Los vendedores de pasado por futuro

Con el exdirector de asuntos jurídicos de Techint y actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, a la cabeza, el gobierno nacional vuelve a presentar una receta tan vieja como mentirosa: la reforma laboral modernizadora. Lo que vienen a vender como novedoso es otro intento por retroceder uno o dos siglos. Nada de lo que ofrecen es nuevo, ni moderno y mucho menos va a mejorar un solo indicador social. 

Traen esta “nueva” receta después de fracasar en la anterior. Fracasaron en los términos de lo que dijeron que lograrían, aunque –hay que reconocerlo– triunfaron en el objetivo real. La promesa había sido que con la reforma laboral contenida en la Ley Bases se crearían empleos y se bajaría la informalidad laboral a costa de que las y los trabajadores resignaran derechos. Pero a casi un año y medio de la sanción de esa norma que precarizó el empleo, lo único que se logró fue un aumento de la informalidad laboral y un crecimiento del desempleo (se perdieron 251 mil puestos de trabajo desde que asumió el Gobierno, según la propia información oficial). La eliminación de las sanciones por no registrar una relación laboral y la política económica de apertura de importaciones y promoción de la timba financiera por sobre la producción nacional y el incentivo a la industria hicieron lo suyo.

Ahora, la novedosa propuesta de Cordero es que se puedan negociar salarios por empresa por debajo del salario que establece el convenio colectivo de cada actividad. Eso hasta ahora está prohibido, porque una vez que se fija el salario para una actividad se pueden negociar salarios por empresa, pero tienen que ser superiores al de la actividad. Según Cordero, ese “piso” debería pasar a ser un “techo”.

Esa idea que venden por nueva ya la implementaron en mayo de 2000, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa logró sancionar la Ley 25.250, que quedó en la memoria popular como la “ley Banelco” y hacía honor al mecanismo corrupto utilizado para conquistar la voluntad de varios legisladores.

Lo que ocurrió con esa reforma no fue muy diferente a lo que había ocurrido antes con la flexibilización laboral menemista, que generó un desempleo en torno al 20 por ciento. Pero tampoco es distinto respecto de lo que ocurrió en otros lugares del mundo y quedó demostrado en un estudio que realizó la Organización Laboral del Trabajo (OIT) en 2015. Analizó reformas similares en 63 países y concluyó que en ningún caso una modificación regresiva de la legislación laboral generó crecimiento del empleo registrado, ni mucho menos salarios dignos, que permitieran vivir mejor a quienes trabajan. En todos esos casos estudiados se destruyeron los indicadores sociales.

Esta nueva embestida contra el derecho laboral no será la excepción, pero, como siempre, tendrá unos pocos beneficiados: empresarios que aumentarán su rentabilidad a costa de la reducción de los salarios.

* Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL).