Diputados provinciales del Partido Justicialista presentaron denuncias penales contra el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el titular de Hacienda provincial, Alejandro Abraam, por presuntas irregularidades en operaciones de endeudamiento. Las presentaciones fueron realizadas ante la Justicia provincial y federal, mientras que los legisladores expusieron públicamente las acusaciones durante una conferencia de prensa, a pocos días del tratamiento del Presupuesto 2027.
El planteo opositor sostiene que el Gobierno chaqueño convirtió anticipos de coparticipación otorgados por la Nación en obligaciones de deuda pública con vencimientos hasta 2028, sin obtener la autorización de la Legislatura. "Zdero tomó por decreto la deuda más grande de la historia del Chaco, de manera inconstitucional, sin pasar por el Poder Legislativo y de espaldas a la gente", denunciaron los legisladores, quienes solicitaron investigar posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Los convenios entre Zdero y Caputo que llegaron a la Justicia
De acuerdo con las denuncias, la Provincia recibió dos anticipos financieros nacionales: $120.000 millones en 2025 y $400.000 millones en 2026. El primero fue posteriormente incluido en un convenio firmado entre Zdero y Caputo, que estableció un saldo de $76.010 millones con vencimientos hasta junio de 2027. La segunda operación, formalizada mediante el Decreto Provincial 1823/2026, consolidó obligaciones por aproximadamente $476.259 millones, incluyendo compromisos anteriores e intereses, y extendió parte de los pagos hasta 2028.
El cuestionamiento jurídico se fundamenta en el artículo 63 de la Constitución del Chaco, que exige una ley aprobada por los dos tercios de la Legislatura para autorizar operaciones de crédito público. Los diputados consideran que la modificación de los plazos de devolución transformó una asistencia financiera transitoria en deuda pública de mediano plazo. Según los documentos presentados, las obligaciones vinculadas con el régimen de convenios con la Nación contemplan pagos por $336.465 millones en 2027 y $49.662 millones en 2028, comprometiendo recursos de coparticipación correspondientes incluso a una futura administración provincial.
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También solicitaron investigar un posible lavado de activos
Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia federal es que los legisladores solicitaron investigar una eventual hipótesis de lavado de activos, prevista en el artículo 303 del Código Penal. El escrito plantea la necesidad de reconstruir el destino de los fondos y determinar si las operaciones financieras denunciadas pudieron utilizarse para otorgar apariencia de legalidad a recursos administrados mediante actos presuntamente ilícitos. Para avanzar en esa línea, pidieron la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y requerimientos de información a la Unidad de Información Financiera (UIF). Los propios denunciantes presentan esta figura como una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada durante la investigación.
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La acusación contra Luis Caputo se vincula específicamente con su intervención en los acuerdos financieros entre la Nación y el Chaco. Los diputados pretenden que se determine si el Ministerio de Economía nacional autorizó las operaciones sin verificar previamente la existencia de la ley provincial que, según su interpretación, resultaba indispensable. En paralelo, atribuyen a Zdero y Abraam responsabilidades por la aprobación y ejecución de los decretos que instrumentaron los compromisos.