Córdoba ostenta la tasa de encarcelamiento más alta del país, con 376,9 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes, según reveló el informe anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado recientemente. La cifra supera en casi 120 puntos la media nacional de 258 presos cada 100 mil habitantes.
El documento "La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024)", elaborado por la Dirección de Producción y Sistematización de Información del CNPT, relevó datos de todas las jurisdicciones del país al 31 de diciembre de 2024. A nivel nacional, había 121.443 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, una cifra récord que representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior.
En Córdoba, la población carcelaria alcanzó las 14.736 personas, lo que ubica a la provincia en el segundo lugar en cantidad absoluta de detenidos, solo detrás de Buenos Aires. Sin embargo, al considerar la proporción respecto a la población total, Córdoba lidera ampliamente el ranking nacional de encarcelamiento.
Las cifras del CNPT coinciden con las proyecciones que el Ministerio de Justicia de Córdoba había anticipado para 2024. En octubre de ese año, el ministro Julián López admitió a PERFIL CÓRDOBA que el sistema carcelario provincial "está atravesando una situación de estrés" y proyectó que la población penitenciaria alcanzaría entre 14.000 y 15.000 personas a fin de año, con un crecimiento del 20% respecto a 2023.
"En 2022 había 10.914 detenidos; en 2023 la cifra creció a 12.451 -14% más-, y en el primer semestre del 2024 alcanzó la cifra 13.489 internos en los penales provinciales", explicó López en aquella oportunidad.
Expansión acelerada en la última década
El crecimiento del encarcelamiento en Córdoba ha sido exponencial. En diez años, la población carcelaria aumentó un 116,6%, pasando de 6.802 personas en 2015 a 14.736 en 2024. Este incremento solo es superado por provincias como Santa Fe (244,8%) y Santiago del Estero (138,2%).
La comparación resulta más dramática al considerar que, según datos oficiales citados por este medio, hace una década en todas las cárceles provinciales había apenas 6.347 detenidos.
Sobrepoblación persistente pese a la ampliación de capacidad
El sistema penitenciario cordobés funciona con un nivel de ocupación del 113,8%, lo que implica que por cada 100 plazas disponibles hay casi 114 personas alojadas. Aunque la provincia amplió su capacidad de alojamiento en un 6,6% durante 2024, alcanzando las 12.952 plazas, el incremento no logró compensar el crecimiento de la población carcelaria, que aumentó un 9,2% en el mismo período.
A nivel nacional, el informe registró un 30,2% de sobrepoblación en el ámbito penitenciario, con un promedio de 130 personas alojadas cada 100 plazas. Córdoba se encuentra por debajo de ese promedio, pero aún mantiene condiciones de hacinamiento que contravienen los estándares nacionales e internacionales.
Las jurisdicciones con peor sobrepoblación son Salta (245%), San Juan (182,6%), Buenos Aires (148,2%), Tierra del Fuego (158,7%), Mendoza (131,9%) y Santa Fe (137%).
La mitad de los presos sin condena firme
Uno de los datos más preocupantes del sistema cordobés es la alta proporción de personas procesadas. El 49,3% de la población privada de libertad en Córdoba -7.262 personas- aún no tiene condena firme, superando ampliamente el promedio nacional de 37,3%.
Esta cifra ubica a Córdoba como una de las provincias con mayor uso de la prisión preventiva, junto a Formosa, que también registra cinco de cada diez personas procesadas. El dato contrasta con jurisdicciones como Neuquén, donde el 99,6% de la población carcelaria está condenada, o Chaco, Chubut y San Juan, que superan el 90% de personas con condena firme.
Datos más recientes aportados por el Poder Judicial de Córdoba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2025 muestran una situación diferente. Según el relevamiento del 30 de junio de 2025 presentado por Wilfrido Pérez, titular de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, "en la provincia de Córdoba hay 15.600 detenidos, de los cuales solo el 44% está en calidad de procesado, mientras que el 66% ya tiene condena".
Esta discrepancia podría explicarse por la dinámica acelerada del sistema judicial cordobés. Como explicó la fiscal general adjunta Betina Croppi en aquella audiencia, las nuevas políticas criminales de la Fiscalía General han incrementado significativamente los juzgamientos y condenas.
Delitos contra la propiedad, los más frecuentes
En cuanto al tipo de delitos, en Córdoba predominan los delitos contra la propiedad, que representan el 41,5% de los casos (6.119 personas). Le siguen los delitos contra las personas con un 19,2% (2.825 personas) y los delitos contra la integridad sexual con un 19,1% (2.809 personas).
El 9,7% de la población carcelaria cordobesa está privada de libertad por delitos vinculados a estupefacientes (1.434 personas), un porcentaje que se eleva considerablemente cuando se analiza por género: el 36,3% de las mujeres encarceladas en el país están detenidas por este tipo de delitos.
