Ricardo Gil Lavedra: "No quiero ni a este gobierno autoritario ni un populismo que destruyó al país, quiero una alternativa democrática"
El reconocido jurista advirtió sobre el deterioro institucional del país, criticó el uso de los DNU y afirmó que el incumplimiento de los fallos judiciales por parte del Gobierno atenta contra la seguridad jurídica y las inversiones.
En una entrevista de alto impacto institucional en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Ricardo Gil Lavedra dejó definiciones tajantes sobre el rumbo político y judicial de la Argentina. El prestigioso abogado y exministro de Justicia repasó las principales deudas del Estado de derecho a más de cuatro décadas del retorno democrático: la falta de celeridad en los casos de corrupción, la condescendencia judicial ante las debilidades de la política y el no cumplimiento de las sentencias firmes. Con mirada crítica sobre el estilo de gestión del oficialismo, Gil Lavedra planteó la urgente necesidad de recomponer la legitimidad de los jueces frente a la sociedad y abogó por la construcción de una alternativa política seria, profesional y republicana.
Ricardo Gil Lavedra es un prestigioso abogado, jurista y político que integró el tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Fue designado ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 1999 y 2000. También se desempeñó como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires representando a la Unión Cívica Radical, donde presidió el bloque de su partido. Lidera su propio bufete, el Estudio Gil Lavedra, especializado en Derecho Constitucional y Penal. Además de desempeñarse como presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Ricardo, muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones, además, por el triunfo. Y mi pregunta es si a esta altura del partido te toca la responsabilidad, así como fue en el comienzo de la democracia, de reconstruir la imagen de la justicia a partir de aquel célebre Juicio a los Comandantes de las Juntas; ahora recomponer la imagen de la justicia, últimamente muy golpeada.
Bueno, yo creo que todos tenemos la obligación de tratar de fortalecer la imagen de la justicia y de recomponer ese vínculo con la sociedad, porque la justicia es estratégica en una sociedad democrática. Depende de los jueces no solamente la defensa de los derechos, sino también marcar los límites al poder. Y los jueces, en definitiva, son los que aseguran que una sociedad sea gobernada por leyes y no por los caprichos discrecionales de un hombre, ¿no? Porque en última instancia, si bien todos los poderes tienen que cumplir la ley, en definitiva quien tiene que asegurar su efectiva aplicación son los jueces. En ese sentido me parece que el Consejo de la Magistratura en este momento puede hacer bastante para recomponer esa imagen deteriorada. Sobre todo porque no cabe ninguna duda de que los jueces deben ser independientes, obviamente de cualquier interferencia política o grupo de presión del grupo económico, etcétera. Pero a la vez, los jueces no tienen una independencia absoluta: tienen que ser responsables. Y todos aquellos que cometen conductas impropias o inadecuadas a su investidura, bueno, tienen que tener las sanciones. Yo creo que los jueces tienen que entender que hay que relegitimar su imagen frente a la sociedad. Que no son un grupo de privilegiados, porque en realidad no es un privilegio ser juez. La magistratura lo que tiene son enormes restricciones, sobre todo para la vida privada de un juez.
La Corte Suprema de Justicia es el último tribunal que casualmente le puede colocar límites a esa discrecionalidad de una persona, como vos decías. ¿Notás especialmente una mayor defección estratégica, usando esa figura tan remanida, en la actual Corte con el actual Gobierno, que parecía no tenerla en el pasado con otros gobiernos?
A ver, me parece que la Corte Suprema durante todo este desarrollo democrático, salvo algunos lapsos —aquellos de la "Corte adicta" de la década del 90—, ha demostrado bastante independencia. Yo creo que ha contribuido muchísimo al fortalecimiento del federalismo, el federalismo fiscal, y también de poner algunos mojones importantes en los principios republicanos dentro de las provincias, prohibiendo las reelecciones indefinidas, etc. Ahora, no me animo a dar un juicio definitivo en este momento de una Corte que está desintegrada, pero la Corte tiene una misión institucional importantísima, importantísima. Y por cierto, yo creo que el control de constitucionalidad de la Corte, si bien yo puedo entender que puede haber cierta deferencia en algunos momentos hacia no producir algún estrépito, permitir que la política solucione algunos de los inconvenientes, es cierto que la política muchas veces cuando no consigue los acuerdos necesarios se los traslada a los jueces. Pero sin duda no puede abdicar del control de constitucionalidad, porque en definitiva esto es lo que permite, en última instancia, que haya certeza, previsibilidad. La propia Corte lo dice: que haya seguridad jurídica. Porque ¿qué seguridad jurídica puede haber si el máximo tribunal no ejerce el control de constitucionalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo o del Legislativo?
