El carrito de la impunidad: cómo fue la fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande y qué reveló sobre el Estado mexicano

El 19 de enero de 2001, cerca de las 20.00, el Centro Federal de Readaptación Social Número 2, conocido como Puente Grande, en el estado de Jalisco, atravesaba una noche que parecía rutinaria. Sin embargo, ese viernes marcaría uno de los episodios más graves de la historia penitenciaria de México. Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, de 43 años, condenado por delitos vinculados al narcotráfico y considerado entonces uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, logró escapar de una prisión de máxima seguridad.

Se encontraba detenido desde 1993, cuando fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Había sido trasladado a Puente Grande en 1995, bajo el régimen de alta seguridad, luego de protagonizar disturbios y maniobras irregulares en otros centros de detención. Para 2001, acumulaba causas por tráfico de drogas, asociación criminal y homicidio, aunque no contaba con una sentencia.

Allí, la versión difundida sostuvo que el capo se ocultó dentro de un carrito de lavandería, cubierto con sábanas sucias y bolsas de residuos. El vehículo fue empujado por Francisco Javier Cambero Rivera, alias “El Chito”, empleado de lavandería del penal. Según los registros, el carrito atravesó al menos siete controles internos, incluidos accesos con guardias armados y sistemas electrónicos.

Las investigaciones posteriores demostraron que la evasión no fue un hecho improvisado. Autoridades federales reconocieron que Guzmán había construido durante años una red de complicidades dentro del penal. Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron pagos millonarios a funcionarios penitenciarios, estimados en más de 2,5 millones de dólares.

Sin dudas, la fuga provocó un escándalo político inmediato. El entonces presidente Vicente Fox ordenó una investigación federal y destituyó a autoridades del sistema penitenciario. Guzmán logró salir del complejo sin ser detectado y se trasladó fuera de Jalisco pocas horas después. Desde ese momento, retomó el control operativo del Cártel de Sinaloa y volvió a desaparecer del radar oficial.

El sistema que se doblegó ante el dinero y el miedo

Lejos de funcionar como una cárcel de máxima seguridad, Puente Grande se había convertido en un espacio controlado de facto por Guzmán Loera. Declaraciones judiciales posteriores, entre ellas las de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, entonces subdirector del penal, revelaron el grado de penetración del narcotráfico en la estructura institucional.

Guzmán contaba con privilegios prohibidos: acceso a teléfonos celulares, visitas no registradas, ingreso de alimentos especiales y libertad de movimiento dentro de ciertas áreas del penal. Testimonios incorporados en causas federales indicaron que organizaba reuniones con otros internos, coordinaba envíos de droga y tomaba decisiones estratégicas desde su celda.

Al menos 71 funcionarios y empleados del sistema penitenciario fueron investigados por su participación directa o indirecta en la fuga. Algunos recibieron condenas por cohecho, encubrimiento y abuso de autoridad, mientras que otros fueron absueltos por falta de pruebas. El propio Cambero Rivera fue detenido meses después y condenado por colaborar en la evasión.

La noche de la fuga, los protocolos de seguridad no se activaron. Las cámaras no registraron movimientos irregulares, las alarmas no se dispararon y los controles manuales no detectaron el traslado del carrito. Informes internos señalaron fallas graves en la supervisión y una cadena de omisiones que permitió que Guzmán saliera por el área de servicios sin ser revisado.

A diferencia de su segunda fuga, ocurrida en 2015 mediante un túnel desde el penal del Altiplano, la evasión de 2001 no requirió infraestructura compleja. Fue una demostración de cómo la corrupción interna podía anular cualquier esquema de seguridad, incluso en un penal diseñado para albergar a los criminales más peligrosos del país.

Trece años de sombra y el legado de una huida eterna

Tras recuperar la libertad, reorganizó rápidamente la estructura del Cártel de Sinaloa. Durante los trece años que permaneció prófugo, el grupo criminal consolidó su expansión, con presencia en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. El cartel perfeccionó el uso de túneles fronterizos, rutas marítimas y aeronaves clandestinas para el tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas.

En ese período, Guzmán se convirtió en una figura central del crimen organizado global. La revista Forbes lo incluyó en su lista de personas más poderosas del mundo y estimó su fortuna en más de 1.000 millones de dólares. Su imagen trascendió el ámbito criminal y se instaló en la cultura popular, alimentada por relatos sobre su estilo de vida y su capacidad para evadir a las autoridades.

Los operativos para capturarlo se multiplicaron, con resultados fallidos en distintos estados del país. Avistamientos en la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua reforzaron la percepción de que contaba con protección local y redes de información.

A 15 años del jet de los hermanos Juliá y el transporte de casi una tonelada de cocaína

Aunque hoy Guzmán cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, el impacto de aquella evasión continúa siendo materia de análisis judicial, político y académico. La huida no solo consolidó su poder personal, sino que dejó una marca duradera en la historia reciente de México y en la forma en que el país enfrenta al crimen organizado.

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