupción y violaciones a los derechos humanos, consolidando uno de los casos más paradigmáticos de caída presidencial en la región.

A nivel internacional, las filtraciones de los Panamá Papers, una investigación periodística global publicada en 2016 que expuso millones de documentos del estudio jurídico Mossack Fonseca, revelando cómo políticos, empresarios y figuras públicas de todo el mundo utilizaban sociedades offshore para ocultar patrimonio, evadir impuestos o canalizar dinero en paraísos fiscales, tuvieron consecuencias políticas inmediatas y visibles en varios países.

El caso más contundente fue la renuncia del entonces primer ministro islandés Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forzado por la presión social tras revelarse su vínculo con una sociedad offshore no declarada.

Lo que empieza a emerger en Argentina es un cambio en el clima político más que las consecuencias puntuales de un caso. La acumulación de episodios, la centralidad mediática del tema y la dificultad del gobierno para ordenar su propio frente interno configuran un desgaste que genera una sensación de descontrol total.

El gobierno necesita recuperar iniciativa, marcar agenda y reordenar su narrativa para salir del lugar reactivo en el que quedó atrapado. Pero la contradicción entre su discurso alimenta una desmoralización creciente en sus filas, y en sus propios funcionarios. Cuando un oficialismo pierde la capacidad de fijar los términos del debate público, otros actores, como la oposición, la Justicia, el parlamento, pasan a ocupar ese lugar.

Manuel Adorni ubicó a su círculo íntimo en el Correo Argentino

Y en política, perder ese terreno suele ser el primer indicio de un ciclo que empieza a girar.

Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira

MV/ff