La Libertad Avanza buscará en una mega sesión en Diputados este miércoles desde el mediodía, luego de que la oposición no consiguiera quórum la semana pasada para derogar el DNU 70/23, imponer su agenda con temas sensibles que van desde la restitución de la Ley de Tierras del kirchnerismo en su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, hasta la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y el vandalismo rural. En el oficialismo se muestran confiados en que lograrán abrir el recinto y en la oposición hasta reconocieron a PERFIL que todo indica que La Libertad Avanza se irá con una victoria legislativa en todos los proyectos del temario, aunque destacan que sin la presión opositora y en las calles, la marcha atrás de la extranjerización de tierras y los proyectos de morosidad y discapacidad no hubieran sido abordados ni en el recinto ni en las respectivas comisiones del Congreso.
La estrategia libertaria es la misma que viene aplicando desde hace meses. En lugar de rechazar la agenda que la oposición consiguió imponer, LLA se plegó y presentó proyectos propios, a los que define como "superadores", para competir por los votos de las bancadas del medio. Eso ayudó a que la oposición no se abroquelara contra el mega decreto de Milei, a lo que se sumó el segundo fallo de la Corte.
No obstante, el número no está tan claro: LLA y sus aliados habituales, UCR, PRO, MID y partidos provinciales, suman cerca de 120 diputados, nueve menos que los 129 del quórum. Pero la pista clara es que si la semana pasada la oposición estuvo a ocho bancas de conseguir el quórum, todo indica que los bloques del medio y provinciales aportarán a la causa, porque no dejan de ser proyectos del oficialismo sobre temas sensibles que la oposición ya también tiene su dictamen en minoría. "Es mejor que nada", dijeron algunos legisladores del peronismo a este medio, reconociendo que sin su ofensiva, las comisiones no hubieran sido abiertas para dictaminar sobre discapacidad y endeudamiento y el Gobierno no hubiera armado un proyecto con algunos de los reclamos que se venían exigiendo. Para llegar, buscarán sumar a los 9 restantes de Argentina Federal, los tres de Tucumán, a los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez y a una parte de Córdoba.
De esta manera, otra vez, como en la sesión fallida, la llave la tienen los bloques que responden a gobernadores. Los diputados de Santa Fe y Córdoba, ambos en Provincias Unidas, aparecen otra vez entre los decisivos, y el Gobierno convocó para este martes a las 15.30 a un plenario por la reforma de la ley de biocombustibles, un reclamo de las dos provincias. La versión que aprobó el Senado extiende el corte obligatorio hasta 2036 y reduce el rol de las pymes que le venden materia prima al biodiésel, y todavía no tiene los votos asegurados.
La sesión empezará con Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora incluye la Ley de Tierras. Después vienen la trazabilidad de medicamentos y el vandalismo rural, luego discapacidad y, al final, morosidad. La sesión podría extenderse hasta la madrugada del jueves, y en la oposición sospechan que LLA dejó morosidad para el final con la idea de que se caiga el quórum antes de votarla.
Desde el oficialismo lo niegan y agregan que "el tema tierras está saldado y es un tema que nosotros mismos modificamos, por eso va a salir fácil. Creemos que en el Senado también".
Quedó afuera la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. El plenario de comisiones que iba a reanudarse este martes fue reprogramado para el martes 27, porque el oficialismo no pudo garantizarse el quórum ni las firmas. La presión de Estados Unidos luego de pedir disolver el Comité de Descolonización de la ONU que respalda la Cuestión Malvinas y sobre los artículos que podrían derivar en sanciones sobre empresas norteamericanas hizo recalcular al Gobierno.
Ley de Tierras: un giro de 180 grados que vuelve al Senado
La Ley de Tierras llega a la sesión dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que LLA le agregó un capítulo que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y restituye la ley de 2011 que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros. Como el texto cambia, vuelve en segunda revisión al Senado, que ya lo había aprobado.
El giro contradice al propio decreto, que derogaba esa ley, y a la versión original del proyecto enviado por Federico Sturzenegger, que eliminaba el grueso de las restricciones. El objetivo es que la restitución quede firme decida lo que decida la Justicia sobre los amparos presentados por el DNU. El proyecto conserva además los cambios en el Código Procesal Civil para endurecer los desalojos, las modificaciones a las leyes de expropiaciones y la modernización del Registro de la Propiedad.
En la oposición hay dos posturas: una espera que no acompañe, porque desconfía del viraje y de un posible veto de Milei. La otra analiza votar solamente el capítulo de Tierras, para conseguir una mayoría amplia que ratifique la restitución y la deje blindada en el Senado, sin avalar lo demás.
Sobre el decreto, el oficialismo sostiene que el tema está resuelto. La derogación del decreto se puede lograr por mayoría simple, y la oposición estuvo cerca de conseguir el quórum para votarla, con ocho ausentes de Provincias Unidas y dos bajas de Unión por la Patria. "Lo más importante era cuidar al DNU, fuimos pragmáticos", reconocieron desde LLA a PERFIL.
Discapacidad: los proyectos de LLA y la oposición y el riesgo de un veto de Milei
En Discapacidad, el dictamen de mayoría es el de LLA, que lo firmó el 23 de septiembre. Se llama Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad y elimina el concepto de emergencia, pero mantiene sus puntos centrales: el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por inflación de las prestaciones y la pensión no contributiva. La pensión queda en el 70% de la mínima y que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de 0,04%.
