Allanan clubes, piden agravar la acusación y se cae un veedor: por qué la presión sobre la AFA entró en otra etapa

La presión sobre la AFA dejó de ser un asunto encapsulado en un solo expediente y empezó a desplegarse sobre varios frentes al mismo tiempo. En pocos días coincidieron tres movimientos que, aunque responden a causas y lógicas distintas, terminan proyectándose sobre la misma estructura de poder: los allanamientos en clubes por los contratos con Sur Finanzas, el pedido fiscal para agravar la acusación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en la causa por los aportes retenidos, y la renuncia de uno de los veedores que había enviado el Ministerio de Justicia.

Cada uno de esos capítulos tiene su propio recorrido judicial. Pero juntos componen una escena más compleja que la suma de sus partes: una AFA que ya no enfrenta solo ruido político o cuestionamientos administrativos, sino una acumulación de expedientes, medidas de prueba y controles que empiezan a rozar de manera directa su conducción, sus vínculos financieros y su sistema de administración. 

Los allanamientos: el frente que se expandió a los clubes

La decisión más ruidosa fue la del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que ordenó procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino para buscar documentación vinculada a los contratos firmados con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. Según señaló Clarín, los operativos alcanzaron a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.

La orden judicial no apuntó solo a reunir papeles sueltos. La fiscalía pidió actas de comisión directiva, contratos de sponsoreo, mutuos, préstamos, descuentos de cheques, libros contables, constancias de pago y toda otra documentación que permita reconstruir de qué manera se tejió la relación entre esos clubes y la financiera de Vallejo.

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La pregunta de fondo es concreta: si los fondos que surgieron de esos acuerdos ingresaron de verdad al patrimonio de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable. Ese análisis quedará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y de áreas especializadas de la Policía Federal, que deberán realizar un estudio patrimonial integral sobre cada club alcanzado por la medida.

Qué busca la fiscalía en el caso Sur Finanzas

La causa investiga si detrás de esos vínculos comerciales hubo, en realidad, un esquema de lavado de dinero y asociación ilícita. Según la reconstrucción fiscal citada por Clarín, los contratos con entidades deportivas habrían funcionado como actos aparentemente neutros que, en verdad, encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y la circulación de dinero negro en beneficio de la financiera.

No es un detalle menor que Ariel Vallejo haya reconocido públicamente que su llegada al fútbol se produjo de la mano de Tapia. Esa afirmación no prueba por sí sola una responsabilidad penal del presidente de la AFA, pero sí explica por qué cada avance sobre Sur Finanzas impacta inevitablemente sobre el corazón político de Viamonte.

La causa ya había tenido una señal fuerte con allanamientos anteriores sobre 18 clubes y sobre la propia AFA. La novedad es que ahora la investigación parece haber entrado en una fase más quirúrgica: ya no se limita a constatar el vínculo general entre la financiera y el mundo del fútbol, sino que empieza a ir contrato por contrato, aprobación por aprobación y pago por pago.

Además, el juez citó a indagatoria a Vallejo para el 5 de mayo y dispuso inhibiciones de bienes, prohibiciones de salida del país y secuestro de vehículos. En paralelo, también fueron convocadas otras personas de su círculo, entre ellas su madre y su pareja. El expediente, entonces, no solo se expande hacia los clubes: también se endurece sobre la estructura empresaria que rodea a Sur Finanzas.

El otro expediente: la fiscalía quiere agravar la situación de Tapia y Toviggino

Mientras avanza la causa de Armella, la AFA enfrenta otro frente delicado en el fuero penal económico. Según informó Infobae, el fiscal Claudio Navas Rial pidió agravar la acusación contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes ya procesados en la causa por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones.

La discusión allí gira sobre un punto técnico, pero de enorme importancia: el fiscal entiende que el juez Diego Amarante recortó indebidamente la acusación al dejar afuera un componente central vinculado a las retenciones por publicidad en los torneos. Se trata del llamado “subconcepto 551” del impuesto 353, que, según el planteo fiscal, concentra los montos más significativos de la maniobra investigada.

Por eso Navas Rial no solo pidió ampliar los procesamientos, sino también elevar los embargos fijados en $350 millones para Tapia y Toviggino. La cuestión, en el fondo, no es si la causa sigue o no: eso ya está en marcha. Lo que se discute ahora es con qué amplitud y bajo qué volumen económico se terminará juzgando la responsabilidad de la conducción de la AFA.

La pelea por el dinero del patrocinio

El corazón de ese expediente está en determinar si la AFA y la Liga Profesional, como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos, dejaron fuera del sistema de seguridad social dinero que debía tener otro destino. Para el fiscal, los fondos provenientes del patrocinio oficial de los torneos no podían ser tratados como simples ingresos disponibles, porque estaban alcanzados por una alícuota del 7,5% destinada a aportes y contribuciones.

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En su apelación, Navas Rial sostuvo que excluir ese componente equivale a cerrar anticipadamente el proceso y a reducir artificialmente el hecho base de la imputación. No es una discusión menor de criterio, sino una pelea sobre la estructura misma del caso.

La resolución final quedará ahora en manos de la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Y ese dato importa: esos mismos jueces ya convalidaron decisiones adversas para Tapia y Toviggino, como la prohibición de salida del país, y también rechazaron esta semana un planteo de inexistencia de delito impulsado por las defensas.

La renuncia del veedor: el frente administrativo también se resquebraja

A todo eso se agregó un episodio que, aislado, podría parecer menor, pero que dentro de este contexto cobra otro sentido. Según reveló La Nación, renunció Agustín Ortiz de Marco, uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en grado de veeduría sobre la AFA durante 180 días.

La explicación formal fue que tenía “mucho trabajo”. El otro veedor, el contador Rubén Miguel Papacena, sigue en funciones. Ahora será el ministro Juan Bautista Mahiques quien deberá designar a un reemplazante para completar la dupla encargada de seguir de cerca las cuentas, transferencias y funcionamiento institucional de la entidad.

La salida de Ortiz de Marco no desactiva la veeduría, pero sí le quita solidez a una herramienta que el propio Gobierno había presentado como parte de su intención de reforzar el control de legalidad sobre la AFA. También deja flotando una señal incómoda: incluso en el plano administrativo, el dispositivo de supervisión todavía no termina de afirmarse.

Tres expedientes, un mismo centro de gravedad

Los allanamientos por Sur Finanzas, el pedido para agravar la acusación por aportes retenidos y la renuncia de uno de los veedores orbitan alrededor del mismo centro: la estructura de poder de la AFA y la conducción de Tapia.

El primer frente mira los vínculos entre clubes, financiamiento y posible lavado. El segundo se mete con la administración formal de recursos y con la eventual omisión de obligaciones fiscales y previsionales. El tercero intenta observar desde el Estado el funcionamiento institucional de la entidad. 

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El entrecruzamiento es lo que convierte este momento en algo distinto de otras turbulencias que atravesó el fútbol argentino. La AFA todavía conserva capacidad política, ascendencia sobre los clubes y volumen interno para defenderse. Pero ya no está lidiando con una sola causa incómoda, sino con una superposición de frentes que la obligan a responder en tribunales, en organismos de control y en expedientes donde el margen de maniobra es mucho más acotado que en la política doméstica del fútbol.

Más que una crisis cerrada, lo que asoma es un escenario de desgaste acumulativo. La pregunta, hacia adelante, pasa por la capacidad de la conducción de Tapia para evitar que todos esos procesos, nacidos en fueros distintos y con objetos distintos, terminen componiendo una misma imagen de época sobre el funcionamiento del organismo. 

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