Cayó el primer 'molotov': lo detuvieron en un cajero con la misma ropa de los enfrentamientos en Congreso

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes a un hombre de 31 años en el barrio de Belgrano, señalado por el Gobierno nacional como uno de los manifestantes que lanzó bombas molotovs a policías durante la sesión del miércoles. El sospechoso fue localizado en un cajero automático de la calle Luis María Campos al 1300, donde los agentes lo identificaron gracias a que vestía la misma ropa que exhibió durante los disturbios. Según el reporte oficial, el sujeto identificado por las iniciales N.G.B., se resistió al arresto antes de ser trasladado a la unidad judicial correspondiente para iniciar el proceso por los daños causados en la zona del Congreso.

La captura se dio en un contexto de altísima sensibilidad política, luego de que el debate por la reforma laboral desatara una movilización masiva que terminó en enfrentamientos. Mientras el Gobierno nacional puso el foco en la violencia de unos pocos, diversos sectores sociales y opositores denunciaron que la verdadera provocación provino de las medidas oficiales, a las que calificaron de regresivas para los derechos de los trabajadores. Esta tensión marcó el pulso de una jornada donde el descontento social por el modelo económico se hizo visible en las calles.

Para lograr la identificación, la Superintendencia de Policía Científica utilizó un sistema biométrico que cruzó las fotos del detenido con los videos de las cámaras de seguridad. El peritaje arrojó una coincidencia positiva, lo que permitió a la justicia avanzar con la detención del hombre, quien además poseía antecedentes penales por robo. Sin embargo, el operativo no ocultó el debate de fondo sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública en un escenario de creciente malestar por las políticas de ajuste que promovió la Casa Rosada.

Desde el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva confirmó que ya son 17 las personas identificadas por los destrozos y adelantó que el Ejecutivo presentará una denuncia federal bajo la figura de terrorismo. La funcionaria sostuvo que el uso de bombas molotov “traspasó cualquier límite de manifestación democrática” y que la intención de los grupos involucrados fue desestabilizar las instituciones. Esta postura del oficialismo buscó endurecer la respuesta estatal ante la resistencia callejera que encontraron sus proyectos de ley en el Congreso.

Actualmente, el detenido quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, mientras se espera que la justicia defina si el caso pasa al fuero federal como pretende el Gobierno. La resolución de este conflicto legal sucede mientras la sociedad argentina mantiene una mirada crítica sobre el accionar de ambos lados: la violencia en las calles y la dureza de un plan económico que no encuentra acuerdos en amplios sectores de la población. La detención es apenas un capítulo de una crisis política que parece lejos de resolverse en los tribunales.

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La resistencia en el arresto

El uso de tecnología de reconocimiento facial y análisis antropométrico fue clave para dar con el paradero del sospechoso en tiempo récord. Al no tener documentos, los investigadores usaron las imágenes obtenidas durante los incidentes en una base de datos que permitió confirmar su identidad y vincularlo directamente con la fabricación de explosivos. Los peritos remarcaron que la coincidencia de la vestimenta y los rasgos físicos no dejó lugar a dudas sobre su participación en el lugar de los incidentes.

Al momento de ser abordado por los policías en Belgrano, indicaron que “el hombre se mostró violento y trató de evitar la detención” en el interior del cajero automático. Explicaron que, debido a la situación, tuvieron que “aplicar protocolos de reducción” para trasladarlo, en un operativo que duró apenas unos minutos pero que reflejó el nivel de hostilidad que todavía persiste tras los choques frente al parlamento. La fiscalía ahora analiza si la resistencia a la autoridad se suma como un cargo adicional a los destrozos y el uso de armas.

Más allá del procedimiento técnico, la detención reabrió la discusión sobre la criminalización de la protesta en un país con indicadores sociales complejos. Mientras el Gobierno insistió en que las bombas molotov justifican una carátula de terrorismo, defensores de derechos humanos y bloques opositores advirtieron que el foco no debe quitarse de las causas que generaron el estallido. El futuro legal de los 17 identificados será un termómetro de cómo el Estado piensa gestionar la conflictividad social ante la falta de diálogo político por las reformas.

TC