Lo firmaron el PRO, la UCR, el MID, los salteños y misioneros de Argentina Federal, la neuquina Karina Maureira y el bloque sanjuanino Producción y Trabajo, varios de ellos con disidencias. Entre los que ponen en duda su voto en el recinto figuran el MID, Argentina Federal y La Neuquinidad.
Las dudas en el apoyo de aliados a la versión del oficialismo surgen del cortocircuito entre lo que asignaron en el Presupuesto 2027 y lo que negociaron. Los indecisos exigen que se detalle el financiamiento de esta ley. En el Presupuesto, se terminaba con la actualización mensual por inflación del Nomenclador de Aranceles y hacía incompatibles las pensiones con el empleo formal. Ese capítulo sigue dentro del proyecto de Presupuesto, y el oficialismo no lo retiró todavía.
El Presupuesto 2027 iría a extraordinarias y Guberman garantizó los fondos para Discapacidad
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió ante los diputados la semana pasada que el Ejecutivo "hubiese querido otra cosa", y evitó confirmar que se retire el capítulo, aunque aclaró que "en los números está el financiamiento para la ley vigente". Es decir, que el Gobierno no apoya la iniciativa de sus propios legisladores. El misionero Oscar Herrera Ahuad encabeza el reclamo para que el costo fiscal figure en el texto y se refleje en el Presupuesto 2027.
Del otro lado, la oposición va con una prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Su dictamen reunió las firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda, y entre las adhesiones estuvieron los cordobeses alineados con Martín Llaryora, que seguían definiendo su postura. El bloque de Provincias Unidas se reunirá este mismo miércoles a las 9 para intentar cerrar filas, con 18 diputados de los cuales apenas diez se sentaron en la sesión del jueves pasado.
Las organizaciones del sector presionan en esa dirección: el Consejo Federal de Discapacidad ratificó la prórroga el 8 de octubre y la Pastoral Social pidió sostenerla. Argumentan, con datos del sector, que la emergencia sigue abierta: hay 324.303 solicitudes de pensión sin resolver, no se pagó la compensación a prestadores por deudas de años anteriores y no se otorgó una sola Pensión para Protección Social. Ubican el atraso arancelario en 30,67% y advierten que el dictamen no asegura ni esa deuda ni el financiamiento.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria y autor de la prórroga, negó que el proyecto oficialista recoja la emergencia tal cual rige hoy. Señaló que la compatibilidad de la pensión con el empleo queda sujeta a "las condiciones que establezca la reglamentación" y que las auditorías quedan solo en manos de la Secretaría de Discapacidad, sin el Cofedis, y pueden suspenderse por cruce de datos.
El veto es el otro punto en disputa. Los antecedentes marcan que ya Milei ha vetado la ley y el Congreso la ratificó. Marino advirtió que la prórroga "no tiene riesgo de veto" porque la Ley 27.793 sigue vigente, el Congreso insistió frente al veto y la Justicia ordenó cumplirla. "Un veto a la prórroga solo impediría extender el plazo de la emergencia, pero todas las demás disposiciones seguirían vigentes", consideró.
Morosidad al final y Malvinas, afuera por presión de Trump
El último tema será morosidad familiar. El dictamen de LLA, con el PRO y la UCR como únicos apoyos garantizados, se centra en la prevención: educación financiera, transparencia crediticia, protección frente a fraudes digitales y portabilidad del crédito. No crea un régimen de refinanciación ni de quitas, porque parte de la premisa que Milei anticipó: "El Estado no debe intervenir en un asunto entre privados".
La oposición va con proyectos que declaran la emergencia por sobreendeudamiento. El de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica prevé 180 días de emergencia y un régimen para quienes al 31 de agosto de 2026 tenían 60 días o más de mora, o destinaban más del 30% del ingreso familiar a créditos de consumo. Fija un tope de dos Canastas Básicas en deuda de consumo y ofrece freno de ejecuciones y embargos, condonación de punitorios, cuotas por al menos 12 meses sin superar el 30% de los ingresos y límites a la tasa. Argentina Federal propone un plan de un año para quienes ganan hasta diez salarios mínimos.
Hay incertidumbre sobre cuánto interés generará el tema. Algunos advierten que el endeudamiento se desinfló en el debate público, y la morosidad sigue alta: el Banco Central informó que en agosto fue de 12,81%, 0,13 puntos menos que en julio.
En paralelo, el temario incluye el dictamen de consenso sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que toma como base el proyecto de la libertaria Silvana Giudici e incorpora iniciativas de Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi, Marcela Pagano y de las exdiputadas Danya Tavela y Mónica Fein. Se dictaminó por unanimidad tras el caso del fentanilo contaminado. También figura el proyecto del PRO contra el vandalismo rural, de Martín Ardohain, que sanciona con prisión la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos o infraestructura.
La Ley Malvinas, en cambio, se cayó de la sesión. Desde Estados Unidos habría bajado un reclamo para frenarla o modificarla y proteger a empresas estadounidenses de las sanciones por la explotación ilegal de recursos en la zona. El debate se tensionó además por la abstención argentina en una votación contra el colonialismo en la ONU y por la propuesta de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización, donde se trata la causa Malvinas.
"Es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas", advirtió el diputado y excanciller Jorge Taiana.
