El 30 de diciembre, alrededor de las 17:00, trascendió el fallo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 4° Nominación que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al sacerdote Patricio Cruz Viale, líder del movimiento Schoenstatt en Córdoba, acusado de abuso en perjuicio de una fiel de su congregación.
La información fue confirmada por su abogado defensor, Gabriel Gramática, quien no reveló el domicilio fijado para que Cruz Viale cumpla con la prisión domiciliaria hasta la fecha del juicio, previsto para el 1° de junio de 2026.
Allegados a la víctima dijeron a PERFIL CÓRDOBA que no están de acuerdo con este fallo pronunciado en fin de año. Manifestaron que la denunciante siente miedo y considera que el cura hizo uso del poder que ostenta.
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El religioso estuvo detenido desde noviembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la calidad de ministro de algún culto. Su víctima es una mujer de 46 años que relató que la habría manoseado en su propio despacho de la sede de la congregación en Córdoba, durante la tercera semana de enero de 2024.
En el Movimiento Schoenstatt se sostiene un fuerte respaldo al cura, que se manifestó en distintas acciones de solidaridad y apoyo a Cruz Viale.
El contexto de la causa
La mujer presentó su denuncia a principios de 2024, primero ante referentes del movimiento religioso y posteriormente en la Iglesia. Sin embargo, la acusación llegó a la Justicia provincial recién el 25 de septiembre, cuando Cruz Viale volvió al país tras cumplir un retiro en un hogar religioso en México.
Cruz Viale había sido enviado por su congregación a la Fundación Rougier en Guadalajara, México, un centro especializado en la atención de sacerdotes con denuncias de distintas faltas o delitos, la mayor parte de ellos sexuales. Según las recomendaciones de los psicólogos de ese centro, que fueron adjuntadas al expediente compartido por la Iglesia, el sacerdote no puede estar más en contacto con personas emocionalmente vulnerables.
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El fiscal de instrucción Juan Ávila Echenique elevó la causa a juicio el 15 de septiembre pasado. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, conceder la domiciliaria a Cruz Viale podría entorpecer las declaraciones en juicio de su víctima y eventuales testigos.
La prisión preventiva contra Cruz Viale dictada por la Fiscalía había sido confirmada por el Juez de control y por la Cámara de Acusación. Uno de los agravantes contra el sacerdote es que es ministro de un culto y la víctima pertenecía a su comunidad.
El vocal de la Cámara Cuarta del Crimen, Luis Miguel Nassiz, fijó el inicio del debate oral para el 1° de junio de 2026. Este mismo funcionario judicial a quien firmó el fallo que autorizó la prisión domiciliaria dictada el 30 de diciembre pasado.
Un patrón que se repite
La concesión de prisión domiciliaria a Cruz Viale se inscribe en una seguidilla de fallos que llama la atención. En los pasillos de Tribunales se habla en voz baja de una directriz que nadie se anima a confirmar públicamente: descomprimir las cárceles de Córdoba, desbordadas de internos.
Lo que no se puede ocultar son los hechos: una sucesión de resoluciones favorables a imputados por delitos graves, varios de ellos por abuso sexual, que abandonan las celdas para cumplir condena en sus domicilios. Algunos de estos fallos dictados a última hora del año pasado o en días festivos.
Un caso que generó particular indignación fue el de Rodrigo Santi, ex instructor de bomberos de La Playosa, quien confesó delitos sexuales aberrantes contra menores y también obtuvo prisión domiciliaria el 25 de diciembre de 2025.
Santi se encuentra imputado por tres hechos de abuso sexual simple, un hecho de abuso sexual con acceso carnal, tenencia de pornografía infantil y corrupción de menores. La fiscal Juliana Companys le otorgó la prisión domiciliaria basándose en un informe de un psicólogo de parte que indicaba un cuadro de depresión.
Hoy, Rodrigo Santi reside en un departamento en el centro de Villa María, en calle Mendoza, cerca de dos escuelas, sin custodia policial visible, según relataron vecinos del lugar. Medios locales verificaron que no existe ningún tipo de consigna policial, ni personal uniformado ni de civil, que garantice el efectivo cumplimiento de la prisión domiciliaria.
En diálogo con Fuerte y Claro de Radio Universidad, Alicia Peressutti, titular de la ONG Vínculos en Red, describió la decisión como "jurídicamente inaceptable". "Esto es un horror. ¿Por qué protegerlo a él? Lo cuidan de la cárcel, lo cuidan de la gente", expresó.
La referente también cuestionó el argumento de la defensa sobre la salud mental: "Desde el momento que vos entras a un penal... te agarra pánico, depresión... por eso en la cárcel te ponen tantos psicólogos. Hay gente que está en la cárcel que tiene cáncer... y está en la cárcel".
Según confirmó Peressutti, la medida se tomó sin notificar a la querella, lo que generó una revictimización de las familias afectadas. "No les avisan a las familias de las víctimas, no les avisan a los abogados... ¿Por qué el Estado, en este caso, le garantizó la protección al abusador?", enfatizó.
Fuentes reservadas del Poder Judicial señalaron que en la fiscalía a cargo de Companys se decretaron tres prisiones domiciliarias, dentro del marco que establece la ley y, en el caso particular de Santi, de acuerdo al estado de salud del imputado.
La sobrepoblación carcelaria y la disposición de casi 400 tobilleras que puso a disposición el Ministerio de Justicia provincial son otros de los argumentos de estas decisiones, indicaron.
En ese contexto, este miércoles 14 de diciembre, un grupo de personas se movilizaron en La Playosa para exigir justicia por las víctimas de Rodrigo Santi. Los manifestantes cuestionaron el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado al imputado y reclamaron que cumpla detención efectiva en una cárcel común, al considerar que no existen motivos de salud ni medidas de control que justifiquen la decisión judicial.
