Un thriller de espías expone la fragilidad del Gobierno

El gobierno de Javier y Karina Milei afirma que los audios que exponen presuntas coimas y maniobras indebidas de funcionarios son producto de una operación de inteligencia internacional con nexos peronistas. Según esa versión, habrían sido servicios de inteligencia de Rusia, Venezuela y el kirchnerismo los que grabaron conversaciones de altos funcionarios en distintos escenarios. Sin embargo, la hipótesis luce prácticamente insostenible frente a la evidencia, la praxis y el sentido común. Todo indica que se trata, más bien, de una maniobra defensiva, ajena al estilo y estrategias comunicacionales trazadas por los asesores de comunicación del presidente Milei. 

En la Casa Rosada, la seguridad está dividida: de las puertas hacia afuera la controla la Policía Federal –dependiente de la ministra Patricia Bullrich– y de las puertas hacia adentro, Casa Militar, bajo la órbita directa de la Presidencia, es decir, de Karina Milei. En el Congreso, la custodia se reparte entre la Policía Federal y la seguridad parlamentaria. En todos los casos, el ingreso exige DNI, autorización de la visita, escáner de pertenencias y detectores de metales. Además, en Balcarce 50 se realizan “barridos” periódicos para detectar micrófonos y cámaras ocultas. 

Las filtraciones suelen provenir de funcionarios internos que deciden divulgarlo

La hipótesis oficial, presentada como un thriller de espías que está más cerca de Brigada Cola que de Hollywood, tiene groseros errores de guion. El primero es bastante obvio: si los espías ruso-venezolanos hubieran logrado sortear todos los controles mencionados para colocar un dispositivo de grabación, ese instrumento aún debería encontrarse instalado en Casa Rosada o en el Congreso, ya que, hasta el momento no se conoció información de su hallazgo. La segunda opción es aún más absurda: que los supuestos espías no solo ingresaron para colocar los equipos, sino que también lograron retirarlos sin ser detectados. 

Cualquiera de las dos alternativas daría cuenta de fallas gravísimas en la seguridad a cargo de Karina Milei y Patricia Bullrich. Sin embargo, hasta el momento, no hubo sanciones ni sumarios internos, ni un solo funcionario policial o de Casa Militar señalado por semejante vulneración de la “seguridad nacional”. 

La experiencia histórica muestra otra realidad: las grandes filtraciones rara vez provienen de sofisticadas operaciones de inteligencia extranjera. En la mayoría de los casos, surgen de funcionarios internos que deciden divulgar información por miedo, conveniencia política o intereses económicos. Así ocurrió en nuestro país y también en los episodios más emblemáticos de la historia del siglo XX en Estados Unidos. 

Detrás del relato oficial, sin embargo, se esconde algo más profundo: el intento de suplir con comunicación lo que la política no logra contener. Frente a la gravedad de los audios, el presidente Milei podría haber apelado a un “fusible” político que lo blindase de un escándalo de corrupción mayúsculo. Tenía en sus manos la posibilidad de desplazar a los Menem o incluso a su hermana para apaciguar la crisis y marcar un enérgico repudio a la corrupción. Pero eligió otro camino, más cercano a su zona de confort: refugiarse en la comunicación política, el terreno que llevó a La Libertad Avanza al poder. Esta vez, sin embargo, lo hicieron tarde y mal: pasaron casi veinte días antes de ensayar una respuesta y ya no desde la ofensiva característica del equipo de comunicación presidencial, sino más bien desde el miedo a una crisis terminal en el corazón del poder libertario. 

El resultado fue la resurrección del manual bullrichista de la comunicación: fabricar una narrativa conspirativa con espías internacionales y nexos peronistas. Un libreto inverosímil incluso para los libertarios más radicalizados. No les cabe el mote de originales. No es la primera vez que se aplica esta receta; como ministra de Cambiemos, Patricia Bullrich la utilizó en el caso Maldonado –filtrando versiones falsas a medios afines– y también cuando presentó como terroristas a una familia musulmana que, tras 22 días de prisión, resultó inocente. Este episodio derivó incluso en una denuncia ante la CIDH por el daño causado a su imagen y buen nombre.

En definitiva, el Gobierno intenta trasladar la discusión a un terreno fantasioso para eludir responsabilidades. Sin embargo, quienes construyeron una narrativa de cambio extremo, anticasta y de combate a la corrupción hoy son perseguidos por su propia sombra: la de un apellido impregnado de sospechas, negocios entrelazados con el Estado y una alarmante falta de reacción frente a un escándalo de magnitud. Las contradicciones que atraviesan la película libertaria son, en última instancia, la prueba más clara de la crisis política y comunicacional que sacude al partido de gobierno.

* Periodista y consultor en comunicación política. Exdirector de Prensa del Ministerio de Seguridad y extitular de la Unidad de Comunicación de Jefatura de Gabinete.