La Intergremial Judicial del Chaco volvió a pronunciarse contra el proyecto de ley 2141/26, impulsado por el gobierno de Leandro Zdero, que propone un mecanismo de recomposición salarial para magistrados y funcionarios judiciales. En esta oportunidad, los sindicatos sumaron cuestionamientos a la conformación de un tribunal encargado de intervenir en una controversia vinculada con las remuneraciones del sector y advirtieron sobre posibles conflictos de intereses.
A través de un comunicado difundido en vísperas del Día del Empleado Judicial, las organizaciones gremiales manifestaron su preocupación por la designación de Néstor Enrique Varela, presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), al frente de un tribunal ad hoc que debe intervenir en el conflicto. Según plantearon, su participación genera interrogantes sobre la imparcialidad del órgano, debido a las responsabilidades administrativas que ejerce sobre el personal judicial.
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Los sindicatos señalaron que Varela también interviene, desde su función institucional, en decisiones que afectan a los trabajadores, incluidos los descuentos salariales derivados de medidas de fuerza. Por ese motivo, consideran necesario revisar las condiciones de integración del tribunal para garantizar que no existan incompatibilidades.
Qué establece el proyecto salarial del Gobierno
El conflicto tiene como eje el proyecto de ley 2141/26, presentado por el Poder Ejecutivo provincial con el propósito de atender reclamos de recomposición e intangibilidad salarial de jueces y funcionarios, vinculados con la causa judicial conocida como "Alonso de Martina".
La iniciativa contempla la creación de un concepto remunerativo específico para determinados cargos judiciales, con una implementación progresiva orientada a acercar sus ingresos a parámetros salariales nacionales. Sin embargo, los gremios advierten que ese adicional no se trasladaría automáticamente al resto del personal, lo que podría alterar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley 468-A.
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Este régimen, conocido como ley de enganche, establece relaciones porcentuales entre las remuneraciones de los diferentes cargos del Poder Judicial. Los sindicatos sostienen que otorgar incrementos exclusivos a magistrados y funcionarios podría ampliar las diferencias salariales dentro de la estructura judicial.
Desde el Gobierno provincial, en cambio, el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, había rechazado que la propuesta implique eliminar el enganche salarial. El funcionario sostuvo que la iniciativa busca cumplir una sentencia judicial y aseguró que la ley vigente continuará aplicándose al resto del personal.
Los cuestionamientos por la causa judicial
En su nuevo pronunciamiento, la Intergremial también apuntó contra la actuación del magistrado Sergio Cáceres Olivera en las actuaciones relacionadas con el conflicto salarial.
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Según el comunicado, Cáceres Olivera dictó resoluciones complementarias cuyo procedimiento fue cuestionado por los sindicatos, posteriormente se apartó del expediente y promovió una acción de amparo para reclamar derechos vinculados con lo que había resuelto.
Para las organizaciones gremiales, estos antecedentes, sumados a la designación de Varela, justifican una revisión de la integración del tribunal. No obstante, los cuestionamientos sindicales no implican que se haya determinado judicialmente la existencia de irregularidades o incompatibilidades.
"La justicia no puede ser juez y parte", expresaron los sindicatos, que reclamaron garantías de independencia e imparcialidad para la resolución del conflicto.
Los gremios ya solicitaron el archivo de la iniciativa
El nuevo comunicado se suma a las presentaciones que la Intergremial realizó ante la Legislatura chaqueña. A comienzos de noviembre, representantes de los trabajadores participaron de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde solicitaron el rechazo y archivo del proyecto 2141/26.
En esa instancia, los sindicatos también reclamaron la aplicación del artículo 9 de la Ley 3424-A para todo el personal judicial, con el objetivo de avanzar hacia una equiparación salarial sin modificar la relación porcentual entre las distintas categorías.
Mientras el proyecto continúa bajo discusión legislativa, la Intergremial ratificó que se opondrá a cualquier modificación que considere perjudicial para el régimen salarial vigente. "No aceptaremos que mediante decisiones judiciales o iniciativas legislativas se pretenda avanzar sobre el sistema de porcentualidad salarial, quebrar el enganche y vulnerar derechos patrimoniales y de propiedad históricos de los trabajadores judiciales", sostuvo la organización.