El día después de la Batalla de Caseros: el calvario de los soldados que perdieron la guerra y el suelo

La Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, significó el colapso definitivo del sistema de poder que Juan Manuel de Rosas lideró durante 17 años. Allí, los 22.000 soldados federales que defendían la posición porteña se encontraron de pronto sin el "Restaurador", quien luego de redactar su renuncia en el Hueco de los Sauces, partió al exilio. El bando vencedor, el Ejército Grande, contaba con una superioridad numérica y logística de 24.000 hombres, incluyendo 3.500 tropas brasileñas y un fuerte contingente uruguayo, lo que convirtió la derrota federal en una debacle sin posibilidad.

Aun así, la transición de mando entre Rosas y Justo José de Urquiza no fue un proceso administrativo pacífico, sino un quiebre violento marcado por la ejecución de figuras clave. El coronel Martiniano Chilavert, quien operó la artillería defensiva con 30 piezas de bronce, fue fusilado por orden directa después de negarse a pedir clemencia. Urquiza, buscando borrar la estructura jerárquica del rosismo, aplicó una política de castigo físico inmediato contra la oficialidad que se mantuvo leal hasta el último disparo, marcando el fin de la era de la "Santa Federación".

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De esta manera, en las inmediaciones del Palomar de Caseros, los fusilamientos sumarios alcanzaron a centenares de combatientes. Algunos registros históricos estiman que más de 200 oficiales y suboficiales fueron ejecutados luego de deponer sus armas. Esta violencia institucional buscaba enviar un mensaje claro a la base social de Rosas: el tiempo de la divisa punzó había terminado. La escala de las represalias superó lo visto en conflictos previos, ya que Urquiza necesitaba consolidar su autoridad frente a una masa de soldados que aún creían en el gobernador caído.

La tropa rasa, compuesta por milicias y regimientos de infantería, sufrió una dispersión caótica hacia los bajos del río Reconquista y los bañados circundantes. Se calcula que 1.500 hombres perecieron ahogados o fueron alcanzados por el sableo de la caballería aliada durante la persecución. Al caer la noche, el ejército federal —que alguna vez fue el más disciplinado de la Confederación— se había transformado en una multitud de fugitivos que, al perder a Rosas, perdieron también su estatus legal y su protección ante la ley.

La reingeniería militar: del frente de batalla al confinamiento fronterizo

Luego de la victoria, el gobierno de Urquiza inició una reestructuración forzosa de los excedentes militares para neutralizar cualquier foco de resistencia rosista. Aquella estrategia principal no fue el licenciamiento, sino el envío compulsivo de los veteranos a la frontera sur bajo el rigor de las "leyes de vagancia". Se estima que unos 8.000 ex soldados federales fueron movilizados hacia los fortines bonaerenses, pasando de ser el brazo armado del Estado a convertirse en mano de obra militar precarizada en territorio indígena.

Aquel movimiento migratorio forzado cumplía el doble objetivo de Urquiza: fortalecer la defensa contra el malón y vaciar la campaña de hombres leales al régimen depuesto. En los fortines, estos veteranos enfrentaron condiciones de vida extremas, con una tasa de mortalidad por desabastecimiento y ataques que rondaba el 15% anual. Quienes defendieron la soberanía nacional contra las potencias europeas años atrás, terminaron sus días como parias en las periferias geográficas del país, bajo un mando que los consideraba sospechosos.

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Sin embargo, la dimensión económica de la derrota fue igualmente devastadora, con la anulación sistemática de rangos y pensiones de guerra obtenidos entre 1835 y 1852. El nuevo orden administrativo desconoció los servicios prestados bajo el mando de Rosas, dejando a miles de familias en la indigencia absoluta. La pérdida de certificados de servicio significó, para muchos oficiales menores, la imposibilidad de reinsertarse en la vida civil, convirtiéndose en el blanco predilecto de las levas forzosas que alimentaban al ejército de la Confederación Urquicista.

Aquellos que no podían demostrar su "lealtad al nuevo sistema" mediante certificados emitidos en Buenos Aires, eran capturados por partidas de plaza y remitidos a zonas de conflicto permanente. 

Ostracismo identitario y la disolución de la memoria federal

El periodo posterior a 1852 se caracterizó por una política de invisibilización del soldado federal en la narrativa oficial argentina. A diferencia de los héroes de la Independencia, los combatientes de Caseros fueron borrados de las celebraciones patrias y los monumentos. Esta "muerte simbólica" afectó a los veteranos de hitos como Vuelta de Obligado, cuyos sacrificios fueron minimizados por la historiografía liberal para no otorgar mérito alguno a la gestión de Rosas en materia de soberanía.

El uso de símbolos federales fue prohibido por ley, forzando a los sobrevivientes a una asimilación silenciosa; en los censos nacionales de 1869, la mención al servicio militar previo a Caseros es casi inexistente. Se estima que en la provincia de Buenos Aires se confiscaron y destruyeron miles de uniformes y estandartes con el fin de erradicar visualmente el pasado federal. Esta censura cultural obligó a los veteranos a ocultar su identidad de combate, transmitiendo sus vivencias únicamente en el ámbito privado de los fogones rurales.

Muchos de estos hombres, ante la persecución constante y la falta de horizonte, terminaron sumándose a las montoneras de caudillos como Ángel Vicente Peñaloza o Felipe Varela. En estos alzamientos del Interior entre 1860 y 1870, se calcula que hasta un 40% de los cuadros de mando eran antiguos soldados de Rosas. Encontraron en la rebelión armada el único espacio para reivindicarse frente al centralismo de Buenos Aires, que tras la caída de Rosas, les había arrebatado sus derechos y su dignidad.

MV/ML