Justo en el cambio de gobierno se produce que cumple 75 años uno de los miembros de la Corte, el doctor Maqueda, que intuyo en retrospectiva que era un elemento de equilibrio dentro de la Corte, probablemente también por su experiencia como político, no solamente como jurista. Justo cambia el gobierno, el gobierno no da señales de que le vaya a ampliar su duración como miembro de la Corte, la Corte queda con tres miembros, se intenta nombrar dos miembros por decreto, se consigue parcialmente por un breve período uno solo... ¿Hay de alguna manera una situación en la cual la Corte está disminuida frente a un Poder Ejecutivo como no lo estuvo en los gobiernos anteriores?
Puede funcionar con tres miembros, sin duda, pero lo ideal sería que estuviera integrada y con mujeres, por otra parte. En el caso de Maqueda, es una decisión política, obviamente, que tiene el Poder Ejecutivo, que no se puede discutir, está en la Constitución. Pero fue una pérdida; sinceramente fue una pérdida porque Maqueda tenía muchos atributos muy valiosos en un juez de la Corte: era un juez austero, recatado, sensato, y me parece que contribuía mucho a tener un clima de cooperación dentro de la propia Corte. Fue una pérdida sensible para el tribunal y por ende para todos.
Voy a repetir: austero, recatado, sensato. ¿Esos tres atributos serían la condición republicana de toda persona, no solamente que tiene que administrar justicia, sino que tiene que administrar lo público?
Sin duda, sin duda. No cabe ninguna duda, porque los funcionarios públicos tienen, más allá de ejecutar con eficiencia las tareas que les corresponden por su competencia, tienen que darse cuenta de que tienen una función ejemplar. Es decir, la sociedad se refleja en quienes ejercen los poderes públicos. Y esta ejemplaridad se derrama hacia abajo. Por eso es muy importante que las autoridades tengan en cuenta esto, que tengan comportamientos ejemplares.
Y en ese punto, yo recuerdo al presidente de la Corte cuando estaba la campaña electoral en 2023 ser muy enfático —me refiero al tema de Malvinas, el tema de la dolarización— poniéndole límites al Milei candidato. Luego se produce el Milei presidente: un presidente sin un solo gobernador, un solo intendente, absoluta minoría en las Cámaras. Y una sensación de vacío que el presidente astutamente aprovecha y aprovechó planteando que "moría con las botas puestas": mandaba la Ley Bases primera, si no le gustaba a los diputados no negociaba, la sacaba, pero creaba una sensación de vacío de poder. ¿Jugó esto en la Corte al decir que por la institucionalidad, si decidían que era inconstitucional un decreto de necesidad y urgencia de tal magnitud, creaba una sensación de vacío de poder? ¿De alguna manera influyó políticamente en esa condescendencia al Ejecutivo?
No lo sé. Esto hay que preguntárselo a los jueces de la Corte, ¿no?
Pero conjeturemos. Viste que Freud decía que el inconsciente... Quizás vamos más allá nosotros de eso que ellos.
Es posible, porque la Corte tiene que actuar con prudencia. Es decir, la Corte decide cuándo falla y qué expediente falla, y obviamente tiene en cuenta las consecuencias que esto puede producir en el sistema político. Y esto no me parece mal, son uno de los poderes del Estado.
Pero, uno podría explicar que la propia debilidad de Milei hizo que la Corte fuera más condescendiente que a lo mejor con un presidente que pudiera tener mucha mayor fortaleza.
Es posible.
Como conjetura, digo.
