7 intentos de golpes de Estado en Argentina y América Latina

Desde la transición democrática de la región, iniciada en 1978, hasta 2026, América Latina ha experimentado 28 casos de caídas presidenciales. Estos 28 episodios implicaron la conclusión anticipada de los mandatos de los presidentes por motivos ajenos a su voluntad.

Se contabilizan presidentes electos popularmente, vicepresidentes que debieron asumir la presidencia ante la ausencia del jefe del Ejecutivo y presidentes designados por el Congreso. 

Dentro de los casos de salidas anticipadas han operado distintos instrumentos tanto constitucionales como extra constitucionales. Entre los mecanismos constitucionales pueden mencionarse los juicios políticos, las declaraciones de incapacidad y las elecciones revocatorias. 

El juicio político y la declaración de incapacidad son instrumentos que posee el Poder Legislativo para ejercer control sobre el Ejecutivo. 

Ni siquiera en el momento de mayor debilidad de Milei hubo una posibilidad concreta de que el juicio político pedido tras el escándalo LIBRA logre avances concretos"

En el caso argentino, la Constitución establece que la Cámara de Diputados podrá acusar al presidente en caso de “mal desempeño, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes”. 

En cuanto a la declaración de incapacidad, es un mecanismo que se activa ante la incapacidad física o mental (o moral en el caso de Perú) del presidente para continuar en el cargo. 

Respecto a las elecciones revocatorias, son la institución que habilita a que la misma ciudadanía que le otorgó el mandato al presidente pueda disponer que ese mandato concluya antes del tiempo establecido. 

Este tipo de elecciones sólo existen a nivel nacional en Sudamérica en Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

Sólo se llevaron a cabo en dos ocasiones y en ambas los presidentes sobrevivieron a la revocación del mandato. No obstante, son un mecanismo más frecuente a nivel subnacional y municipal. 

Sobre los mecanismos extra constitucionales, desde los estudios politológicos se mencionan dos. 

El primero es el golpe de Estado. Este mecanismo de destitución implica la injerencia directa de las fuerzas armadas para forzar la renuncia del primer mandatario. Si bien es cierto que, tras la tercera ola democratizadora la participación de los militares como “poder moderador” de la política latinoamericana declinó, aún cuentan con cierta presencia en algunos países de la región. 

Pueden contabilizarse tres episodios que han sido catalogados como golpes de Estado: Jamil Mahuad en Ecuador en el 2000, Manuel Zelaya en Guatemala en 2009 y Evo Morales en Bolivia en 2019. 

El segundo mecanismo que la literatura politológica concibe como extra constitucional son las revueltas populares. En ocasiones, las protestas masivas desencadenadas por políticas de un gobierno fuerzan la renuncia del titular del Poder Ejecutivo. 

Aunque las constituciones contemplan la protesta como un derecho, el hecho de que las protestas de un sector de la sociedad lleven a la renuncia de un mandatario electo hacen que este accionar sea considerado extra constitucional. 

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Sin embargo, las protestas que llevan a la renuncia de un mandatario cuentan con legitimidad por el hecho de gestarse “desde abajo”. 

La particularidad es que, en la mayoría de casos de caídas presidenciales, los primeros mandatarios que debieron abandonar sus cargos acusaron a la oposición de haber orquestado un “golpe de Estado”. 

Como vimos, sólo en tres ocasiones en los últimos 48 años los militares depusieron a un presidente, aunque a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, en estas tres ocasiones terminó habiendo una continuidad institucional. 

Si pensamos en los dos presidentes argentinos electos popularmente que no concluyeron sus mandatos, Alfonsín y De la Rúa, en ambos casos la palabra “golpe” apareció con posterioridad a sus caídas. 

Raúl Alfonsín se vio forzado a adelantar la entrega del mando presidencial en un contexto de hiperinflación. La crisis económica y sus repercusiones sociales llevaron al líder radical a acordar con el presidente electo, Carlos Menem, el adelantamiento del relevo presidencial. Con posterioridad, este episodio fue calificado como “golpe de mercado”. 

Tres episodios que han sido catalogados como golpes de Estado: Jamil Mahuad en Ecuador en el 2000, Manuel Zelaya en Guatemala en 2009 y Evo Morales en Bolivia en 2019"

En el caso de Fernando De la Rúa, su caída se dio en un contexto de convergencia de una crisis económica, política y social. Las protestas masivas de diciembre de 2001, desatadas por el corralito, los saqueos y la muerte de 39 manifestantes por la represión estatal llevaron a De la Rúa a presentar su renuncia. 

Para De la Rúa, su caída se debió a un golpe de Estado orquestado por Eduardo Duhalde, a quien había derrotado en las elecciones de 1999. Además de “golpe de Estado”, De la Rúa también afirmó que el peronismo, junto son el sindicalismo y sectores empresariales, había orquestado un “golpe civil” para removerlo de la presidencia. 

