La recientemente creada Procuración Penitenciaria de Córdoba no entraría en vigencia en febrero, después de la feria judicial veraniega.
El tema resulta sensible luego de que cuatro internos de cárceles cordobesas murieron en forma violenta en las últimas semanas. Se suma a la polémica con que enfrentó la oposición la sorpresiva iniciativa oficialista que se presentó poco antes de Navidad y se aprobó a la semana siguiente.
Hay que tener presente que, además, como virtual viceministra de Justicia ya asumió Nadia Fernández como secretaria de Gestión Penitenciaria y de Lucha contra el Narcotráfico.
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Cómo sigue el proceso
El organismo judicial que monitoreará el cumplimiento de normativas y derechos en el sistema carcelario provincial -su objetivo es realizar informes, no tiene tareas ejecutivas-, comenzaría a funcionar recién en abril próximo. Todo depende de la desvinculación de Bettina Croppi de su actual función como fiscal general adjunta.
Sus pliegos y el de los procuradores penitenciarios adjuntos -María Florencia Degano, Iván Rodríguez y Guadalupe Trillo Pellizari- ya pasaron el tamiz de la Legislatura. Faltan los decretos con las respectivas designaciones y, luego, los juramentos antes de asumir.
Según fuentes a las que accedió Perfil CÓRDOBA, Croppi pidió continuar en su cargo de fiscal general adjunta para acompañar hasta el último día el mandato del actual titular Juan Manuel Delgado, el 31 de marzo próximo. Recién después de esa fecha podría asumir como procuradora penitenciaria general.
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Sistema de flagrancias en gateras
La razón que la asiste en el pedido es la implementación del nuevo sistema de flagrancias que comenzará a funcionar apenas asuman los fiscales, cuyos pliegos fueron aprobados por la Unicameral en diciembre último.
Serán nueve divididos en dos Unidades Fiscales de Flagrancias (UFF) distribuidos en los centros de recepción de procedimientos policiales norte y sur.
Se trata de una de las reformas en los procedimientos penales más importantes de los últimos años. Despejará a las Fiscalías Territoriales de las causas que se abren por procedimientos policiales de delitos flagrantes. Esos expedientes tendrán plazos perentorios para definir la situación procesal de los imputados y un menú de resoluciones y salidas alternativas a los conflictos penales
Si bien es un proyecto trabajado y planificado desde hace un par de años, la implementación es una etapa crucial.
Esa sería la razón que anima el pedido de Croppi a Delgado y también a quien lo sucederá, el actual juez de Control Rubén Carlos Lezcano cuyos pliegos para convertirse en fiscal general pasaron sin sobresaltos por la Legislatura provincial.
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Cuatro muertes en pocas semanas
Dos internas del pabellón de mujeres en el complejo penitenciario de Bouwer murieron horas después de sufrir graves quemaduras el 20 de diciembre. Agostina Pedraza y María Flavia Ramallo son las identidades de las víctimas.
El 29 de diciembre, un detenido condenado por violencia de género que estaba en Bouwer desde octubre de 2024, recibió un puntazo mortal. Marcos Alarcón fue gravemente herido y falleció. Su familia pide justicia.
El 4 de enero murió uno de los internos heridos por otro incidente con fuego en la cárcel de Villa María. Se trata Marcos Granda, detenido por narcomenudeo.
El verano -en particular las fiestas de fin de año- es crítico puertas adentro del sistema carcelario. Muchos internos demandan traslados, aumenta la violencia. Son fenómenos que hacen eclosionar la sobrepoblación en los penales.