Es posible, es posible. Lo que ocurre es que acá hay un problema serio porque la Corte ha ido elaborando en materia de decretos de necesidad y urgencia una doctrina a lo largo del tiempo. Y es una doctrina que se ajusta estrictamente al texto de la Constitución. Esto quiere decir que son medidas excepcionales, que el presidente no puede arrogarse facultades legislativas sino en casos de estricta excepcionalidad: cuando el Congreso no puede funcionar por una catástrofe o fuerza mayor, o cuando la urgencia es tal que no es posible seguir el tiempo que demanda la sanción ordinaria de una ley. Esta es la doctrina de la Corte. Y por cierto que hasta el presente la Corte ha fallado o elaborado esta doctrina con bastante posterioridad al dictado de los decretos. De hecho, ya cuando el gobierno que los dictó ya no estaba en funciones. Un poco por la natural tardanza de los trámites judiciales y otra, yo creo, porque la Corte ha querido fijar su doctrina sin producir mayor estrépito en el momento y como una señal para que los ejecutivos se ajusten a su doctrina. Pero con este Decreto 70, la barrabasada es tal... un megadecreto que altera centralmente centenares de leyes que no tienen conexión entre sí, regula materias diversas muchas veces sin ningún tipo de fundamento —algunas de sus disposiciones pueden ser saludables y que a lo mejor, bueno, ahora se dice: "Si se cae el decreto" bueno, que lo regule el Congreso si son tan saludables, ¿no?—, esto en algún momento hay que solucionarlo porque crea una disfunción institucional importante. Y lo que pasó ahora con este enredo de la Ley de Tierras, ¿no?, me resultó inexplicable la actitud de la Corte. Inexplicable. Inexplicable para jueces que tienen experiencia, buen tino, pero inexplicable porque fue una metida de pata monumental, porque era esperable que se produjera este revuelo cuando ellos no habían resuelto el fondo del asunto. Y ponía la lupa en que no lo habían resuelto, precisamente. Les creó también una demanda. Es posible... Yo creo que al comienzo —y no me parece mal— la Corte haya dicho: "Bueno, actuemos con prudencia para ver si la política puede irlo solucionando". Pero llega un momento en que si la política no lo soluciona, bueno, los jueces tienen que cumplir su tarea.
Ricardo, mientras nosotros estamos hablando, el juicio unificado de Hotesur y Los Sauces, la discusión sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata o de la inconstitucionalidad de la inhibición de que lo sea de por vida atraviesa el debate político de cara a las elecciones. Voy a ir hacia atrás y voy a decir: Menem indultó a las personas que vos, integrando ese célebre tribunal, habían condenado. La justicia, la Corte Suprema, le pone límites al Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de producir indultos y modificar un fallo de la justicia. ¿Cómo ves, con toda la experiencia de los años, esa interrelación sinérgica entre una decisión de la Corte y el indulto del Poder Ejecutivo en cuestiones de esta magnitud como la que acabo de mencionar?
Bueno, el indulto es una institución muy poco republicana que en realidad deriva del derecho de los reyes de conceder una gracia al imputado. Pero está, está. Y sin duda que el presidente puede ejercerlo. Ojo que el indulto no borra la sentencia.
Exacto.
Es nada más que el cumplimiento de la pena, ¿no? Bueno, sinceramente creo que hay que acostumbrarse a respetar las decisiones de la justicia, que tienen sus propios mecanismos internos de contralor. Es decir, por supuesto que muchas veces a la política muchos de los fallos no les gustan, pero tienen sus propias instancias de revisión. Y, en definitiva, la posibilidad del respeto a los fallos de la justicia es una manera también de respetar la ley, que es la columna vertebral de todo el sistema democrático. No podemos tener democracia si no tenemos un Estado de Derecho, que es el que fija las competencias, los límites del poder y los derechos de todos. Por lo tanto, hay que dejar a la justicia que trabaje. Y sobre todo en estos casos en los cuales la mora en materia de casos de corrupción ha sido tan importante. Por supuesto que todos queremos que esta celeridad se produzca en todos los casos: es decir, que puedan juzgarse casos de corrupción por igual de todos los gobiernos.
Ricardo, otro tema muy relevante ya no es la modificación inexplicable de un fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras, la demora en resolver la posibilidad de que un decreto de necesidad y urgencia como el 70 modifique simultáneamente tantas leyes, sino algo más grave todavía, que es una ley votada por el Congreso, vetada por el Presidente, vuelta a votar por el Congreso con los dos tercios, con fallo, con apelación a la justicia, con fallo de la Corte Suprema, el Gobierno no la cumple. Entiendo el límite de la ley, pero el dilema que deben tener los miembros de la Corte: dicen "si finalmente fallamos y los fallos no se cumplen, el Ejecutivo no nos hace caso, termina creando una situación de vacío jurídico peor que si nos hacemos los distraídos y no fallamos". Pero ¿cómo se resuelve que un fallo de la Corte ordenando al Ejecutivo cumplir una ley, el Ejecutivo no la cumple?
