Por la seguidilla de feriados, se reprogramó casi un mes el juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que estaba a punto de comenzar dentro de una semana, fue reprogramado para mitad de abril de este año, luego de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro hicieran lugar al pedido de la parte acusadora. Se trata del nuevo debate oral contra los siete profesionales de la salud a cargo de la salud del exfutbolista, luego de que se anulara el primero por el "Escándalo del Documental" de la ex jueza Julieta Makintach.

El debate tenía fecha para el próximo 17 de marzo, pero en las últimas horas se informó que el mismo se corrió casi un mes más tarde, ya que se fijó la fecha para el próximo 14 de abril. Además, ahora se realizarán dos audiencias semanales y no tres, como se había estipulado previamente, a partir de una solicitud realizada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y avalada por la mayoría de los abogados.

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El cambio se dio luego de que se detectara que los próximos feriados largos iban a interrumpir la fluidez del proceso, ya que, por ejemplo, la audiencia del 24 marzo iba a ser suspendida por el Día de la Memoria, y la del 2 de abril, por el Día del Veterano y Caídos en Malvinas. Este pedido se fundamentó en el hecho de que se logró reducir considerablemente la lista de testigos, pasando de más de 200 a 92.

El escrito que lleva la firma de los representantes del Ministerio Público Fiscal y de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola (representantes de Dalma y Gianinna Maradona), Marcelo Censori (por Diego Fernando Maradona y Verónica Ojeda) y Félix Linfante (por Jana Maradona), entre otros, prevé que gracias a la reducción de esa nómina el debate podría finalizar más rápido.

En un fallo dividido, el Tribunal aceptó las modificaciones y explicó que al haber cambios en los testigos “se les da a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos”. Los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani dieron el visto bueno, mientras que su colega Pablo Rolón votó en contra.

“Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal", manifestó Gaig, presidente del TOC.

En ese sentido, detalló que cuando las circunstancias del proceso lo aconsejan, el órgano judicial puede adoptar decisiones de reprogramación que, lejos de implicar una dilación indebida procuran asegurar un desarrollo más ordenado y eficiente del juicio oral, "preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate", y más cuando las partes que intervienen coinciden en adecuar el cronograma.

Rolón, en tanto, optó por no postergar el debate y recordó que se habían cambiado y acordado las agendas de los tribunales de los que los magistrados elegidos por sorteo forman parte (TOC 1, 5 y 7), para llevar adelante el juicio. En su argumento, sostuvo que la reprogramación iba a contramano del "mandato constitucional de afianzar la justicia".

Los acusados en el Caso Maradona

Maradona murió el 25 de noviembre del 2020 en una vivienda del barrio privado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde estaba bajo una interación domiciliaria tras haber sido operado de un hematoma subdural a principios de ese mes. El foco de los cuestionamientos estuvo puesto en si el lugar era el adecuado para su recuperación y si existió o no negligencia por parte de los profesionales que estaban a cargo de su cuidado. 

En ese contexto, en el banquillo de los acusados estarán presentes el neurocirujano Leopoldo Luque (su médico de cabecera); la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la coordinadora de Swiss Medical (prepaga a cargo de la internación) Nancy Forlni; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón y su jefe y coordinador, Mariano Perroni.

Los siete están imputados de "homicidio simple con dolo eventual", un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Además, en noviembre del año pasado el Tribunal estableció que además de este debate oral se mantiene vigente el juicio por jurados contra la "octava acusada" que tiene el expediente, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, tal como había optado inicialmente.

Todavía restan resolver algunos planteos de los defensores, como el de Julio Rivas y Francisco Oneto, representantes legales de Luque, que solicitaron que sea juzgado por un jurado popular, en lugar de uno técnico. El recurso está en la Cámara de Casación bonaerense, que también debe resolver planteos presentados por los abogados de Forlini y Cosachov, quienes consideran que ya fueron juzgadas en el debate anulado y no deberían ser sometidas a un nuevo proceso.

El "Escándalo Makintach" y el juicio nulo

El primer juicio por la muerte del campeón del mundo en México '86 quedó envuelto en una polémica cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach, integrante del tribunal junto a Maximiliano Severino y Verónica Di Tomasso, estaba vinculada a la realización de un documental sobre el propio proceso judicial. El proyecto audiovisual, titulado “Justicia Divina”, incluía material grabado dentro de tribunales y escenas en las que la magistrada aparecía como una figura importante en el relato.

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La difusión de un tráiler y de guiones del proyecto, así como de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio judicial de San Isidro, despertó sospechas sobre su participación y generó un fuerte cuestionamiento a su imparcialidad en el debate. La investigación posterior determinó que Makintach habría permitido el ingreso de un equipo de filmación a sectores restringidos y grabaciones de las que las partes no tenían conocimiento durante el desarrollo del juicio.

Ante ese escenario, el tribunal resolvió apartar a Makintach y finalmente declaró la nulidad del juicio oral, al considerar que su intervención había contaminado el proceso desde su inicio. En ese punto, el debate ya llevaba más de veinte audiencias y decenas de testigos, pero quedó sin efecto. El escándalo derivó además en el juicio político contra la magistrada, que terminó siendo destituida e inhabilitada para ejercer cargos judiciales, según lo determinado por el tribunal de enjuiciamiento el 18 de noviembre del año pasado..

FP