Piden que vaya a juicio la banda que desvió más de 740 armas a mercados ilegales: hay un policía implicado

La Fiscalía Federal de Campana solicitó la elevación a juicio de la causa contra 11 personas que están acusadas de integrar una asociación dedicada a adquirir, registrar y poner en circulación de manera irregular armas de fuego que luego eran desviadas hacia mercados ilegales. Entre los involucrados se encuentran un oficial de la Policía de la Ciudad y un ex funcionario de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Entre los acusados se encuentran Ricardo Javier Mascato, el agente porteño Walter Nahuel Moreno y el ex ANMAC (actual Registro Nacional de Armas) Fernando Héctor Rodríguez. Los otros procesados son usuarios, titulares de armerías y/o instructores, identificados como Martín José Núñez, Walter Claudio Nahuel Moreno, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzati, Daniel Ribeiro, Yanina Micaela Ribeiro, Daniel Niver Iglesias, Roberto Daniel Rean, Fernando Héctor Rodríguez y Juan José Fogliani.

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De acuerdo con el requerimiento presentado por el fiscal de Campana Sebastián Bringas y su colega Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Mascato habría cumplido el rol de organizador de la estructura, mientras que los demás fueron señalados como integrantes de la misma. Según los hechos investigados, se habrían desviado de manera irregular unas 742 armas de los registros oficiales.

En el caso de Moreno, la acusación incluye además el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", debido a su intervención en numerosas certificaciones realizadas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados vinculadas con usuarios considerados irregulares, según la información relevada por el sitio web del Ministerio Público Fiscal.

La investigación, que analizó diferentes hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2026, indica que las armas de fuego habrían sido registradas a nombre de personas vinculadas con la organización y posteriormente no fueron encontradas en su poder ni en los domicilios que habían declarado como lugares de guarda.

La hipótesis fiscal menciona que supuestamente eran adquiridas dentro del mercado legal y que, más tarde, a través de distintas maniobras, terminaban fuera de la esfera de custodia de quienes figuraban como sus titulares en la formalidad. Precisamente, la causa inició en 2024 a partir de una investigación preliminar de la entonces ANMAC, que había detectado irregularidades en la adquisición y registro de armas.

De esta forma, los investigadores analizaron compras de diferentes períodos y hallaron inconsistencias entre los ingresos declarados y la cantidad de armamento adquirido, además de coincidencias en domicilios, contactos y los gestores utilizados para realizar los trámites. También notaron graves irregularidades en los domicilios de guarda.

En abril de este año, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó 140 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Los procedimientos derivaron en varias detenciones.

Más tarde, el magistrado les dictó los procesamientos de los acusados y les impuso la prisión preventiva. Allí, La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó esas resoluciones pero revocó la medida para Pablo Iannarelli, a quien desvinculó del caso por falta de mérito. Además, a los sospechosos se les trabaron embargos por hasta 120 millones de pesos a cada uno.

Mercado ilegal de armas: así funcionaba la banda

De acuerdo con la Fiscalía, la organización funcionaba a partir de una distribución de tareas entre quienes participaban y que les permitía sacar las armas del circuito legal sin que las personas que figuraban como titulares conservaran efectivamente su tenencia. Así, se habrían usado usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes, que aparecían como legítimos usuarios de las armas.

El circuito involucró a gestores, armerías y funcionarios relacionados con la certificación de documentación. De esta manera, las armas podían ser adquiridas y transferidas mediante trámites que, en apariencia, se desarrollaban dentro de los canales legales. En ese contexto, para los fiscales, Moscato coordinaba la operatoria, impartía directivas e intervenía en la compra y transferencia de las mismas.

Una de las maniobras detectadas consistía en justificar posteriormente la ausencia del armamento mediante denuncias de robo, presentadas luego de inspecciones oficiales o allanamientos. Los investigadores también detectaron movimientos de dinero entre personas vinculadas con la causa que coincidían con transferencias de armas.

En cuanto el exfuncionario Rodríguez, la acusación sostiene que brindó apoyo desde su posición institucional y también actuó como gestor, incluso mediante el cobro de contraprestaciones por certificaciones. Por el lado de Moreno, se cree que realizó reiteradas certificaciones y transferencias en su condición de oficial policial.

El requerimiento concluye diciendo que existió una “mancomunidad de voluntades” orientada a cometer distintos delitos y que el mecanismo se basaba en la adquisición aparentemente lícita de armas para luego desviarlas hacia el mercado informal.

FP cp