Sí, en el caso de la sucesión de leyes es cierto que hubo una ley específica y el Gobierno dice "esto se modificó con la Ley de Presupuesto". Es decir, hay un contraargumento: el Gobierno dice que esa ley específica fue modificada por una ley posterior. Pero, por cierto, lo que resulta inexplicable es que en ese juicio hay una medida cautelar firme. Y sinceramente, ahora se ha comenzado la ejecución de esa medida cautelar...
Con una multa.
Bueno, que ha sido ahora suspendida porque el Gobierno apeló y la Cámara le abrió la queja, con lo cual esto quedó todavía en suspenso. Pero la verdad es que que un gobierno no cumpla una decisión judicial es una barbaridad. ¿Cómo podemos hablar de seguridad jurídica? Queremos atraer inversiones, queremos que la gente invierta en la Argentina, ¿y qué le ofrecé? Bueno, podés decir: "Bueno, ahora se respeta la propiedad y la apertura económica, etc.". Pero ¿se respeta la ley? Es decir, bueno, dicen: "ahora se respeta la propiedad". Bueno, no se puede decir que se respeta la propiedad que contrata si no se cumple la sentencia.
Si hay una ley de inviolabilidad de la propiedad privada y después no se respeta la ley, la ley, por lo tanto, no sirve para nada.
Con la curiosidad de que la propiedad privada está protegida desde el año 1853. Y por otra parte, ¿qué se le puede decir al extranjero? "Invierta". Y el extranjero dice: "Bueno, pero ¿qué garantías tengo de que las leyes existentes el próximo gobierno no las borre de un decretazo?". El precedente es funesto. Porque si se habilita que cualquier presidente pueda ejercer atribuciones legislativas a su antojo y que no lo controle el Congreso y no lo controle la justicia, bueno, esto me parece terrible.
Ricardo, ahora le pregunto al hombre, al ciudadano, al hombre político, a la organización política: ¿cómo te gustaría que se resolviesen el año próximo las elecciones de la Argentina?
Yo creo profundamente en el sistema democrático. Y si bien la recuperación democrática argentina que comenzamos a disfrutar en el año 1983 todavía tiene muchísimas deudas —porque siempre la democracia es una promesa inconclusa—, yo, con toda sinceridad, me gustaría la posibilidad de que se pudiera articular una posición distinta. Yo no quiero volver al pasado, no quiero volver para atrás con esquemas agotados, con un populismo que creo que destruyó la Argentina teniendo la oportunidad de hacer un país pujante. Pero tampoco quiero un gobierno con tendencias autoritarias, que no respeta principios elementales de libertad de expresión. Y sinceramente yo quisiera ver otra opción, y creo que hay mucha gente que quisiera otra opción: una opción democrática, responsable, seria, profesional, eficiente, que buscara los acuerdos. La democracia es disenso, porque si todos pensáramos igual no habría pluralismo. Todos pensamos distinto, podemos pensar distinto; pero la democracia es disenso para poder llegar a acuerdos. ¿Y a estos acuerdos se llega de qué manera? A través de la discusión, del debate público, del intercambio de ideas. Eso es lo que caracteriza al Parlamento: parlar para poder llegar a coincidencias. Y yo quisiera un gobierno distinto. Por supuesto, hay cosas que hay que reconocer hoy en día: nadie puede discutir la necesidad de tener un equilibrio fiscal, no se puede gastar más de lo que se tiene, hay que hacer más eficiente al Estado, ha habido mucha corrupción, un Estado sobredimensionado, nadie puede discutir eso. Tampoco nadie puede discutir lo de la inflación. Ahora, inflación que también se contiene eliminando el gasto. Esto es porque no se construyen rutas, porque se desinvierte en salud, porque tampoco se gasta en educación. Eso, en realidad, es una contención de gasto que es necesaria, ¿no? O sea que muchas de estas cuestiones de equilibrio son artificiales. Y me parece que muchos argentinos y argentinas quisieran una alternativa diferente.
Ricardo, muchas gracias. Un gusto enorme. Felicitaciones, felicitaciones por las ganas también de seguir luchando por la justicia. Comparto plenamente que es un sinónimo: justicia de democracia como la conocemos, que no es simplemente que haya elecciones. Nuevamente, muchas gracias por estar acá.
No, al contrario, Jorge. Muchas gracias a vos.
MEG