Perfil sociodemográfico: jóvenes varones argentinos
El 94,7% de la población penitenciaria de Córdoba son varones (13.955 personas), el 5,1% mujeres (753) y el 0,2% personas trans o no binarias (28). La proporción de mujeres en Córdoba supera el promedio nacional de 4,4%.
La población encarcelada es principalmente joven: casi siete de cada diez personas tienen entre 21 y 39 años. El 98,7% son de nacionalidad argentina, y solo el 1,3% (195 personas) son extranjeros, por debajo del promedio nacional de 4,5%.
Penas cortas y alternativas al encierro
El informe destaca que el 20,3% de la población condenada en Córdoba cumple penas de hasta tres años (1.514 personas). Este dato cobra relevancia en términos de política criminal, ya que según el artículo 26 del Código Penal, estas condenas podrían admitir ejecución condicional bajo ciertas condiciones, lo que permitiría la aplicación de medidas alternativas al encierro.
"Las personas condenadas con penas de hasta tres años representan el 17% de la población condenada y alojada en cárceles del país. Este dato es de suma relevancia en términos de política criminal, dado que estas condenas corresponden a delitos excarcelables bajo determinadas condiciones que, por su naturaleza, podrían admitir la aplicación de medidas alternativas al encierro", señala el documento del CNPT.
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A nivel nacional, las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) evidencian que la cantidad de personas con medidas alternativas como arrestos domiciliarios o monitoreo electrónico se mantuvo estable en los últimos tres años: 12.015 en 2022, 11.990 en 2023 y 12.643 en 2024.
El contexto nacional: 25 años de crecimiento ininterrumpido
El informe del CNPT revela que en los últimos 25 años el encierro penitenciario en Argentina no ha dejado de crecer, con la única excepción de 2020 durante la pandemia. Las cifras de encarcelamiento aumentan una media anual del 6%, mientras que la población argentina crece aproximadamente un 1% anual.
"El serio problema que supone la sobrepoblación en Argentina pareciera estar siendo abordado de forma exclusiva a través de la ampliación de la red penitenciaria", señala el documento, que advierte sobre la insuficiencia de esta estrategia para resolver el hacinamiento.
El CNPT remarca que el incremento sostenido del encierro penal se debe a múltiples factores: el aumento de la severidad en la legislación penal, el uso excesivo de la prisión preventiva, la reticencia judicial a emplear medidas alternativas, el aumento de personas condenadas a penas cortas y la ausencia de mecanismos de control efectivos de la sobrepoblación.
La paradoja del encarcelamiento masivo
La paradoja que plantea el informe es contundente: el aumento del encarcelamiento no se traduce en reducción del delito. Al comparar las tasas de encierro con las de criminalidad registradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), no se observa una relación directa entre ambos fenómenos.
Mientras la tasa de encarcelamiento aumentó sin cesar en la última década y media, la tasa de delitos se mantuvo relativamente estable con oscilaciones. En 2024, la tasa de delitos fue de 4.349 cada 100 mil habitantes, con una variación de apenas 2,2% respecto al año anterior, mientras que la tasa de encarcelamiento creció un 6,2%.
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"Los datos refuerzan el cuestionamiento histórico a los resultados del aumento del castigo penal para la contención del delito. La observación de los últimos años muestra que el incremento del encierro no habría logrado reducir de manera comparativa el fenómeno criminal", advierte el informe del CNPT.
La respuesta provincial: más cárceles
La respuesta del gobierno provincial al problema del encarcelamiento ha sido la construcción de nueva infraestructura carcelaria. En marzo de 2025, el gobernador Martín Llaryora anunció el Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), una nueva unidad penitenciaria con capacidad para 1.000 internos de "alto perfil de riesgo" y una inversión de 109 mil millones de pesos.
El CEMAX, ubicado en el complejo de Bouwer con ingresos independientes, contará con 448 celdas, cámaras con inteligencia artificial, scanners de máxima seguridad, inhibidores de telefonía celular, sistema antidrones y cámaras corporales para el personal. Se espera que la obra concluya en el primer semestre de 2026.
Además, se anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) con capacidad para 500 personas y una inversión de 15.000 millones de pesos.
El ministro López explicó que estas obras responden a que "ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años la población carcelaria, para lo cual se hace cada vez más necesario, más exigente contar con espacios acordes a las necesidades".
Una particularidad de Córdoba, destacada por el ministro, es que "no hay detenidos en comisarías, algo que sí ocurre en otros distritos", lo que explicaría parcialmente la dimensión creciente de los penales provinciales.
Sin embargo, el informe del CNPT advierte sobre los límites de esta estrategia exclusivamente centrada en ampliar la capacidad de encierro, sin abordar los factores estructurales que producen el fenómeno del encarcelamiento masivo.
