El pasado 2/2/2026, en la página del Gobierno del Chubut, leímos que el gobernador Nacho Torres "encabezó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero, confirmando que elevará a Nación propuestas para eliminar las retenciones y proteger el recurso en la milla 201".
Conformación de la Mesa y cambio de enfoque
Celebramos su conformación, con una amplia participación de la industria y el comercio de Chubut, que entre sus objetivos tendría el de "reforzar el combate de la pesca ilegal en la milla 201"; en especial, porque hasta el año pasado el Gobierno del Chubut promovía publicitados acuerdos para obtener inversiones en el ámbito portuario y naval por parte de Estados que son los principales responsables de la pesca ilegal en alta mar. Es un cambio importante, a la par de convocar a la comunidad beneficiaria del desarrollo que la pesca genera en la provincia; cuestión que el gobernador dejó en claro al referirse a "tuvimos la grata noticia de que en 2025 la provincia alcanzó el récord de exportaciones de los últimos veinte años, en gran medida por el crecimiento de un sector estratégico como la pesca, que es el que más empleo generó y el que mayor potencial tiene para seguir generando trabajo en tierra".
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Ahora bien, tenemos algunos interrogantes derivados de las afirmaciones del gobernador que, en su vocación de escuchar opiniones, sería muy interesante que nos precisara con mayor detalle para poder formular nuestras opiniones definitivas.
Interrogantes sobre jurisdicción y pesca ilegal
Por ejemplo, ¿cómo entiende su gobierno que va a proteger los recursos en la milla 201?, teniendo en cuenta que la jurisdicción de la provincia alcanza a las 12 millas y, a nuestro juicio, tampoco se administran adecuadamente los recursos migratorios originarios de la jurisdicción de Chubut, lo que implica la pérdida de millones de dólares por año.
Dado que el gobernador, en su portal, indica que en la Zona Económica Exclusiva la pesca ilegal provoca una pérdida millonaria, resulta muy importante precisar ¿a quién atribuye la pesca ilegal que "asegura" que, en "la Zona Económica Exclusiva, genera pérdidas para Chubut y para el país de entre 600 y 1.000 millones de dólares por temporada" (sic)?
Del mismo modo, es necesario preguntar ¿por qué indica el señor gobernador que "la figura del Estado Rector del Puerto garantiza la trazabilidad de quienes hacen las cosas bien?" (sic), ya que la Argentina no ha aprobado esta figura, en atención a que permitiría la injerencia de terceros Estados en el ámbito del mar territorial; además de que ese "Estado Rector" no garantiza la trazabilidad de las capturas y, en todo caso, las "blanquea".
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También cabe preguntar ¿por qué el señor gobernador refiere que "Chubut es la provincia más perjudicada, porque la milla 201 se encuentra frente a nuestras costas e impacta directamente en la jurisdicción de las aguas provinciales" (sic)?; ya que la referida milla 201 limita con toda la Zona Económica Exclusiva Argentina y esta se encuentra directamente vinculada al mar territorial de todas las provincias del litoral marítimo por igual; además de que el principal recurso desembarcado en Puerto Madryn y Rawson es el langostino, que no se captura más allá de las 200 millas.
Sería muy interesante conocer ¿cuál sería "la batería de propuestas que presentará ante las autoridades nacionales"?, ya que, siendo el secretario de Pesca el representante de la provincia del Chubut en el Consejo Federal Pesquero, es de suponer que ya ha presentado propuestas en estos dos últimos años, aunque no consta información alguna en las actas de ese cuerpo.
Valor agregado, empleo y administración del recurso
Siendo conocido el bajo valor agregado de las exportaciones pesqueras procedentes del Chubut, sería importante conocer ¿cuáles serían las acciones de la provincia para "agregarle valor a nuestro recurso y poder generar más trabajo"? (sic), teniendo en cuenta que la falta de valor agregado de las capturas —en especial el langostino— es, en sí misma, una mala administración de este recurso concesionado, limitando la ocupación de mano de obra argentina y transfiriendo el trabajo a los países importadores, además de provocar la pérdida de un mayor desarrollo regional.
Entendemos, también, que limitar la pesca ilegal a los "poteros" minimiza la más importante y menos selectiva captura que realizan los buques extranjeros con redes de arrastre.
Por supuesto, aprobamos toda iniciativa destinada a eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, ya que constituyen la forma más arbitraria con la que el Gobierno de la Nación se queda con los recursos de las provincias del litoral marítimo y, con ello, con el desarrollo de los pueblos y la generación de empleo. En ese sentido, resulta llamativo que no se instrumenten acciones coordinadas con todas las provincias del litoral marítimo.
El recurso pesquero es de todos los argentinos, cuya explotación es otorgada en concesión por la Nación y las provincias dentro de su jurisdicción. Su correcta administración es un imperativo que no puede postergarse, por los recursos que aporta a la Argentina, pero también porque es necesario proveer esta excelente proteína a los consumidores nacionales.
(*) Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
cesarlerena.com.ar
