Récord histórico de encarcelamiento en Argentina: nuevo informe sobre la privación de la libertad en las penitenciarías

El encarcelamiento en Argentina llegó a sus niveles históricos más altos en 2024. Tal como lo muestra el informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024)” realizado por el Comité Nacional para la prevención de la Tortura (CNPT), al 31 de diciembre de ese año, el sistema penitenciario alijaba un total de 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes.

El fenómeno no se distribuye de igual manera en todo el país. Cinco provincias superan la medida nacional. En primer lugar, se encuentra Córdoba, con casi 377 personas encarceladas cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza, con 308, Buenos Aires con 305 personas, Santa Fe y Salta superando los 250.

En los últimos 25 años la población carcelaria aumento a un promedio anual del 6%, siendo el 2020 la única excepción debido a la pandemia de Covid-19. Esto indica que la tendencia es sostenida y creciente. En 2024 el incremento fue aun mayor, llegando al 7,1%.

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Este récord se combina con la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. A pesar de la expansión del aparato, la saturación no cedió. Según indica el informe, las cárceles operan al 130,2% de su capacidad, es decir que donde debería haber 100 personas, hay 130.

Durante el último año gobiernos provinciales, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, tuvieron aperturas de nuevas unidades, ampliando así su capacidad de alojamiento. Sin embargo, esto no significó un alivio real, ya que gran parte de las nuevas plazas fueron ocupadas por traslados de detenidos en comisarias.

Sobre esto, el CNPT advierte que la solución a esta problemática no se encuentra meramente en la ampliación de la red penitenciaria. Señala el uso sistemático de la prisión preventiva, el incremento de personas condenadas a penas cortas, el aumento de la severidad de la legislación penal, la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas a la prisión, la ausencia de mecanismos judiciales y ejecutivos para controlar la sobrepoblación, como causantes de una falla que apunta como estructural.

La situación procesal y los tipos de delitos

En este marco se hace énfasis sobre reformas en la administración de la justicia penal que endurecieron el sistema y recortaron derechos de las personas privadas de la libertad. Se trata de modificaciones que elevaron las escalas penales, ampliaron el uso de la prisión preventiva, incorporaron nuevos tipos penales y restringieron la posibilidad de acceder a penas de ejecución condicional. En este sentido, apuntan sobre el directo impacto en el aumento del encarcelamiento y, por ende, el agravamiento del hacinamiento en las cárceles.

En cuanto a la situación procesal, los datos muestran que la mayoría de las personas privadas de la libertad cuenta con una condena firme. Actualmente, el 62% de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.

En términos relativos, la prisión preventiva se redujo durante los últimos anos, a nivel nacional. Sin embargo, presenta grandes contrastes entre jurisdicciones. Neuquén encabeza el ranking de personas con condena firme, con el 99,6%, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, que superan el 90%. En sentido inverso, provincias como Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%) registran niveles por encima del promedio nacional de personas encarceladas sin condena.

Respecto al tipo de delitos, el documento señala que los delitos contra la propiedad concentran la mayor parte de la población encarcelada, llegando a un 36,4%. En la escala le siguen delitos contra las personas (21,7%) y los delitos contra la integridad sexual (20,5%).

Además, indica que los principales delitos perseguidos por el sistema penal están vinculados con situaciones de vulnerabilidad social y atravesados por el género. En particular, los delitos relacionados con estupefacientes afectan de manera diferencial a mujeres y personas trans.

Córdoba lidera el ranking nacional de encarcelamiento con 377 presos cada 100 mil habitantes

Por el contrario, los delitos contra la propiedad presentan una mayor incidencia entre los varones. Casi cuatro de cada diez están detenidos por este motivo. Entre las mujeres, la cifra desciende a casi tres de cada diez, y entre las personas trans a dos de cada diez.

Otro agravante de la sobrepoblación penitenciaria son las penas cortas. El 17% de la población condenada cumple penas de hasta tres años, es decir, por delitos de baja o nula lesividad. Se trata de 12.787 personas detenidas por causas que, bajo ciertas condiciones, podrían ser excarcelables o admitir medidas alternativas al encierro. Entre estos delitos figuran el hurto, el robo simple, la estafa, las lesiones, el encubrimiento y algunas infracciones a la ley de drogas.

Respecto de las personas detenidas bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental, al cierre de 2024, 256 personas se encontraban en esta situación, lo que equivale a un 0,2%. El CNPT hace especial énfasis en estos casos, que deben tratarse con aun mayor delicadeza y respetar todas las garantías de las personas que, en muchas ocasiones no sucede y la situación de hacinamiento no contribuye a una mejora en ese aspecto.

RG/DCQ