Cuando las empresas mineras se van, las comunidades africanas pagan

JOHANNESBURGO – Esta semana, responsables políticos y ejecutivos de la industria se reunieron en Ciudad del Cabo para el Mining Indaba Africano anual. Seguirán un guion familiar: los gobiernos cortejarán a los inversores, las empresas prometerán empleos y crecimiento, y el champán correrá mientras los oradores presentan a África como indispensable para la transición energética global.

Como siempre, el énfasis estará en los nuevos proyectos, el capital fresco y las oportunidades sin explotar, sin mencionar cómo suelen terminar estos emprendimientos. Pero en la minería, los finales importan más que los comienzos, porque revelan dónde reside realmente el poder.

A medida que la transición hacia las energías limpias cobra ritmo, la cuestión de cómo terminan los proyectos mineros ha adquirido una nueva urgencia. La carrera mundial por los minerales críticos se plantea a menudo como un reto técnico: ¿Con qué rapidez pueden sustituirse los combustibles fósiles sin desestabilizar las cadenas de suministro? Pero la cuestión más fundamental es quién corre con los costes de la extracción.

Para las corporaciones mineras transnacionales, la salida se ha convertido en la fase de captura de valor más decisiva y menos regulada. Al vender activos, reestructurar operaciones y reubicar sedes, pueden desprenderse de responsabilidades sociales, ambientales y fiscales con impunidad.

Sudáfrica ofrece un ejemplo sorprendente. Anglo American, fundada en 1917, ha sido durante mucho tiempo la empresa minera dominante del país, moldeando los sistemas laborales, los patrones de asentamiento y la infraestructura durante más de un siglo. Sin embargo, a medida que la empresa ha simplificado su cartera global en los últimos años, su huella nacional se ha reducido rápidamente. Entre 2021 y 2024, su plantilla sudafricana cayó más de un 20%, pasando de unos 41,000 a 32,000 empleados. Durante el mismo periodo, sus pagos de impuestos y regalías se desplomaron un 81%, pasando de aproximadamente 41,000 millones de rands (2,500 millones de dólares) a 7,800 millones de rands.

Puede resultar tentador explicar estas cifras como un reflejo de los ciclos del mercado o de los costes inevitables de la transición, pero apuntan a un problema estructural más profundo: el capital es móvil, pero la rendición de cuentas no lo es.

Cuando las empresas mineras abandonan un país, los costos no desaparecen; se transfieren a las comunidades locales. Los pueblos mineros pierden su base impositiva, los municipios tienen dificultades para mantener las infraestructuras esenciales y los daños ambientales quedan sin atender. En la provincia sudafricana de Mpumalanga, asolada por décadas de extracción, cientos de minas están abandonadas o insuficientemente rehabilitadas. Entre 2011 y 2016, las autoridades emitieron solo seis certificados de cierre de minas, la confirmación formal de que la rehabilitación se ha completado. Mientras tanto, el drenaje ácido de las minas sigue contaminando los sistemas de agua.

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Los costes humanos son igualmente desoladores. En Kriel, una ciudad minera de Mpumalanga, más de 200 residentes fueron desalojados por la fuerza en 2025 después de que una mina cambiara de manos y las viviendas vinculadas al empleo fueran canceladas abruptamente. Lo que se había presentado como un camino hacia el trabajo y la estabilidad terminó en la falta de vivienda, la incertidumbre legal y la ruptura social.

Kriel no es un caso aislado. En toda Sudáfrica, las empresas mineras han generado decenas de miles de millones de dólares en beneficios, mientras que solo han aportado beneficios insignificantes a las comunidades anfitrionas. Sorprendentemente, una gran parte de los fondos destinados al desarrollo local nunca se ha entregado o no se puede contabilizar.

Los defensores del sistema actual suelen afirmar que una regulación más estricta ahuyentaría a los inversores, y que los gobiernos africanos, que se enfrentan a un alto desempleo y a una deuda creciente, no pueden permitirse asustar al capital extranjero. Este argumento merece ser tomado en serio, pero se basa en una premisa falsa.

El problema de Sudáfrica no es que las condiciones de entrada para las empresas multinacionales sean extremadamente onerosas. Por el contrario, la ley minera no exige que las empresas obtengan el consentimiento de las comunidades afectadas, sino simplemente que las "consulten", y la aplicación de las normas sociales y ambientales sigue siendo débil. Canadá, por el contrario, impone requisitos más estrictos para el cierre de minas y realiza habitualmente revisiones de interés público de las principales reestructuraciones corporativas, y aun así sigue atrayendo a inversores internacionales.

El problema no es la regulación, sino un vacío de gobernanza global. Mientras que las corporaciones multinacionales pueden trasladar beneficios, activos y domicilios legales a través de las fronteras nacionales con facilidad, la aplicación de las protecciones ambientales, sociales y de derechos humanos sigue confinada dentro de ellas.

Esta asimetría es obvia en el Mining Indaba africano. Los gobiernos, muchos de ellos bajo presión fiscal, compiten por atraer la inversión extranjera, mientras que las empresas mineras conservan la ventaja definitiva: la opción de irse. El desequilibrio es el resultado de un sistema que favorece abrumadoramente los intereses de los accionistas y trata la salida de las empresas como una decisión empresarial, en lugar de una preocupación pública.

Alarmantemente, la misma lógica se está extendiendo ahora a la transición hacia las energías limpias. Con la previsión de que la demanda de platino, litio, cobre y cobalto aumente en las próximas décadas, África está llamada a convertirse en un importante proveedor de los minerales necesarios para la descarbonización.

Las reformas nacionales son necesarias pero insuficientes. La legislación nacional por sí sola no puede resolver un problema arraigado en los desequilibrios de poder transnacionales. Por eso son tan trascendentales las negociaciones, estancadas desde hace tiempo, para lograr un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos.

Sin mecanismos de rendición de cuentas fiables, la transición hacia las energías limpias no será ni justa ni sostenible. En su lugar, dejará tras de sí un rastro de minas abandonadas, municipios vaciados, fuentes de agua contaminadas y familias desplazadas.

El Mining Indaba africano se enorgullece de dar forma al futuro de los recursos del continente. Pero esa afirmación suena hueca si la conversación se detiene en anuncios festivos de nuevos comienzos y evita lo que sucede después de que los proyectos concluyen. Cuando lo hacen, alguien siempre paga. La pregunta es si los costes seguirán recayendo sobre aquellos que no tienen otro lugar a donde ir.

(*) Christopher Rutledge es director ejecutivo de la Oficina de Asesoramiento de Comunidades Afectadas por la Minería Unidas en Acción (MACUA) y Mujeres Afectadas por la Minería Unidas en Acción (WAMUA).

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