La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una semana determinante en los tribunales federales, que comenzará este lunes 30 de marzo, cuando la Cámara de Casación Penal realizará una audiencia clave para destrabar la competencia en la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que salpica al entorno de la dirigencia.
La Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma, deberá decidir qué juzgado se queda con el expediente.
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En paralelo, el frente en el fuero Penal Económico también suma presión sobre Claudio “Chiqui” Tapia. El juez Diego Amarante debe definir si dicta el procesamiento del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino por la retención indebida de unos 19.300 millones de pesos en aportes patronales e impuestos.
Además, se encuentran imputados Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.
El magistrado tiene tres opciones principales para definir el futuro inmediato de los acusados en la causa por presunta apropiación indebida de aportes (estimada en unos $19.000 millones):
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Procesamiento: Si considera que hay pruebas suficientes de que se cometió el delito (retener aportes de seguridad social e impuestos de empleados y clubes sin depositarlos al fisco en tiempo y forma). Esto los dejaría a un paso del juicio oral.
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Falta de Mérito: Si estima que la prueba actual no es suficiente para procesarlos, pero tampoco para desvincularlos totalmente, manteniendo la investigación abierta.
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Sobreseimiento: Si determina que no hubo delito o que los acusados no son responsables, cerrando la causa para ellos.
ARCA sostiene que la AFA utilizó fondos retenidos a terceros (que debían ir al Estado) como "financiamiento propio" para constituir plazos fijos y otros gastos, en lugar de pagar las cargas sociales entre 2024 y 2025. Tapia y Toviggino argumentan que no hubo dolo (intención de delinquir), que la deuda ya fue cancelada o regularizada, y que existe una "persecución política" detrás de la denuncia.
El núcleo de la denuncia: La "Caja" de la AFA
La acusación sostiene que la conducción de la AFA no cometió un simple error administrativo, sino que implementó una maniobra sistémica. La AFA retuvo aportes de seguridad social y de impuestos a sus empleados y a los clubes (por transferencias y otros conceptos), pero no los depositó al fisco en los plazos legales. Según ARCA, esos fondos —que por ley pertenecen al Estado una vez retenidos— fueron utilizados por la AFA para generar intereses mediante plazos fijos o para cubrir gastos operativos propios. Se estima que la cifra acumulada durante el período 2024-2025 asciende a los $19.000 millones, lo que convierte a esta causa en una de las más grandes por delitos tributarios en el ámbito deportivo.
El juez Amarante investiga estos hechos bajo la Ley 24.769. Las penas dependen de si se encuadra como una omisión simple o una maniobra agravada: Contempla penas de 2 a 6 años de prisión. Si el monto supera ciertos umbrales (como ocurre en este caso), la escala penal podría dificultar una condena en suspenso, lo que implicaría un riesgo real de prisión efectiva en caso de condena firme.
La estrategia de la defensa
Claudio Tapia y Pablo Toviggino basan su defensa en tres pilares para intentar que el juez dicte el sobreseimiento. Argumentan que nunca hubo intención de "robar" el dinero, sino que se debió a problemas de liquidez o desfases financieros de la asociación. Sostienen que la deuda fue cancelada o incluida en planes de pago antes de que la justicia avanzara, lo que bajo ciertas condiciones podría extinguir la acción penal (aunque ARCA cuestiona la validez de estos pagos "tardíos"). Y afirman que la denuncia es una herramienta de presión del Poder Ejecutivo en el marco de la disputa por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
La disputa por la competencia en el caso de la mansión
La causa por la propiedad de Real Central S.A. se convirtió en un “ajedrez” judicial. Originalmente radicada en los tribunales de Comodoro Py, la investigación pasó por varias manos hasta recaer en el Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, el fiscal Carlos Cearras reclama que el expediente regrese al fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
La propiedad, ubicada en Villa Rosa, cuenta con helipuerto y haras, y está a nombre de una sociedad integrada por el monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.
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