Es aquí donde entra la declaración del presidente Javier Milei. El presidente acusó a la oposición de haber intentado llevar a cabo siete golpes de Estado. El titular del Poder Ejecutivo atribuyó esos intentos de “golpes de Estado” como la causa de que la inflación aún no haya llegado a 0. Pero, ¿cuáles fueron esos siete intentos de golpes de Estado?

Desde que Javier Milei accedió a la presidencia en diciembre de 2023 se presentaron en la Comisión de Juicio Político siete pedidos de juicio político. 

El primero de ellos fue presentado por organizaciones de la sociedad civil teniendo como uno de sus principales impulsores al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La causal que motivó el pedido estuvo centrada en el “mal desempeño en las funciones” de parte del presidente Milei. La acusación giro en torno a tres puntos: el carácter violatorio de la Constitución del DNU 70/23, la instigación al delito y el desamparo de sectores vulnerables al suspender la entrega de medicamentos oncológicos. 

Con posterioridad, las presentaciones de pedidos de juicio político estuvieron ligadas al escándalo por la promoción de la criptomoneda LIBRA. En febrero de 2025 el presidente Milei promocionó una criptomoneda y anunció que a través de ella se podía invertir en PyMEs de Argentina. 

Yendo al uso del término 'golpe de Estado' por parte de Milei, resulta erróneo; si el orden constitucional no es interrumpido, no es posible hablar de 'golpe'"

Posteriormente se conoció que se trató de un negociado que generó el perjuicio de miles de ciudadanos que compraron la criptomoneda y perdieron su dinero. El accionar del presidente, en tanto potencial delito de estafa, ameritaba una investigación de parte de la Cámara de Diputados y un eventual juicio político en caso de corroborarse la existencia de un delito o mal desempeño. 

Finalmente, otras presentaciones de pedido de juicio político se han ligado a la política exterior del gobierno. En todos los casos, los pedidos de juicio político no lograron avanzar. El control que ejerce el presidente sobre la Comisión de Juicio Político impidió que ésta realice el tratamiento que hubiese derivado en la llegada del juicio político al pleno de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si bien los pedidos de juicio político existieron, el impacto que han tenido ha sido ínfimo, por no decir nulo en la agenda política. 

A diferencia de lo sucedido en otros casos regionales, donde una ciudadanía movilizada salió a las calles exigiendo el avance del juicio político, no ha sucedido lo mismo en Argentina. Ni siquiera en el momento de mayor debilidad de Milei (luego de la derrota en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en septiembre) hubo una posibilidad concreta de que el juicio político pedido tras el escándalo LIBRA logre avances concretos. 

Al hecho de que los pedidos de juicio político nunca lograron avanzar durante el gobierno de Milei hay que sumar el hecho de que este mecanismo, cuando se utilizó en distintos países de la región, no tuvo consecuencias a nivel económico. Solo por mencionar algunos ejemplos recientes,los juicios políticos contra Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil no dispararon la inflación. 

Lo mismo puede decirse de las declaraciones de incapacidad moral que vienen sucediendo en la última década en Perú. De hecho, la relación es opuesta. Generalmente es una crisis económica la que puede desatar una caída presidencial. 

Yendo al uso del término “golpe de Estado” por parte de Milei, resulta erróneo. Un golpe de Estado implica la suspensión del orden constitucional y el involucramiento de las Fuerzas Armadas para forzar la salida anticipada del presidente. En ese sentido, el juicio político no implica una suspensión del orden constitucional. Por el contrario, supone el uso de un mecanismo presente en la normativa para desplazar a un jefe de Estado. Milei no es el primer presidente que apela al término “golpe de Estado”. Se suelen usar subtipos como “golpe institucional”, “golpe de mercado”, “golpe blando”, “golpe legislativo”. En cualquier caso, implica estirar el término golpe de Estado.

Si el orden constitucional no es interrumpido, no es posible hablar de “golpe”.

Es cierto que el juicio político puede asumir un carácter puramente político, e incluso que se fuerce la interpretación de las leyes para llevarlo a cabo. Esto  implicaría que un presidente, sin haber cometido un delito, sea destituido al perder el apoyo del Congreso (como le sucedió a Fernando Lugo). Al mismo tiempo, el carácter político de esta institución puede llevar a que el Congreso proteja a un presidente que haya cometido un delito. Sucede así en un escenario en donde el presidente logra afianzar un “escudo legislativo”. Y esto es lo que Milei logró al ccoptar al PRO y a otros bloques provinciales. 

*Licenciado en ciencia política (UBA), magister en gobierno y doctorando en ciencias sociales