El oficialismo junta votos, pero la baja de impuestos ahuyenta a los gobernadores

En el oficialismo aseguran que conseguirán la aprobación de la reforma laboral en el Senado y que podrán pasar con velocidad el debate en Diputados. Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de LLA, asegura que la próxima sesión del 11 de febrero en la Cámara Alta concluirá con una mayoría de 42 votos, que superarán por cinco los 37 necesarios para sesionar. El mapa de votos ya está desplegado en el escritorio de la exministra de Seguridad y también en el que maneja el ministro del Interior Diego Santilli, que prefiere moverse con cuidado y preservarse de los celos de Bullrich, incómoda por el peso de “El Colo” en las negociaciones. 

Hay un número de arranque: los 21 votos del oficialismo. Enfrente están los 28 rechazos del peronismo, aunque ese número es parte de la misión de Santilli, porque el ministro quiere rasguñar parte de ese capital. De hecho, hubo tres votos peronistas en la holgada mayoría que consiguió el oficialismo durante la sanción del Presupuesto 2027. El Gobierno quiere contarlos para la reforma laboral, pero dentro del PJ algunos sostienen que será imposible y otros que saldrá demasiado caro en el contexto de la frazada corta eterna de la motosierra libertaria. Ante esa tensión, el oficialismo cuenta una y otra vez el pelotón de 23 senadores que no están entre los 21 propios y los 28 opositores. “Necesitamos 16 de ese grupo”, explicó un libertario que reporta a Santilli y se escuda en la posibilidad de conseguirlos en las provincias cuyos gobernadores ya están negociando con el ministro del Interior. En el Senado, otras fuentes del oficialismo repiten que tienen cinco voluntades de Neuquén, Salta, Chaco y Mendoza, pero al mismo tiempo reconocen que les faltan 11. Podrían salir del puñado de distritos donde la Rosada espera una respuesta favorable a las ofertas y pedidos libertarios. La mira está concentrada en los aportes de la UCR, del gobernador de Chubut Ignacio Torres, de su vecino santacruceño Claudio Ávila y del misionerismo que responde al exgobernador Carlos Rovira. 

Los cálculos son provisorios y ahora entrarán en otra etapa. La explicación de la inflexión está en la pelea que se viene por los fondos coparticipables que cada provincia dejará de recibir si se concreta la reforma laboral, tal como quedó plasmada en el dictamen de mayoría que consiguió el oficialismo en el Senado antes de fin de año. Ahora Bullrich sostiene que conseguirán la media sanción el 11 de febrero, pero las pérdidas de fondos coparticipables que afrontarán los gobernadores aliados ponen en crisis el objetivo trazado. En las páginas 2 y 3 de esta edición, se puede advertir que hay un costo fiscal para las provincias que el Gobierno prefiere minimizar.  Por eso en cada provincia que recorre Santilli, se escuchan pronósticos diferentes, porque los gobernadores que reciben al ministro del Interior le advierten que todavía quedan muchos temas que abordar para concretar una negociación viable. El más complicado gira en torno a la coparticipación que dejarán de recibir. 

El jueves visitó Entre Ríos por segunda vez desde que asumió. Lo hizo después de pasar por Salta y negociar con el mandatario Gustavo Sáenz. Después estuvo con el neuquino Rolando Figueroa y cerró la semana con un encuentro con el rionegrino Alberto Weretilneck. Sin embargo, en la cita entrerriana, con Frigerio como anfitrión, Santilli reconoció el problema de la coparticipación. “Yo le diría a aquellos que aumentaron impuestos, (me refiero al gobierno anterior) que hay que bajar impuestos, pero los que nos llenaron de impuestos son los que hablan”, se quejó. Sin embargo, después volvió al optimismo. “El impacto en las provincias de la baja de ganancias es del 0,15 y en la Nación es del 0,5. Hay una nómina de ese impacto”, reconoció Santilli. El ministro eligió hablar solo del Impuesto a las Ganancias, que se distribuye entre la Anses, la Nación y las provincias, pero la reforma anula otro conjunto de tributos que aumentan la preocupación de los gobernadores, porque hasta ahora, no asoma ninguna compensación creíble, salvo la expectativa del crecimiento. “Con cada 400 mil trabajadores formales nuevos tenemos ese 0,15. Creo que es una meta alcanzable”, dijo optimista. Aún así, fue cauteloso.

Sus declaraciones confirman que la estrategia oficial se apoya en una promesa de compensación indirecta: menos impuestos, más empleo formal y, a partir de ese crecimiento, una recaudación ampliada que permita recomponer ingresos. En privado, varios gobernadores admiten que la ecuación no resulta convincente en el corto plazo y que la pérdida de recursos es inmediata, mientras que los beneficios proyectados son inciertos.

A la complejidad del vínculo con las provincias se sumó un problema de coordinación política dentro del propio oficialismo. La negociación aparece fragmentada entre quien concentra el diálogo parlamentario en el Senado –Bullrich– y Santilli. Esa superposición generó ruidos, reproches cruzados y mensajes contradictorios hacia los interlocutores provinciales. Mientras la abogada Silvia Tajes, que reporta a Bullrich, dice que la reforma afectará a trabajadores actuales y futuros, Santilli mitiga las consecuencias y asegura que sólo busca apuntar a los que vendrán, para formalizarlos.  El resultado es una negociación en la que el emisario político aparece activo, pero con márgenes limitados. Las definiciones de fondo, especialmente en materia fiscal, siguen dependiendo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que es quien realmente tiene la lapicera. Ese desequilibrio refuerza la desconfianza de los gobernadores, quienes recuerdan experiencias recientes en las que los compromisos no se tradujeron en hechos concretos. Se refieren, con cuidado, al fallido paso de Guillermo Francos, que empezó como ministro y terminò como jefe de Gabinete, pero sin torcer la resistencia de los gobernadores. 

El mayor cúmulo de dificultades fiscales le preocupa mucho a los gobernadores. Mientras tanto las cámaras empresarias negocian  para sacar una decena de artículos para evitar que naufrague en la Justicia. Bullrich habilitó “mesas técnicas”, pero las decisiones del Senado serán definidas en las provincias, donde Santilli seguirá peregrinando, ahora en nombre de Javier Milei.