29 años después

José Luis Cabezas: la democracia frente a su umbral de tolerancia

El asesinato del fotógrafo de “Noticias” no fue un exceso criminal, sino un acto cuidadosamente diseñado para producir un efecto político. En una Argentina donde el poder no estaba ausente sino fragmentado, la violencia funcionó como un mecanismo de orden y disciplina. El crimen buscó establecer un límite a lo visible y advertir hasta dónde podía llegar el periodismo cuando decidía mostrar lo que ciertos actores necesitaban mantener en la sombra.

Foto: cedoc

El crimen de José Luis Cabezas no necesita adjetivos morales para explicar su gravedad. Lo que lo vuelve decisivo es su función política. No fue una reacción emocional ni una venganza descontrolada: fue una operación racional de poder. Se planificó, se ejecutó y se escenificó para producir un efecto duradero. Y lo logró.

En la Argentina de mediados de los 90, el problema no era la debilidad del Estado, sino su fragmentación. El poder no estaba ausente: estaba distribuido en capas que no se controlaban entre sí. La política formal discutía sucesiones; la policía administraba territorio; el poder económico operaba sin exposición pública. Ese desacople no genera caos: genera métodos. El asesinato de Cabezas es uno de ellos.

El periodismo de investigación quedó atrapado en ese cruce. Cuando dejó de narrar y empezó a mostrar, se volvió disruptivo. La fotografía no fue un complemento de la investigación: fue el acto que quebró el acuerdo tácito de anonimato que protegía a ciertos actores. A partir de allí, la pregunta dejó de ser qué se había publicado y pasó a ser quién había habilitado esa mirada.

La violencia no apuntó solo al fotógrafo. Apuntó a redefinir el perímetro de lo visible. El cuerpo quemado fue un límite material: hasta acá se puede llegar. No era necesario multiplicar víctimas. Bastaba con una escena bien construida. El mensaje no requería interpretación: requería obediencia.

El error posterior fue leer el crimen como una anomalía corregible. Juzgar a los ejecutores no desarmó la lógica que lo hizo posible. Porque el problema no fue un grupo de individuos, sino una forma de funcionamiento donde el control democrático resulta tolerable solo mientras no incomode a los poderes que operan fuera del escrutinio.

Por eso el caso no envejece. No porque falte justicia, sino porque el mecanismo sigue dispuesto y disponible. Cada vez que investigar se convierte en riesgo y no en regla, el sistema vuelve a mostrar su verdadero umbral de tolerancia. Cabezas no es pasado: es un test permanente sobre hasta dónde una democracia está dispuesta a mirar.